Radiografía de la desigualdad

Editado por Mujeres Hoy.

Corporación Humanas

La ruta de la desigualdad que sufren las mujeres chilenas recorre una decena de dimensiones sociales, políticas y culturales, según detalla un estudio de Corporación Humanas que recopila reveladoras estadísticas de organismos académicos, gubernamentales, internacionales y ONG.

Familia, trabajo, educación, salud, participación política, derechos sexuales y reproductivos, protección jurídica de derechos, violencia, migración y pueblos originarios son los diez ámbitos de la discriminación contra las mujeres según este estudio, entregado con motivo del Día Internacional de la Mujer y que sirve de base para elaborar los informes periódicos de la sociedad civil ante el sistema jurídico internacional de protección a los derechos humanos.

En materia de salud, los planes de las Isapres para las mujeres (sistema privado de salud) de entre 20 y 60 años triplican el precio de los cotizantes varones, según uno de los datos que ilustra el informe. Por cada 100 partos se producen 14 abortos y un 15% de los nacimientos corresponde a madres menores de 20 años, indican otras cifras del ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.

La violencia contra la mujer anota registros alarmantes, tales como un 50,3 por ciento de las mujeres casadas o en uniones de hecho que ha sufrido la violencia de su pareja o el 83 por ciento de las denuncias de violencia intrafamiliar que provienen de víctimas mujeres. Otra estadística de ese ámbito indica que más de un 7 por ciento de las mujeres mayores de 18 años sufre violencia sexual.

Respecto a la vida familiar, los antecedentes indican que la mayoría de las casadas, contrae matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, el que concede sólo a los hombres la potestad de administrar los bienes.

En el trabajo, el 24,1por ciento de las mujeres asalariadas no tiene contrato de trabajo, frente a un 17,4 por ciento de los hombres que sufre igual precariedad. El ingreso promedio de las mujeres corresponde a un 79 por ciento de la remuneración de los hombres. No por nada, el 92 por ciento de las mujeres identifica el trabajo como principal ámbito de discriminación.

La Educación es otro foco de desigualdad para las chilenas y así lo reafirmó la Prueba de Selección Universitaria, PSU rendida para el proceso de matrícula 2008, con sólo un 55 por ciento de mujeres que obtuvo el puntaje mínimo para postular, mientras en los varones la proporción llegó al 62,6 por ciento.

Los problemas de los inmigrantes también afectan con mayor fuerza a las mujeres extranjeras pues ellas representan un 4,5 por ciento más que los hombres. La mayoría se emplea como trabajadoras de casa particular, con ingresos inferiores al sueldo mínimo y jornadas de hasta 11 horas diarias.
Finalmente, en el mundo indígena, el analfabetismo afecta más a las mujeres, con un 8,4 por ciento contra un 5 por ciento de los hombres.


Participación y representación política

• El poder político y económico le concede a las mujeres apenas el 18 por ciento de las alcaldías, el 12 por ciento de escaños parlamentarios, el 14 por ciento de la Corte Suprema, 12,5 por ciento de las fiscalías regionales, y sólo 3 de los 37 directores de las principales empresas públicas (Codelco, Enap, TVN, Banco Estado, La Nación, entre otras)
• Pese a la paridad en el gabinete establecida por la Presidenta Bachelet, los cambios ministeriales han rebajado la presencia de ministras al 41 porciento. Aun así, el 39 por ciento de las mujeres cree que su situación ha mejorado por la llegada de una mujer a la Presidencia ((Encuesta Nacional de Humanas 2008).
• De las 25 universidades que integran el Consejo de Rectores y los 33 planteles privados, sólo en 4 la rectoría recae en una mujer.
• Entre los 11 diarios de mayor circulación, sólo uno es dirigido por una mujer.
• El 66 por ciento de las mujeres cree que su género es discriminado en la política y el 67 por ciento NO votaría por un candidato que rechace el proyecto de equilibrio entre hombres y mujeres en los cargos públicos (Encuesta Nacional de Humanas 2008).

