| América Latina: Marcas en el cuerpo
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| Foto: Archivo Mujereshoy |
La violencia sexual como arma de guerra y de represión política, ha dejado dolorosas marcas en el cuerpo de miles de mujeres de nuestro continente. Revelar su historia y denunciarla es el objetivo del siguiente Informe que reúne testimonios y documentos de activistas de Colombia, Chile, México y Perú.
(Mujereshoy) En julio de 2006, se reunieron en Santiago, Chile, activistas de varios países de América Latina y El Caribe, para participar en el Seminario Internacional “Violencia Sexual: dictaduras y conflictos armados” en el marco del proceso de extradición que desde Chile enfrenta el ex presidente peruano, Alberto Fujimori, uno de los principales responsables de la violencia sexual producida durante la guerra contra el terrorismo. El Seminario fue organizado por Isis Internacional y el Programa de Género de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.
Ximena Zavala, de Chile, Olga Amparo Sánchez, de Colombia, Sara Lovera, de México y Narda Henríquez, de Perú, analizaron la situación de sus países en los contextos de guerra y crisis social, destacando que en épocas de violencia armada y situaciones de emergencia política, las mujeres se convierten en “botín de guerra” y son una arma de represalia de los ejércitos y los estados, principalmente para humillar a los grupos opositores.
Arma de guerra
Desde los albores de la humanidad, las mujeres han sido consideradas como botín de guerra por los ejércitos invasores. El que los hombres de las tribus primitivas violaran libremente a las mujeres de otras tribus, escribe Susan Brownmiller en su libro Contra nuestra voluntad, para asegurarse nuevas esposas, no se consideraba punible. Era perfectamente legal capturarlas y violarlas.
Algunos ejemplos son ilustrativos. En la época de las Cruzadas, los ejércitos que marchaban bajo la Cruz, violaban a mujeres del bando contrario en nombre de la religión. En el siglo XV, los conquistadores españoles violaron y raptaron a miles de mujeres indígenas a lo largo de todo el continente, y en el siglo XVIII, los soldados ingleses hicieron lo mismo con las mujeres escocesas. Pese a ello lo que se impuso fue el silencio.
A través del tiempo, las leyes referidas a la violación jamás se liberaron del concepto inicial: que la violación “era en primer lugar y sobre todo, una violación de los derechos de posesión del hombre, basados en las exigencias masculinas de virginidad, castidad y consentimiento al acceso privado, como contribución femenina al contrato matrimonial” (Brownmiller, 1985).
En el lapso transcurrido desde la II Guerra Mundial hasta los últimos conflictos armados, el mundo ha visto surgir un fuerte movimiento feminista internacional con capacidad de movilización que persistentemente sigue denunciando los horrores vividos por miles de mujeres en las últimas guerras, exigiendo se tipifique la violación sexual como crimen de guerra, una demanda ganada en 1998 al ser incluida dentro del estatuto del Tribunal Penal Internacional.
Los efectos inmediatos de esta medida se tradujeron en la primera sentencia dictada el año 2001 por la jueza Florencia Mumba, de la Corte Penal Internacional Contra la ex Yugoslavia, quien condenó a tres militares serbios en Bosnia, por haber ordenado y participado en la violación de miles de mujeres musulmanas durante el conflicto armado. Aunque esta condena sentó un precedente, no ha tenido hasta hoy réplica en América Latina respecto de los crímenes sexuales cometidos por los ejércitos y los estados durante los conflictos en Guatemala, El Salvador, Chile, Colombia, México y Perú.
Colombia: una guerra que no cesa
Las distintas situaciones de conflicto armado y entronización de regímenes dictatoriales en nuestra región durante décadas, generaron estados excepcionales de violencia y de caos generalizado. Esto permitió que los mecanismos habituales de funcionamiento de las instituciones se vieran afectados por un clima de impunidad que vulneró los derechos humanos de las personas, afectando particularmente a las mujeres. Este fue un sentimiento compartido por las cuatro panelistas que intervinieron en el Seminario realizado en Santiago.
