Argentina: Urgente protección

Sandra Chaher

Como parte de las políticas públicas fueron aprobadas tres medidas para contrarrestar la violencia en contra de las mujeres. El programa para atender a víctimas contra la violencia, la ley que sanciona la violencia al interior del hogar y una oficina especial dentro de la Corte Suprema.

Como parte de las políticas públicas fueron aprobadas tres medidas para contrarrestar la violencia en contra de las mujeres. El programa para atender a víctimas contra la violencia, la ley que sanciona la violencia al interior del hogar y una oficina especial dentro de la Corte Suprema.

El Programa Las Víctimas contra la Violencia creado en marzo de 2006 por el Ministerio del Interior y presidido por la psicoanalista Eva Giberti; la Ley de Violencia Familiar sancionada en la provincia de Córdoba; y la oficina que comenzará a funcionar antes de fin de año en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son tres medidas tomadas en los últimos meses tendientes a hacer frente a uno de los agujeros negros más profundos de los temas de género: la violencia familiar, y especialmente sobre las mujeres.

La dimensión del problema de la violencia familiar, sobre todo la ejercida sobre las mujeres, es tan enorme que los oídos hasta ahora sordos no tuvieron más remedio que escuchar, y las voces que usualmente callan empezaron a hablar.

Tres medidas fueron tomadas en los últimos meses destinadas a cubrir las grietas por donde cada día se cuela una tragedia en algún lugar del país. En la provincia de Buenos Aires solamente, una mujer es asesinada cada tres días, casi en el 70 por ciento de los casos los asesinos son personas vinculadas sentimentalmente a ellas en el presente o en el pasado, y las Comisarías de la Mujer recibieron durante el 2005 un promedio de 24 denuncias diarias por maltrato.

Si bien muchos de los servicios de atención en el país se llaman genéricamente de Violencia Familiar o Doméstica, la mayoría de las denuncias realizadas en ellos provienen de mujeres.

Los datos son cifras frías de una situación caliente como la sangre cuando es expulsada violentamente del cuerpo y deja un cuerpo inerme.

Los asesinatos, violaciones y acosos sobre adolescentes y mujeres adultas en Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires, durante los últimos años, fueron la señala de alarma para que el gobierno nacional asumiera una política pública activa en materia de violencia. Un tema hasta entonces ninguneado por “menor”, pasó a ser titular de los medios cuando en marzo la psicoanalista Eva Giberti fue designada al frente del Programa Las víctimas contra la violencia que está funcionando dentro del Ministerio del Interior con el monitoreo y aval directo de Presidencia.

A la vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación designó en abril al grupo interdisciplinario que estará a cargo de una oficina que atenderá las 24 horas, dependerá directamente de la Corte, cubrirá el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y se espera que esté funcionando antes de fin de año.

También en marzo, la provincia de Córdoba aportó su grano de arena cuando la recientemente sancionada Ley de Violencia Familiar se puso en práctica generando un aluvión de denuncias y varias exclusiones del hogar de varones golpeadores.

Fortalecer a las víctimas

El Programa Las víctimas contra la violencia tiene tres ejes: la creación de una Brigada Móvil para la atención y asistencia a las víctimas de violencia sexual; la redacción de una nueva ley nacional de violencia familiar; y la intervención en la lucha contra la prostitución infantil.

El Programa diseñado por la psicoanalista Eva Giberti a instancias del Ejecutivo, intenta a la vez resolver uno de los temas que a ella más la preocupan: el mantenimiento de la denuncia por parte de la víctima. “La mayoría de los programas de violencia enfatizan la asistencia. Aún estando atendidos por psicólogas, mis colegas no siempre entienden la importancia del sostenimiento de la denuncia, lo cual tiene que ver con que los derechos ciudadanos no son una materia que se vea en la facultad. Y esto es una de las cosas que más tiempo me lleva –dice Giberti que hace semanas que ya está en funciones-: converso, discuto, y charlo con ellas, es la única forma”.