Déficit
• Las resistencias del poder legislativo ante los mecanismos de acción positiva en materia de participación política.
• Falta de urgencia para aprobar el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo para garantizar una participación equilibrada de hombres y mujeres en el acceso y ejercicio de los cargos internos de los partidos políticos y en los de representación popular, junto con definir un mayor aporte fiscal a las candidatas mujeres que resulten electas, presentado en diciembre del 2007. Los partidos políticos no promueven la incorporación de mujeres en sus mesas directivas, y no cumplen con las leyes de cuotas que ellos mismos establecieron para las elecciones internas.
• La mayor presencia de mujeres en el poder ejecutivo no está acompañada de una reforma administrativa y/ o legal que asegure su mantención.

Recomendaciones
• Asegurar que la reforma del sistema electoral incorpore un mecanismo de acción positiva que permita la representación equilibrada entre hombres y mujeres
• Introducir modificaciones a las leyes electorales de modo que incorporen medidas de acción afirmativa para igualar la situación entre hombres y mujeres en la vida publica-política.
• Asegurar que las regulaciones respecto del Financiamiento de Partidos Políticos incluya medidas tales como la entrega de un subsidio estatal suplementario a los partidos que obtengan un porcentaje mayor de candidatas electas a lo registrado en las elecciones anteriores. Aplicar sanciones tales como reducción de un 40 por ciento o 50 por ciento del financiamiento electoral a los partidos que presenten un porcentaje menor de mujeres que en las elecciones anteriores.
• Explicitar que un porcentaje determinado del financiamiento a los partidos vaya directamente a las candidatas mujeres.
• Promover medidas legislativas y administrativas que aseguren la paridad a nivel de los cargos de designación del Ejecutivo.
• Implementación de campañas para incentivar las candidaturas de mujeres a puestos de representación política

Familia

• La mayoría de las parejas que contrae matrimonio lo hace a través del régimen de sociedad conyugal, que concede sólo a los hombres la potestad de administrar los bienes.
• El 60 por ciento de las mujeres percibe que la familia es el ámbito de mayor discriminación y un 70 por ciento estima que la maternidad le resta oportunidades laborales. (Encuesta Nacional de Humanas 2008)

Déficit
• La mantención de disposiciones legales que limitan el ejercicio del derecho a administrar, en igualdad de condiciones que el hombre, los bienes propios o comunes en el matrimonio.
• El no reconocimiento legal de las uniones de hecho como formas legítimas de constitución de familia y el impacto que ello tiene en el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
• La falta de seguimiento a las leyes que han mejorado la situación de las mujeres en Chile, en particular la Ley sobre pensiones alimenticias.
• La creciente renuncia del Estado a su potestad reguladora y el reconocimiento de estatutos legales coexistentes al interior del mismo territorio nacional.
• La insuficiente asignación de recursos financieros, profesionales y administrativos para los Tribunales de Familia, que han llevado al colapso de los mismos en su atención a la población usuaria, mayoritariamente mujeres.
• La nueva exigencia de representación legal ante los tribunales de familia y la mediación obligatoria.

Recomendaciones
• Derogación de la sociedad conyugal como régimen patrimonial en el matrimonio, o al menos su carácter supletorio.
• Reconocimiento legal de las uniones de hecho y homologación a los derechos y obligaciones que se establecen para el matrimonio, incluidas las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.
• Asignar mayores recursos financieros y humanos a los Tribunales de Familia, y rectificar aquellas prácticas de funcionamiento que contribuyen al colapso del sistema.

Salud

• El 80,1 por ciento de las mujeres pertenece al sistema de salud pública, mientras en los varones la proporción es del 75,6 por ciento.
• Los planes de las Isapres para las mujeres de entre 20 y 60 años triplican el precio de los cotizantes varones.
• Los co-pagos de las mujeres son un 36 por ciento más altos que de los hombres (Ministerio de Salud, Minsal, marzo 2002).
• Siguen existiendo los planes “sin útero” para los contratos suscritos antes de la promulgación de las nuevas normas de mayo de 2005.
• La Federación de Trabajadores de Isapres ha denunciado que sus comisiones por venta de planes a mujeres son menores que las recibidas por cotizantes hombres.
• Las prestaciones específicas incluidas en el GES (Garantías Explícitas en Salud) excluyen beneficios para enfermedades femeninas como osteoporosis; várices; patologías benignas de mamas, vagina, ovarios y trompa.
• El acceso al parto sin dolor excluye a zonas con menos de 500 mil habitantes.
• El 87 por ciento de los/las pacientes por depresión en el sistema de atención primaria corresponde a mujeres(OPS/OMS,2007)

Déficit
•Pese al Plan de Garantías Explícitas en Salud, las Isapres siguen siendo libres para afiliar o expulsar, revisar unilateralmente los contratos, reajustar y excluir a todas las personas en todos los casos no incorporados al GES.
•Tanto en el sistema privado como en el público las prestaciones médicas relacionadas con la salud mental de la mujer son deficientes y no garantizan niveles de salud adecuados.