La guerra en Colombia, como advirtió, Olga Amparo Sanchez , directora de de la Casa de la Mujer de Bogotá, ha convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla. El prolongado y complejo conflicto armado que vive Colombia está regido por una cadena de secuestros, asesinatos en serie de políticos, campesinos y dirigentas de organizaciones sociales de mujeres, entre otros. Como explicó Sánchez, en este panorama juegan tres tipos de actores: guerrilla, paramilitares y narcotráfico.
En las dos últimas décadas, el narcotráfico permeó la sociedad colombiana en todos sus estamentos, la guerrilla se afianzó con ayuda de coyunturas geopolíticas internacionales, debido a la ausencia del Estado en las zonas tomadas por los insurgentes, permitiendo que su poderío económico creciera vía los rescates por secuestros y otras formas de presión sobre sectores agrarios e industriales, traducidos en cobro de “impuestos” a cambio de protección.
En este contexto, las mujeres son un botín de guerra. La violencia sexual es una de las prácticas utilizadas por los actores armados para sembrar el terror en las poblaciones marcando su poder. Porque además de la violación sexual, también imponen férreos códigos de conducta para controlar la vida sexual de las mujeres, el tipo de vestimenta que deben llevar, a qué hora deben salir, cuáles son las parejas que deben tener. Quienes no acaten estas normas son sometidas a la mutilación de sus genitales, o a ser expuestas desnudas públicamente.
No es tan diferente la situación de las mujeres que participan en la guerrilla. Olga Amparo conoce casos de mujeres que luego de haber sido abusadas sexualmente fueron obligadas a realizarse abortos al quedar embarazadas, o a usar métodos anticonceptivos y servir de compañeras sexuales. También están las normas que ellos denominan de “limpieza social” como eliminar a quienes ejercen la prostitución: mujeres y hombres. “Tienen un código moral contradictorio: no les importa matar y al mismo tiempo hablan de mantener las `buenas costumbres`”.
Chile: un secreto a voces
En un documento hecho público en el año 2003, un grupo de ex detenidas políticas denunció que durante la dictadura de Pinochet, los abusos sexuales fueron “una práctica corriente y sistemática”, realizada por agentes de la dictadura en diversos centros de detención de tortura, como Villa Grimaldi, en Santiago, y Tejas Verdes, en la costa central de Chile. Esta declaración coincidió con la presentación pública de la investigación “Mujeres víctimas de violencia sexual como tortura durante la represión política chilena (1973-1990): un secreto a voces”, realizada por el Instituto de la Mujer y la Corporación La Morada, en el marco de la conmemoración de los 30 años del golpe militar.
El curso de la investigación demostró que era la primera vez que muchas mujeres hablaban directamente de su experiencia como víctimas de tortura y violencia sexual. Ximena Zavala, actualmente consultora de la Corporación Humanas, y con anterioridad una de las gestoras de esta investigación, contó en el Seminario que lo más difícil fue lograr que las mujeres testimoniaran esta terrible experiencia. Muchas de las entrevistadas consideraron que los vejámenes que tuvieron que soportar no “eran graves”, en comparación con los que sufrieron sus correligionarios que murieron por tortura mientras que “ellas quedaron vivas”. “Por lo tanto siempre creyeron que más que tortura, fue un abuso menor”, explicó Ximena.
Si decidieron silenciar esta traumática experiencia fue por el temor a la estigmatización y a enfrentar en público un asunto considerado privado. Según Zavala, “al salir de la prisión, los defensores les preguntaban ¿Qué viste?, el partido quería saber que habían dicho. Pero nadie les preguntó qué les pasó”. De manera que cuando en 2004, se dio a conocer el Informe de la Comisión contra la Prisión Política y la Tortura, no figuró un capítulo especial sobre violencia sexual a las mujeres como método de tortura, aunque si dio cuenta que 3 mil 399 mujeres fueron abusadas sexualmente en centros de detención.
México: se mantiene la impunidad
Durante su intervención, Sara Lovera, periodista y fundadora de la agencia de prensa CIMAC, de México, hizo una fuerte denuncia de la total impunidad que impera en su país respecto de los derechos humanos de las mujeres. Informó que no existe una figura penal que castigue a los violadores, ya que el delito de tortura sexual no está en el Código Penal.
