“Cuerpos Libres. Estados Laicos”. El lema corresponde a la Campaña por la despenalización del aborto, que cada 28 de septiembre reúne a diversas organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe desde 1990. Este año, el despliegue de acciones y demandas creció y concitó la atención pública.

(Mujereshoy). Como en Argentina, donde la prensa destacó las declaraciones del magistrado Eugenio Zaffaroni, candidato a Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Partidario de un debate a profundidad sobre la despenalización del aborto, dijo que “el aborto es un genocidio, un drama, si pensamos la cantidad de mujeres que mueren por practicarse abortos en condiciones antihigiénicas y absurdas, algunas suicidas, está claro que es un genocidio”.

Paralelamente, encuestas realizadas en Argentina y Uruguay por organizaciones de mujeres y centros de investigación académica, resaltaron, por ejemplo, que en Argentina, más del 80 por ciento de las personas consultadas aprueba la legalización del aborto en caso de violación, malformaciones del feto, si la mujer es discapacitada mental o si está en riesgo su vida.

Respecto a Uruguay, la Agencia FACTUM, una consultora de prestigio en ese país, señaló que la mayoría de la opinión pública se mostró favorable al Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2002. El Proyecto, en su artículo 4º, permite la interrupción voluntaria de la gravidez, hasta las 12 semanas, cuando la mujer considere que no puede continuar el embarazo.

Esta Ley, a juicio del médico Aníbal Faúndes, director de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, “es el mejor proyecto de ley que he visto porque responde a gran parte de la problemática que genera la penalización del aborto”.

En 1934, Uruguay fue el primer país en América Latina que despenalizó el aborto. La disposición indicaba que el aborto sólo era condenable cuando la mujer no había dado su consentimiento. En este contexto, la Iglesia Católica realizó una gran ofensiva cuyo efecto más inmediato fue un decreto del Ministerio de Salud al año siguiente, prohibiendo la práctica del aborto en los hospitales públicos.

Libertad de vientres

El origen de la Campaña por la Despenalización del Aborto tiene un antecedente histórico. El 28 de septiembre de 1888, Brasil decretó la abolición de la esclavitud de los hijos e hijas nacidos de madre esclava. Esta disposición se denominó “libertad de vientres”.

Durante la realización del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina en 1990, un numeroso grupo de integrantes de la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina y de la organización Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay, tomando como referencia el hecho de 1888, acordó declarar el 28 de septiembre, como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

A este acuerdo se sumaron feministas de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. En 1993, durante una reunión promovida por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), y coordinada por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) se creó la Coordinación Regional.

Esta instancia tiene carácter rotativo y hasta la fecha la responsabilidad ha sido asumida por cinco organizaciones. Estas son: Católicas por el Derecho a Decidir, Uruguay (1993-1994); Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), México (1994-1997); Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Bolivia (1997-1999); Rede Nacional Feminista de Saúde, Brasil (2000-2002) y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Perú, (2003-2005).

Los vaivenes de la historia

El lema de la Campaña para este año es “Cuerpos libres. Estados Laicos”, asunto de vital importancia en la región, donde, pese a que la separación entre el Estado y la Iglesia Católica ocurrió en el siglo XIX en la mayoría de los países, ésta mantiene una fuerte influencia en los gobiernos, las instituciones y personas, en materia de valores y comportamientos.

Pero la condena del aborto como asesinato por la Iglesia Católica sólo data de 1869, cuando el Papa Pío IX declara que el aborto, en cualquier circunstancia, es materia de excomunión. Anteriormente, el aborto era condenado no como un homicidio sino un pecado sexual.

En efecto, en el año 1140, Baltazar Gracián, escritor y jesuíta español, al realizar una compilación de la primera colección de leyes canónicas, concluye que “el aborto es homicidio sólo cuando el feto ya se ha formado. Si el feto todavía no es un ser humano formado, el aborto no es homicidio”.

Más adelante, en 1588, el Papa Sixto V, dictamina que cualquier aborto y cualquier uso de anticonceptivos deben ser vistos como un asesinato. Pero a su muerte, en 1591, su sucesor, Gregorio XIV, revoca esta disposición.