Recomendaciones
•La reforma a la Salud requiere un monitoreo con perspectiva de género, tanto desde la institucionalidad público/privada como desde la sociedad civil. Para ello se requieren construir indicadores de género mediante los cuales se medirán los procesos en curso y los cambios logrados.
•Acelerar el debate legislativo para aprobar el proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos e incorporar a la sociedad civil en las deliberaciones.
•Mejorar los registros y estadísticas de salud, debidamente desagregados por sexo.
•Abordar integralmente la salud mental, incluyendo su atención garantizada, tanto en el sistema público como en las ISAPRE.


Salud Sexual y Reproductiva

• La práctica de los servicios públicos de regulación de la fecundidad revela un sesgo de género pues sólo el 0,6 por ciento de los usuarios de Métodos Anticonceptivos corresponde a varones (OPS/OMS, 2007). Asimismo, por cada vasectomía practicada a un hombre se producen 250 esterilizaciones a mujeres demostrando una brecha entre esterilizaciones femeninas y masculinas (OPS/OMS, 2007).
• El 56 porciento de las mujeres estima que el acceso a los anticonceptivos ha empeorado (Encuesta Humanas 2008).
• Las mujeres del segmento más pobre carecen de acceso a la Píldora de Anticoncepción de Emergencia a causa de la resolución del Tribunal Constitucional de abril de 2008. El 80 por ciento de las mujeres discrepa de esa decisión (Encuesta Nacional de Humanas 2008)
• En 2007, el sistema público atendió 23 mil casos de complicaciones por aborto provocado, detectando que por cada 100 partos se producen 14 abortos (Minsal, 2007). El registro de los servicios de salud pública y privada indica que por cada mil nacidos vivos se producen 140 egresos por aborto, (OPS/OMS 2007)
• El 79 por ciento de las mujeres está de acuerdo con la legalización del aborto terapéutico (Encuesta Humanas 2008).
• Un 15 por ciento de los nacimientos corresponde a madres menores de 20 años.
• El 12,3 por ciento de mujeres entre 7 y 24 años no asiste a ningún centro educacional por ser madre o estar embarazada.
• El 60 por cientode las notificaciones de enfermedades de transmisión sexual corresponde a mujeres(Vigilancia epidemiológica, Minsal 2005).

Déficit
•Falta de reconocimiento legal de los derechos sexuales y reproductivos.
• La penalización a las mujeres que se realizan abortos viola sus derechos humanos, lo que se ve agravado por la inexistencia de estadísticas oficiales que permitan el diseño de políticas de protección, además de la falta una voluntad política del gobierno para emprender iniciativas que apunten a evitar el aborto como primera causa de mortalidad materna.

Recomendaciones
•Aumentar la capacitación del personal para la recepción adecuada de casos por aborto clandestino.
•Realizar estudios periódicos que permitan obtener datos concretos sobre la incidencia del aborto en Chile.
•Avalar la iniciativa legislativa presentada para reponer el aborto terapéutico.


Violencia

• Un 50,3 por ciento de las mujeres casadas o en uniones de hecho ha sufrido la violencia de su pareja (estudio de la Universidad de Chile encargado por el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, 2001)
• Pese a la inexistencia de estadísticas específicas, el monitoreo de delitos de mayor connotación social aplicado por el Ministerio del Interior (2007) registró 108.553 denuncias de violencia intrafamiliar, que en un 83 por ciento fue sufrida por mujeres. La tendencia al aumento anual de denuncias ha sido de un 10 por ciento desde el año 2004.
• Las mujeres afectadas por violencia física ganan un 40 por ciento menos que sus congéneres pares no abusadas (Estudio de Corporación Domos, encargado por Sernam, 2002).
• Las leyes que crearon los Tribunales de Familia y el Ministerio Público no asignaron recursos para implementar mecanismos contra la violencia intrafamiliar y el maltrato habitual.
• Más de un 7 por ciento de las mujeres mayores de 18 años sufre violencia sexual (Minsal, 2000).
• En 2007 ingresaron al Ministerio Público 16.300 denuncias de violencia sexual (Corporación Administrativa del Poder Judicial), y se estima que por cada delito registrado existen otros 7 que no se denuncian.
• Desde la vigencia de la Ley de acoso sexual las denuncias ante la Dirección del Trabajo han aumentado desde 99 en 2005 hasta 344 en 2007.