La creación de una Brigada Móvil integrada por un/a psicóloga y un/a trabajador/a social que se presente en el lugar de la denuncia a los 20 minutos como máximo de realizada la misma cumple el objetivo de apoyar ese sostenimiento de la denuncia. Los especialistas intentarán contener a la víctima, reinstalarla en un clima de seguridad, pero a la vez darle los recursos y explicaciones para que comprenda la importancia de mantener la denuncia. “El objetivo es cambiar el lugar de pasividad de la víctima por el del reclamo y la protesta”, señala Giberti, y agrega: “Y en lo inmediato, la brigada se ocupará también de llevar a las víctimas a los centros de salud para que reciban atención respecto del VIH y la pastilla del día después debido al riesgo de embarazo”.

Sobre la prostitución infantil, Giberti destaca la “clara intención del Ejecutivo de abordar el tema de las niñas y niños prostituidos por adultos, si bien conocemos las enormes dificultades asociadas con la pobreza y con el hábito social de tolerar y aún promover a los clientes”.

“Mi trabajo es fundamentalmente de ordenamiento, de organización –agrega-. No hay recursos nuevos, aunque tengo la gran ventaja de que si necesito algo, está disponible”.

- ¿Cuál es el ámbito de aplicación del programa?
- Mi área de gestión es nacional, pero el objetivo de acá al 2007 es dejar funcionando el programa en la Ciudad de Buenos Aires.

La redacción de una ley nacional de violencia familiar, otro de los objetivos del Programa, intenta paliar una de las falencias más graves del sistema legislativo con las mujeres. Si bien existe la Ley de Protección contra la Violencia Familiar –Nº 24.417, de 1994-, que en su momento fue pionera, quedó desactualizada frente a la complejidad y dimensión que adquirió el tema.

“El pedido que me hizo el Ejecutivo fue trabajar sobre una ley que contemplara a las mujeres pero también a los ancianos, niñas, niños, discapacitados y los casos excepcionales de varones –señala la psicoanalista-. Para eso estoy convocando a tres equipos que discutirán todas las alternativas posibles para que salga la mejor ley, y convocaré también a representantes de las provincias para escuchar recomendaciones de las distintas regiones”.

El primero de esos equipos, que ya está trabajando, está integrado por la diputada Juliana Marino; la abogada Perla Prigoshin; Elsa Arias, de la Asociación por el Maltrato Infantil; la jueza María Rosa Bosio; el psicólogo especializado en violencia Jorge Corsi, Angeles Burundarena, asesora de menores de la Ciudad de Buenos Aires; el coordinador de los tres equipos es Silvio Lamberti, abogado especializado en Derecho de Familia; y junto a Giberti trabaja codo a codo la licenciada Zaida Gatti.

Aunar esfuerzos

La diputada Juliana Marino es, a la vez que asesora del Programa Las víctimas contra la violencia para la redacción de una ley de violencia familiar, miembro de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, donde se está impulsando un proyecto de ley de violencia de género.

- ¿Qué posibilidades hay de aunar ambos proyectos: uno amplio de violencia familiar y otro específico de género?
- Yo creo que hay posibilidad de conciliarlos. Y creo sobre todo que tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que el gobierno parece tan decidido a atender este problema y transformarlo en política de Estado. Desperdiciar la oportunidad sería una tontería. Cuando yo fui convocada por Eva me pareció muy oportuno para poder informar en el marco de este nuevo Programa sobre el trabajo que estábamos haciendo en la Cámara de Diputados. Y planteé que la posición de la Comisión de Familia es impulsar un proyecto sobre violencia hacia las mujeres. Recién tuvimos tres reuniones, estamos empezando, pero hay en el grupo un reconocimiento de la especificidad de la violencia hacia las mujeres y de su origen patriarcal. Quizá violencia de género podría ser un capítulo dentro de esta ley marco que debe contemplar temas tan complejos y específicos también como el maltrato y abuso de niñas y niños, y de las y los ancianos.