El enfoque de la exposición de Lovera consistió en resaltar aquellos casos emblemáticos, como la violación de tres jóvenes campesinas de la etnia tzeltal por miembros del Ejército Mexicano. El hecho ocurrio en junio de 1994 en un retén cercano a Chiapas. No obstante al tiempo transcurrido y la fuerte y permanente denuncia y movilización de activistas del Grupo de Mujeres de San Cristóbal y de otras organizaciones de derechos humanos, el Estado no ha hecho justicia.
Lo grave es que el caso de las jóvenes tzeltales no fue la única agresión que se produjo en esa circunstancia. Durante gran parte de la década de los años noventa, el conflicto armado en Chiapas fue el caldo de cultivo para que la violencia represiva hiciera su parte respecto de las mujeres indígenas. En ese período, se registraron numerosos casos de violación tumultuaria, abuso de autoridad, intimidación y amenazas de parte de contingentes del Ejército. Pero todas esas denuncias quedaron archivadas hasta el presente. La actuación del gobierno de Vicente Fox en esta materia ha sido francamente vergonzosa, afirmó Sara Lovera.
Para Lovera otro de los casos emblemáticos es el de 45 mujeres que fueron objeto de abuso sexual y violación durante un violento ataque de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo para “recuperar el orden”, en el municipio de San Salvador de Atenco, estado de México, el 4 de mayo de 2006. Un número menor de ellas, continúa detenido en una cárcel de esa localidad. Las autoridades locales, federales y nacionales no han respondido en forma satisfactoria a pesar del tiempo transcurrido, pese a la fuerte movilización tanto dentro como fuera de México, de organizaciones de mujeres, de derechos humanos y organismos internacionales, como Amnistía Internacional, entre otras, informó Lovera.
Perú: impacto de un informe
En el Perú, la prolongada guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que tuvo una duración de veinte años (1980-2000), dejó graves secuelas en los cuerpos de cientos de mujeres indígenas y campesinas peruanas. El informe presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, en agosto de 2003, suministró por primera vez datos globales de las graves violaciones a los derechos humanos, indicó la investigadora y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Narda Henríquez, en su extensa y bien documentada intervención durante el Seminario. A diferencia de otros informes parecidos, el informe peruano, incorporó un capítulo especial sobre la situación de las mujeres en ese contexto.
Según el informe, Perú tuvo la guerra sucia más sangrienta de América del Sur. Se estima que 69 mil 800 hombres y mujeres, murieron o “desaparecieron” entre 1980 y 2000, víctimas del terrorismo y la represión estatal. De los testimonios recogidos, se desprende que de cada cuatro muertes, tres eran de personas que hablaban quechua.
Respecto de los casos de violación sexual, se calcula que el 98 por ciento de los afectados fueron mujeres. El total de casos conocidos por la Comisión asciende a 527. Como señaló Narda Henríquez, hubo lugares de la zona andina como los pueblos de Manta y Vilca en Huancavelica, donde por 14 años, la violencia sexual se convirtió en una práctica cotidiana de los regimientos del ejército ahí emplazados.
Las víctimas, mujeres campesinas indígenas, analfabetas y quechuahablantes, fueron objeto de toda clase de abusos sexuales desde prostitución forzada, uniones no deseadas, exclavitud sexual, hasta violación sexual y abortos forzados. Otras fueron torturadas y asesinadas.
Como muy bien señaló Henríquez, “uno de los nudos claves de la agenda país está constituido por el tema de los derechos humanos y las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. Pero a tres años de su presentación, las víctimas siguen esperando que se les haga justicia.
link a Informe Justicia de Género. Entre el conflicto armado y las reformas a la justicia. Colombia 2001-2004.
link a "Tendiendo puentes: la dimensión de la justicia en la cosmovisión de las víctimas ¿Cómo evitar que la judicialización se convierta en una nueva forma de violación de derechos humanos?"Carlos Martín Beristain
link a El Derecho a la Reparación por Violaciones Manifiestas y Sistemáticas
A los Derechos Humanos de las Mujeres.Gaby Oré
Documentos :
En nombre de la justicia y el buen gobierno
Informe de la Comisión de la Verdad, sobre Mujer y el Conflicto Armado.
Fuentes: Mujereshoy
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