Déficit
•La falta de voluntad política del Estado chileno para priorizar una política integral y de Estado en materia de violencia contra las mujeres y la ausencia de una mirada estratégica que no esté sujeta a los vaivenes del presupuesto fiscal anual.
• Escaso apoyo a las organizaciones no gubernamentales de prevención y tratamiento de la violencia.
•No se cuenta con información estadística que permita determinar la magnitud de la violencia contra la mujer en Chile y menos aún saber cuántas mujeres mueren producto de la misma.
La ausencia de un criterio generalizado entre jueces/zas respecto al concepto de habitualidad en violencia genera la desprotección de las víctimas y demora el procedimiento ante los tribunales de familia, causando incertidumbre respecto de lo que están entendiendo dichos tribunales respecto por habitualidad.
•La ausencia de una política comunicacional para generar mayores grados de conciencia en la opinión pública y contribuir a la modificación de los roles tradicionales de género que se encuentran a la base de la violencia contra las mujeres.
•La normativa vigente plantea graves problemas por la facultad de los fiscales para aplicar el principio de oportunidad que inhibe la investigación criminal o decretar la suspensión condicional del procedimiento penal. Otra falencia es la falta de designación de Fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y, la imposibilidad de las víctimas de denunciar directamente al Ministerio Público.
•La insuficiente capacitación de los agentes públicos que intervienen en el tratamiento de la violencia, en especial en los del ámbito jurídico, de la salud y educación.
•Respecto de la Trata de Personas, preocupa el desajuste de la normativa nacional respecto a la internacional; la escasa coordinación entre los diferentes actores gubernamentales y estatales, además de la invisibilización del tema. Se suma a ello la falta de antecedentes, estudios y estadísticas del problema y sus conexiones con la inmigración o el tráfico de armas y de drogas.

Recomendaciones
Generar un sistema de registro único que permita conocer la magnitud de la violencia contra la mujer y adecuar las intervenciones desde el sector público.
• Realizar campañas mediáticas destinadas a crear conciencia sobre la violencia contra la mujer y a promover cambios culturales en torno a los roles de género en la sociedad chilena.
• Aumentar la capacitación del sector público, en particular a los agentes jurídicos y de salud.
• Eliminar las normas que facultan a los Fiscales a aplicar el principio de oportunidad en materia de violencia contra las mujeres y suprimir aquellas que refieren a la suspensión condicional del procedimiento penal.
• Reabrir la Comisión Valech para permitir las denuncias de violencia sexual ejercida contra las mujeres como mecanismo de tortura durante la dictadura.
•Adecuar la normativa nacional sobre Trata de Personas a las convenciones y tratados ratificados por del Estado de Chile para hacer más eficaz la lucha contra este flagelo.
• Visibilizar las razones y el impacto de la Trata de Personas, a través de estudios sobre las reales dimensiones del problema, las características de la población víctima, los factores que permiten o facilitan la existencia de este delito en Chile y su relación con los delitos de tráfico de drogas, de armas y de migrantes.