Asistencia jurídica

Uno de los primeros encargos que tuvo la jueza Elena Highton cuando asumió como miembro de la Corte Suprema de Justicia – en junio del 2004- fue el pedido del presidente de la Corte, Enrique Petracchi, del diseño de un sistema de asistencia para víctimas de violencia doméstica que estaría abierto 24 horas.

Después, todo fue misterio. Hasta que una breve nota aparecida en abril de este año en el diario Página 12 anunciaba que ya estaban formalmente designados los miembros del equipo de trabajo que daría forma al proyecto: la ex camarista Gladys Alvarez; la secretaria letrada de la Corte Laura Balart; los jueces de menores Horacio Barberis, José Galmarini, Cecilia Maiza y Graciela Medina; los jueces Fernando Ramírez y Graciela Varela; la defensora pública María Coutinho; la médica Silvia Palomero; el secretario de la Procuración Adrián Marchisio; y la coordinadora Analía Monferrer.

En verdad, el equipo viene trabajando desde hace dos años y acaba de poner a disposición de la Corte el régimen de funcionamiento y la estructura modelo de staff que tendría la oficina aún sin nombre: podría ser Oficina de Violencia Doméstica u Oficina de Atención de Casos de Violencia.

“El objetivo de la oficina es hacer un primer contacto entre la persona y el sistema de justicia: darle elementos para que decida qué acciones judiciales quiere llevar adelante y acompañarla hasta Tribunales para que no deambule; por eso vamos a estar en Lavalle entre Talcahunao y Libertad, a media cuadra del Palacio. Pero no brindaremos asesoramiento psicológico ni jurídico, no podemos hacerlo”, explica el juez Fernando Ramírez, integrante del Tribunal Criminal Nº 9, y uno de los primeros magistrados varones que hace ya varios años empezó a tomar cursos sobre género en la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).

La oficina atenderá todos los días 24 horas. Para eso contará con siete equipos rotativos integrados por abogados o personas con conocimientos jurídicos, psicólogas, asistentes sociales y medicas.

“En este momento tenemos 3700 presentaciones en la justicia civil para exclusiones del hogar. Y en la justicia penal no hay estadísticas, pero calculamos que el 25 por ciento de las causas correccionales son por violencia doméstica-que en el 99 por ciento de los casos es violencia hacia las mujeres-, y eso es mucho más de 3700 –calcula Ramírez-. Son muchísimas causas que están desperdigadas. Tenemos previsto que la oficina, además de la atención, centralice la información que ahora está dispersa, lo cual ayudaría mucho a los jueces. Si ahora una mujer abre siete causas por violencia en distintos momentos, en diferentes juzgados, y a veces en diferentes fueros, ningún juez se entera hasta que la causa llega al tribunal oral y ahí nosotros pedimos los antecedentes. Con el nuevo sistema, cada vez que alguien haga un reclamo, aparecerán en el sistema los antecedentes. A su vez, tenemos un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la asistencia: el juez ya no va a tener que estar buscando como ahora quién se ocupará de la atención psicológica de esa persona, sino que hará un requerimiento a la oficina y se le derivará a un lugar de atención”.

El presupuesto para el funcionamiento de la oficina proviene directamente de la Corte Suprema, que cada año deberá renovar su compromiso con la oficina. Por lo pronto, ajustes económicos hicieron que el proyecto original con un staff de 104 personas quedara reducido a 70, lo cual –preveé Ramírez- afectará mínimamente la asistencia pero impedirá, por ejemplo, crear un centro de estadísticas cuyo objetivo era generar periódicamente información sobre los casos de violencia atendidos por el Poder Judicial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que abarcará la oficina.

“Ahora estamos esperando la acordada de la Corte que apruebe el proyecto, después vendrá la convocatoria y selección de personal y la capacitación del mismo. Estamos bastante ansiosos por empezar a trabajar –admite Ramírez-, pero no creo que podamos antes de octubre o noviembre”.

