Según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, este país tuvo la guerra sucia más sangrienta de América del Sur. Se estima que 69 mil 280 hombres y mujeres, murieron o “desaparecieron” entre 1980 y 2000, víctimas del terrorismo y de la represión estatal.

(Mujereshoy). A esta conclusión llegó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), luego de dos años de trabajo. El informe recoge los testimonios de casi 17 mil personas que sufrieron la violencia de Sendero Luminoso y de las acciones militares de contrainsurgencia.

La entrega del informe se realizó el jueves 28 de agosto, en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, donde el Presidente Alejandro Toledo recibió a los integrantes de la Comisión, entre los que figuran dos mujeres. El informe contiene nueve tomos.

“Las dos décadas finales del siglo XX son una marca y una deshonra para el Estado y la sociedad peruana”, dijo Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad.

Este organismo, nombrado en 2001 por el gobierno transitorio de Valentín Panigua, realizó visitas a 137 provincias y 530 distritos, entrevistó a 9 mil 800 personas, tomó declaraciones a 431 y analizó 318 casos. Asimismo, realizó 8 audiencias públicas con víctimas y 7 asambleas públicas. En total, la Comisión recogió 16 mil 885 testimonios.

De estos testimonios se desprende que de cada cuatro muertes, tres eran de personas que hablaban quechua, y que el mayor número de víctimas se produjo en 1984. La mayoría tenía entre 20 y 29 años.

El informe indica que Sendero Luminoso fue el principal responsable de las muertes y desapariciones, al que adjudica el 54 por ciento del total de muertes. En tanto que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es responsable de 1,5 por ciento. Con respecto a las fuerzas policiales y militares, su responsabilidad es del 31 por ciento.

Un aspecto del informe está dedicado a señalar la responsabilidad política de los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), de Alan García (1985-1990), y de Alberto Fujimori (1990-1999).

Las mujeres

Parte importante de las víctimas de la violencia armada fueron mujeres, muchas resultaron muertas, y la mayoría fue violada o maltratada por ser mujeres, señaló Giovanna Larco, representante del Colectivo Mujeres por la Democracia (MUDE).

Larco dijo que el gobierno de Toledo, dentro del marco de políticas para eliminar la discriminación de género, debe desarrollar acciones especiales que tiendan a reforzar el respeto por los derechos humanos de las mujeres y ofrecer una reparación a quienes fueron violadas y maltratadas en el período de la llamada guerra sucia.

Un gran número de mujeres que sufrió embates del terrorismo y la represión procede de zonas campesinas de extrema pobreza; muchas se vieron forzadas a huir de sus comunidades, asumiendo enteramente las responsabilidades familiares.

Por su parte, el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), dijo que se mantendrá vigilante para exigir que se cumplan las medidas del Plan Integral de Reparaciones que propone el documento de la CVR. Este Plan puntualiza seis temas fundamentales: reparación en salud y en educación. Contempla, además una serie de medidas económicas, colectivas y simbólicas.

Familiares de las personas asesinadas o desaparecidas también manifestaron sus expectativas frente al informe. Carmen Amaro Cóndor, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta, que fue asesinado por el grupo paramilitar Colina, destacó la necesidad de mantener una actitud vigilante con respecto al cumplimiento de las recomendaciones emanadas por la CVR.

Gloria Trelles de Mendívil, madre del periodista Jorge Luis Mendívil, asesinado en la localidad andina de Uchuraccay, consideró que las conclusiones del informe difícilmente podrán satisfacer a los implicados. Sin embargo, expresó su reconocimiento al trabajo desplegado por la Comisión, a quien dio su voto de confianza.

Un respaldo total al informe hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bertrand Ramcharam, quien se solidarizó con los miles de víctimas de la violencia política que asoló cerca de dos décadas al Perú.

Ramcharam, quien ejerce el cargo en forma interina, indicó que su Oficina dio asistencia técnica y financiera a la Comisión de la Verdad. Ahora, este organismo espera que las recomendaciones del CVJ, sean respetadas por la sociedad peruana, contribuyendo así a fortalecer el proceso de reconciliación nacional en el Perú.

A su vez, diversas organizaciones de derechos humanos y del movimiento de mujeres, realizaron una serie de actividades de respaldo al informe, vigilias en algunas ciudades del país y actos de carácter cultural y artístico. En Lima, una numerosa muchedumbre se concentró la noche previa a la entrega del informe, en el Paseo de Los Héroes.