Trabajo

• Pese a una sostenida tendencia al aumento, la tasa de participación laboral de las mujeres llega al 41por ciento, muy por debajo del 72por ciento de los hombres e inferior a la media de América Latina, que gira en torno al 52 por ciento (OIT, 2007).
• El 24,1 por ciento de las mujeres asalariadas no tiene contrato de trabajo, frente a un 17,4 por ciento de los hombres (Encuesta Casen 2006)
• Entre el 70 y el 79 por ciento de las tareas domésticas recae en las mujeres, lo que demuestra el desequilibrio en la división social del trabajo que mantiene en ellas las labores del hogar (Encuesta Humanas 2008).
• El ingreso promedio de las mujeres corresponde a un 79 por ciento de la remuneración de los hombres (OIT, 2007)
• El 61,3 por ciento de las mujeres cotiza en alguna institución previsional, mientras en los varones el porcentaje sube a 67,4 por ciento..
• Un cuarto de las mujeres que trabaja no cuenta con los beneficios de las normas de protección a la maternidad (Dirección del Trabajo, 2007).
• EL 92 por ciento de las mujeres identifica el trabajo como principal ámbito de discriminación (Encuesta Humanas 2008).

Déficit
•El actual sistema previsional chileno vulnera el derecho de las mujeres al no responder a la universalidad y reforzar la discriminación de género existente en la sociedad y en el mercado laboral.
•La falta de seguimiento y evaluación del avance e impacto de muchas de las medidas implementadas por el Estado para superar las discriminaciones de género.
• Las limitaciones en la protección de la maternidad de las trabajadoras.
• La falta de información o acceso a estudios y evaluaciones producidos en las instituciones públicas sobre los avances en temas de equidad de género en el campo del trabajo.

Recomendaciones
Poner en marcha las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad en materia de mujer y empleo, con particular énfasis en todas aquellas medidas dirigidas a mejorar la participación laboral de mujeres.
- Reconocer la aplicación de la protección del fuero maternal a las funcionarias públicas.
- Aprobar los proyectos legislativos relativos al pre y post-natal y a la igualdad salarial.
- Desarrollar información estadística desagregada por sexo en materia laboral para un mejor análisis de la protección y garantía de los derechos laborales de las mujeres.

Mujeres migrantes

• La inmigración en Chile anota un 4,46 por ciento más de mujeres que hombres y proviene principalmente de países de la Comunidad Andina (Censo 2002).
• El trabajo en condiciones precarias e informales afecta más a las mujeres, que mayoritariamente se emplean como trabajadoras de casa particular, con ingresos inferiores al sueldo mínimo y jornadas de hasta 11 horas diarias.
• Las inmigrantes que no han obtenido visa de residencia carecen de derechos de salud y desconocen los derechos educacionales de sus hijos.
• Un alto porcentaje de inmigrante posee formación técnica y superior pero no puede validarla por la inexistencia de convenios y procedimientos para la homologación de diplomas (Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior).

Déficit
•Existe un desajuste de la legislación nacional respecto a las exigencias de los tratados internacionales que dificulta el resguardo de los derechos de las y los inmigrantes.
•La inexistencia de un marco jurídico migratorio actualizado y respetuoso de los derechos de los/las migrantes.
• La visa sujeta a contrato deja en particulares condiciones de vulnerabilidad a las y los trabajadores migrantes. Las y los trabajadores se ven obligados a soportar condiciones laborales injustas por temor a perder su vínculo laboral y por lo tanto su visa.
• La dificultad de acceso de los/las migrantes a servicios de salud, educación y vivienda.
• Necesidad de avanzar en revisar las formas de educar en las asignaturas - fundamentalmente de la historia nacional- que evite las interpretaciones nacionalistas y estigmatizadoras de los antiguos “enemigos y adversarios” en los conflictos de siglos anteriores.
• Se percibe una tendencia discriminatoria y xenófoba de algunos funcionarios estatales, pero también en la opinión pública y a veces incluso de connotados políticos. La xenofobia se nutre de la ignorancia sobre las dimensiones y razones del problema, por lo que es necesario actuar antes que ello se transforme y cristalice en comportamientos definitivamente racistas.

Recomendaciones
• Adecuar la normativa nacional a la de los Tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Chile.
• Legislar a favor la Política Migratoria formulada por el Gobierno.
• Proteger a las trabajadoras con visa sujeta a contrato.
• Fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales en los sectores con mayor presencia de trabajadoras y trabajadores migrantes.
• Garantizar el derecho y acceso a la salud, educación y vivienda con independencia de la situación migratoria de las personas.
• Crear mecanismos que permitan y faciliten la convalidación de títulos y homologación de estudios
• Revisar los textos escolares que interpretan unilateralmente los acontecimientos históricos que implican a las comunidades nacionales presentes en el país.
• Elaborar un programa de información y sensibilización de los funcionarios públicos que se relacionan con la población extranjera.

