El gobierno de República Dominicana dio un gran paso contra este creciente drama del siglo XXI, surgido a partir del intento migratorio de millones de personas en pos de un futuro laboral mejor. La nueva ley establece penas de hasta veinte años de cárcel para los o las responsables del tráfico de personas que persiga la explotación sexual.

(Mujereshoy) El gobierno dominicano promulgó el pasado viernes una ley sobre tráfico y trata de personas lo que constituye un “logro histórico”, según declaró la secretaria de Estado de la Mujer, Yadira Henríquez.

Esta nueva norma establece penas de cinco a quince años de prisión y una multa de 150 a 250 salarios mínimos a los o las responsables del tráfico de personas y a los que creen, alteren produzcan o falsifiquen documentos de identidad para esos fines.

En el caso de que el tráfico ilícito persiga la prostitución, pornografía u otra explotación sexual, el o la responsable será condenado a penas de entre diez y veinte años de reclusión y a una multa de 175 salarios mínimos.

El salario mínimo de los y las empleadas públicas dominicanas es de 1.750 pesos (unos 76 dólares) y 3.690 pesos (unos 160 dólares) en el sector privado, según fuentes oficiales.

Henríquez dijo en el acto celebrado con motivo de la promulgación que “la ley no sólo sanciona, sino que reconoce la necesidad de prevenir y nos compromete a dar apoyo y protección a las víctimas”.

La norma también prevé penas de uno o dos años de prisión para la persona objeto de tráfico que pague dinero, valores, muebles o inmuebles por su traslado.

Según datos de la ONU, el número de personas traficadas en el planeta alcanza el número de cuatro millones anuales. Cifras similares maneja la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: en un informe divulgado el pasado 16 de julio señalaba que entre 700 mil a cuatro millones de hombres, mujeres, niños y niñas se ven involucrados cada año en el tráfico de personas.

El comercio de personas tiene siempre una constante, los y las traficadas provienen de regiones pobres y pretenden llegar a las zonas ricas; aunque ese transporte se haga dentro del propio país, lo que es conocido como “tráfico interno”. Mayoritariamente, las víctimas de este flagelo son mujeres.

De acuerdo al Informe sobre el Tráfico de Personas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, difundido el pasado 11 de junio, República Dominicana, junto a Cuba, figura en la lista negra del gobierno estadounidense sobre tráfico de personas.

En lo que se refiere al tráfico sexual de mujeres, se calcula que República Dominicana es el cuarto país con mayor cantidad de víctimas en el mercado sexual, después de Tailandia, Brasil y Filipinas.

Un informe de 2002 de UNICEF y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) señala que al menos dos mil niños y niñas haitianos cruzan cada año la frontera que separa su país de República Dominicana con ayuda de traficantes.

Estos traficantes de personas explotan de manera temporal a los menores en actividades agrícola, construcción y mendicidad.

Para enfrentar este tema, el presidente dominicano, Hipólito Mejía, también promulgó junto a la ley sobre tráfico de personas, las leyes de reforma del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Según la directora del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), estas leyes suponen “un avance significativo en cuanto a la protección de la niñez y la adolescencia en el país”.

En la ceremonia de promulgación de estos nuevos estatutos estuvieron presentes la vicepresidenta dominicana, Milagros Ortiz Bosch, el secretario técnico de la Presidencia, Carlos Despradel, y la primera Dama de la República, Rosa de Mejía, entre otras autoridades.