(Adital) Aunque el Ministro de Salud de Perú, Álvaro Vidal, asegura que la nueva comisión establecida para estudiar la "píldora del día después" es una manifestación del debate que debería caracterizar a una democracia, en realidad sería una señal de que su nombramiento no terminará con la lucha sobre la política de salud sexual y reproductiva.

Desde el escándalo a fines de los 90, cuando trabajadores de salud fueron acusados de esterilizar mujeres sin su consentimiento, el péndulo osciló hacia el otro extremo durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Dos ministros al hilo, Luis Solari y Fernando Carbone, dejaron su marca católica conservadora en el sistema de salud.

Durante sus gestiones, fueron sacados los letreros que señalaban los departamentos de planificación familiar en los centros de salud, disminuyeron las existencias de anticonceptivos y la "píldora del día siguiente" por lo general no estaba disponible, no obstante su uso había sido autorizado en el 2001 por el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua.

La reducción de las opciones para las mujeres no significó una buena política. Una consecuencia de la deficiente política de salud reproductiva ha sido una elevada tasa de abortos clandestinos. Aunque en Perú el aborto sólo es legal si está en peligro la vida de la madre, un estudio publicado este año por el Centro de la Mujer "Flora Tristán" y Pathfinder International estimó que 350,000 mujeres abortan cada año.

Expertos sostienen que existe una creciente red de médicos que realizan abortos clandestinos en clínicas legales, bajo condiciones de higiene y también proporcionan consejo e información sobre planificación familiar. Al brindar ese asesoramiento, estos médicos están llenando un vacío creado en el sistema de salud pública desde que Toledo asumió la presidencia en el 2001.

Vidal ha señalado públicamente que el país necesita una "política demográfica equilibrada" dirigida por normas internacionales como las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no por las creencias religiosas individuales. Ordenó que los anticonceptivos del gobierno que se encontraban almacenados — y la "píldora del día siguiente" — fueran distribuidos a los centros de salud. Sin embargo, de alguna manera está atado de manos ya que la planificación familiar no era una prioridad en el presupuesto público de este año.

Las mujeres pobres y las que viven en zonas rurales carecen en su mayoría de acceso a información y a métodos de planificación familiar. También tienen la tasa de mortalidad más alta por causas vinculadas a abortos clandestinos. Para ellas, el cambio de política es verdaderamente un asunto de vida o muerte.

Queda por ver si Vidal puede borrar la marca conservadora de sus predecesores y mantener a raya al Congreso. Solari está de regreso en el Legislativo, y la formación de la comisión para estudiar la "píldora del día siguiente" resultó de una carta enviada a Vidal por 68 congresistas demandando al gobierno reconsiderar la autorización. La jerarquía católica considera la píldora como abortiva, mientras que la OMS opina lo contrario. El que Vidal haya tenido que formar una comisión en vez de citar los criterios de la OMS indica que su posición no es tan fuerte como él quisiera.

Si sus esfuerzos resultan negativos, las verdaderas perdedoras serán las mujeres de edad fértil y la sociedad peruana en general. La mejor manera de reducir el número de embarazos no deseados — y abortos clandestinos — es proporcionar educación, información y una serie de opciones anticonceptivas.