Mujeres rurales e indígenas

• El porcentaje de población rural masculina es un 2,8 por ciento superior a la femenina, lo que evidencia el predominio de mujeres en la migración rural a las ciudades.
• Solo La mitad de lãs mujeres temporeras ha firmado contrato de trabajo (Casen 2000)
• Las mujeres indígenas rurales son 4 veces más que sus pares hombres.
• El analfabetismo en la población indígena afecta más a las mujeres, con un 8,4 por ciento contra un 5 por ciento de los hombres.
• La proporción de mujeres indígenas jóvenes que asiste a la educación superior es casi la mitad de la población de mujeres no indígenas.

Déficit
Las Mesas de trabajo e instancias de participación no cuenten con la legitimidad necesaria ni poseen capacidad de resolución.
• En materia de educación, se desconocen las medidas para focalizar programas en todos los niveles que permitan reducir la brecha rural/urbana y étnica, y particularmente la brecha de alfabetización entre las mujeres indígenas y el resto de la población.
• En materia de estadísticas de género, no existen estudios de la realidad indígena. En las escasas investigaciones existentes no existe la desagregación por sexo ni por zona geográfica. Tampoco se encuentran estadísticas de género que permitan medir apropiadamente el impacto de las políticas públicas.
• Frente a la precaria situación laboral de las asalariadas en el sector agroexportador, no se garantiza el derecho a la seguridad social y ni se fiscaliza el cumplimiento de la nueva ley de subcontratación.
• Frente al anuncio de convertir a Chile en una potencia alimentaria, se hace necesario conciliar valores asociados al crecimiento de la agro exportación con la protección de los modos de producción vinculados a la agricultura familiar campesina e indígena, protección y conservación de la biodiversidad, del patrimonio genético y la soberanía alimentaria.

Recomendaciones
•Asegurar que los acuerdos de las instancias de participación tengan carácter obligatorio para que las mujeres rurales e indígenas incidan en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo. Asimismo, se deben realizar evaluaciones de impacto y de resultados de estas mesas de trabajo.
• Focalizar, ampliar y mejorar los programas de alfabetización y nivelación de estudios en zonas rurales; mejoramiento de la calidad de la educación parvularia y media, con especial atención a la población indígena de mujeres.
• Aumentar la cobertura y calidad de los programas de educación de adultos/as y la capacitación técnica en zonas rurales.
• Disponer de estadísticas de género con indicadores que faciliten su comparabilidad intercensal, para dimensionar problemas específicos que enfrentan las mujeres rurales e indígenas (productoras y asalariadas agrícolas). Considerar la variable étnica que orienten medidas adecuadas para la superación de la discriminación.
• Generar los mecanismos para superar la brecha existente entre ingresos de hombres y mujeres a la actividad agrícola.
• Ampliar la difusión de derechos laborales y de salud ocupacional de las trabajadoras asalariadas agrícolas y levantar información estadística que de cuenta de su nivel de cumplimiento por parte de las empresas del rubro, particularmente en el caso de las trabajadoras temporales.
• Establecer sanciones a aquellas empresas que realicen tratos con subcontratistas no registrados, para castigar la informalidad que precariza el trabajo de la mujer.
• Aumentar el número de fiscalizadores y de recursos para que se haga efectiva la normativa laboral; los puntos especialmente preocupantes son la ausencia de contratos, contratistas no registrados, precarias condiciones de higiene y seguridad, utilización de pesticidas prohibidos o sin protección personal adecuada y la transgresión de los tiempos de carencia y reingreso a los lugares fumigados.
• Financiar investigaciones epidemiológicas sobre los efectos de los plaguicidas en la salud reproductiva de las/los trabajadoras/es que manipulen o estén en contacto con ellos, permitiendo realizar un seguimiento de los casos de accidentes por intoxicaciones.
• Ampliar el porcentaje y los recursos destinados al fomento productivo y la asignación de créditos para las mujeres rurales, asegurando igualdad en el acceso y en el monto.
• Promover la participación política y social de las mujeres indígenas en cargos locales, regionales y nacionales de representación.
• Realizar investigaciones que den cuenta de las condiciones educacionales, laborales y de acceso a tierras y propiedades de las mujeres indígenas.