Legislación modelo

En marzo de este año los medios de comunicación titulaban con estupor La policía de Córdoba forzó a dejar su casa a 24 hombres violentos, o Avalancha en Tribunales por la nueva Ley de Familia.

Es que Córdoba estaba atravesando un proceso de denuncias masivas de violencia, presentadas fundamentalmente por mujeres, como consecuencia de la puesta en práctica de la Ley de Violencia Familiar en una provincia que hasta entonces había estado huérfana de legislación para el tema.

En pocos días hubo 144 denuncias y en sólo tres días la Justicia dispuso la exclusión del hogar de 24 varones violentos. Si bien algunos jueces se manifestaron sorprendidos, colapsados y sobrepasados, para quienes están en contacto con las mujeres de la provincia fue un proceso previsible. “El colapso es algo que el Movimiento de Mujeres de Córdoba viene alertando desde hace tiempo. Hay sólo cuatro juzgados de Familia en la capital (en el interior no hay): no sólo son escasos sino revictimizadores de las mujeres –explican las responsables del área de Violencia del Movimiento de Mujeres de Córdoba: Cecilia Re, Alejandra Martín, Fabiana Tron y Cecilia Ezpeleta-. Cuando nosotras presentamos nuestro anteproyecto de ley hacíamos explícita la necesidad de crear más juzgados para hacer efectiva la ley, ya que por juzgado se han presentado alrededor de 100 casos por semana”.

- ¿Cumple la ley con los requerimientos que ustedes hicieron en el anteproyecto?
- Hoy las mujeres cordobesas podemos decir: “Tenemos una ley contra la violencia y la conquistamos con nuestra lucha”. Pero no podemos dejar de señalar las limitaciones: un título que invisibiliza la violencia hacia las mujeres; las mezquindades en materia de políticas públicas; y lo que ya denunciamos antes de su sanción: el recorte de nuestro anteproyecto del Programa de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Ese Programa promovía un abordaje integral de la problemática en sus diversos aspectos y la participación de todos los ministerios involucrados y con potencialidades de aportar a la prevención, asistencia y erradicación. Esta propuesta requería sin duda de una voluntad y decisión política que no existe aún en Córdoba, sobre todo por una cuestión presupuestaria.

- Aun en este contexto, ¿qué aspectos rescatan de la ley?
- El artículo 4 es muy importante. Ahí se habla del concepto de grupo familiar, y es amplio y abarcativo. Ha sido uno de los puntos que debimos trabajar de manera particular, sensibilizando las "cabezas legislativas" respecto de la ascendente cantidad de violencia en el noviazgo, la ejercida por ex parejas, de modo tal que esos vínculos pudieran ser reconocidos en la ley. Otro aspecto importante es que se reconoce como violencia la sexual, física, psicológica y económica. Y en cuanto al procedimiento judicial es detallado y procura no olvidar las realidades del interior de la provincia, que estaba verdaderamente carente de herramientas que lo pudieran proteger de manera inmediata.

- ¿Qué pueden decir de lo que palpan de las mujeres y varones en la calle? ¿Se perciben ya cambios?
- Aún es muy prematuro. No ha habido difusión masiva de la existencia de la ley y su implementación está siendo muy lenta. Igualmente, en nuestro trabajo cotidiano observamos que tenemos mejores herramientas para orientar a las mujeres a tomar decisiones a favor de sus vidas. También los servicios públicos reconocen mayores demandas, denuncias y consultas. Los desbordes en este sentido fueron los que originaron la respuesta "apresurada y reactiva" del Superior Tribunal de Justicia que dictó recientemente dos acordadas que restringen los alcances de la ley, y que fue una respuesta a las presiones de los agentes de justicia que temieron la excesiva demanda que les llegaría, situación que era real, pero que había otros modos de resolverla.

Fuentes: Fuente: Artemisa Noticias. Argentina, 2006.