Educación
• En la PSU rendida para el proceso de matrícula 2008 sólo el 55 por ciento de las mujeres obtuvo el puntaje mínimo para postular, mientras en los varones la proporción llegó al 62,6 por ciento..
• La población femenina tiene niveles superiores de escolaridad respecto a los hombres, con un 21 por ciento de formación superior completa contra 14,6 por ciento en el caso de los hombres. No obstante, las áreas en la que se titulan revelan una clara reproducción de patrones tradicionales discriminatorios: mientras la matrícula masculina se concentra mayoritariamente en las áreas tecnología (40 por ciento) y administración y comercio (16 por ciento); la matrícula femenina se distribuye principalmente en educación (19 por ciento), administración y comercio (18 por ciento) y ciencias sociales (10 por ciento).

Déficit
• La falta de información estadística desagregada por sexo para diagnosticar en detalle la situación de las mujeres en relación a la enseñanza superior, así como la mantención de las carreras “para mujeres” y “para hombres” que impactan en términos de desvalorización y menor ingreso para las mujeres. En particular preocupa el tratamiento de la discriminación a nivel escolar, para evitar que se reproduzca a futuro en los niveles superiores de la educación.
• No existe un ente que regule y fiscalice al conjunto de las instituciones de educación superior, principalmente la educación técnico profesional, cuestión que contrasta con la realidad universitaria cuya fiscalización está entregada al Consejo de Educación Superior.
• Los avances tecnológicos requieren de trabajadores/as altamente capacitados/as y con capacidad de aprendizaje en las nuevas tecnologías. La situación antes descrita augura un rezago sistemático de amplios sectores de mujeres toda vez que no están recibiendo la educación de la calidad adecuada, están expuestas a una socialización sexista, no encuentran una oferta de calidad y condiciones de financiamiento que les permitan desarrollarse en los más altos niveles y alcanzar así buenas ocupaciones y remuneraciones por su trabajo.

Recomendaciones
• Generar y publicar información estadística desagregada por sexo en materia de cobertura y calidad de la educación básica y media, así como relativa a puntajes de la PSU y acceso a la universidad.
• Crear un organismo regulador y fiscalizador de la educación superior en su conjunto, en particular, de la educación técnico-profesional.
• Exigir acreditación de todas las instituciones de educación superior y no sólo de las universidades.
• Incrementar el análisis de las discriminaciones presentes en el sistema educacional que se traducen posteriormente en un acceso desfavorable para las mujeres al mercado de trabajo.
v Reforzar los programas destinados a eliminar el sexismo en la educación preescolar, básica y media, tanto en los textos escolares como en las prácticas educativas.

Derechos Humanos de las mujeres

• El Poder Judicial es identificado como uno de los principales espacios de discriminación de las mujeres, según el 63 por ciento de las entrevistadas por la Encuesta Nacional de Humanas 2008

Déficit
• La falta de ratificación de tratados suscritos por el Estado de Chile como el Protocolo de la Convención contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW) y el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, además de otros tratados en torno a crímenes de lesa humanidad y de guerra.
• La ausencia de mecanismos jurisdiccionales que oportuna y eficazmente reestablezcan el imperio del derecho y protejan a las mujeres afectadas por discriminación en cualquier ámbito de sus vidas.
• La ausencia de una institucionalidad que promueva y defienda los derechos humanos. En particular la inexistencia de un mecanismo nacional de derechos humanos y la lentitud demostrada en la tramitación del Defensor de los Derechos de las Personas o Ciudadano, dan cuenta de la dificultad que tiene Chile aún para lidiar con temas de derechos humanos.

Recomendaciones
• Diseño de una estrategia activa por parte de las autoridades gubernamentales para lograr la ratificación de los tratados de derechos humanos.
• Modificación legal de las normas sobre recursos de protección para ampliar el marco de protección constitucional de los derechos e incorporar un procedimiento por ley que al menos no mantenga la existencia de plazos fatales para su activación
• Incorporación de una unidad especializada para temas de género en la Defensoría de los Derechos Ciudadanos.

Fuentes: “Día Internacional de la Mujer: Radiografía de la desigualdad”. Corporación Humanas. Chile, marzo, 2009.