Una ley injusta

El sacerdote uruguayo, ya fallecido, José Luis Pérez Aguirre, dijo alguna vez que “la penalización del aborto es injusta, inútil e inmoral”. Conocido defensor de los derechos de las mujeres, su posición frente a la sexualidad era ampliamente conocida por la amplitud de criterio con que abordaba temas tan controvertidos como la homosexualidad y el aborto.

Aníbal Faúndes también considera que la penalización es injusta, porque el peso de la ley recae mayormente en la mujer. Faúndes destaca que la mayoría de los países latinoamericanos han resuelto el problema prohibiendo el aborto, “como si los problemas sociales se resolvieran de ese modo”.

Precisamente este año, uno de los ejes de la Campaña se orientó a resaltar la ineficacia de la penalización del aborto. Las cifras que ofrece la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, indican que cada año ocurren en el mundo cerca de 75 millones de gestaciones indeseadas o inoportunas, vinculadas a diversos factores.

Este organismo estima que anualmente se realizan entre 40 y 60 millones de abortos inducidos en todas las regiones, y de ellos, al menos 20 millones corresponden a procedimientos inseguros, ya que ocurren en países donde el aborto está prohibido o severamente restringido.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), destaca que 15 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años de edad dan a luz. Mientras que cuatro millones se someten a abortos, los que, en muchos casos, se efectúan en malas condiciones.

Mantener la penalización del aborto no impide que se realice, enfatiza, la filósofa argentina Diana Maffía, Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Para ella, el negocio que florece gracias a la clandestinidad es inmoral. “Constituye un traspaso inmoral de recursos a manos de quienes aceptan en privado lo que no admiten en público”.

Los argumentos morales que se esgrimen para obligar a una mujer mantener un embarazo indeseado son deleznables.

Maffía explica por qué. “La decisión de abortar es un obvio conflicto entre dos males, en el que las mujeres realizan un gesto desesperado en defensa de su vida y de su integridad, con el que afirman para sí mismas la trascendencia como personas y la dignidad humana que la sociedad les niega. No aceptar inmolarse, eso escandaliza”.

La maternidad no es una obligación

Cientos de pancartas, afiches y lienzos poblaron las calles de muchas ciudades latinoamericanas en los días previos y posteriores al 28 de septiembre. La gama de actividades desplegadas por las distintas organizaciones y redes de mujeres se expresó de manera muy heterogénea.

En Cuernavaca, Morelos, se realizó un concierto de rock denominado La Tokada por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Jóvenes por una Sexualidad Libre y Responsable.

En Argentina, por primera vez, se realizaron marchas simultáneas en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén y San Salvador de Jujuy. Marchas donde se unieron a las feministas, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, de sindicatos, de piqueteros, estudiantes, profesionales médicos. “Ya no somos cuatro locas las que pedimos la legalización del aborto. Ya no es un reclamo exclusivo de las feministas”, dijo la abogada Dora Coledesky.

En Santiago de Chile, el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos elaboró una Carta Abierta al Parlamento, donde invita a los parlamentarios a “reflexionar y abrir el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, recordándoles que el último acto de la dictadura de Pinochet fue derogar una ley de larga data que permitía el aborto terapéutico. En la actualidad, el aborto está totalmente prohibido sólo en Chile y El Salvador.

Paralelamente, el Foro y otros colectivos feministas llevaron a cabo una acción callejera frente a la Catedral de Santiago. Vestidas de rojo, un grupo de mujeres se tendió en el pavimento expresando su protesta por las muertes de mujeres a causa de abortos mal practicados.

Las alianzas y cabildeos estuvieron a la orden del día. En El Salvador, la ONG Las Dignas, organización que coordinó la Campaña en la región centroamericana, realizó un foro con representantes del Ministerio de Salud Pública, para analizar las limitaciones legales existentes sobre el aborto y plantear un trabajo de coordinación con esa entidad.

En México, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), convocó a representantes del sector médico y de salud y a investigadores/as, a una discusión sobre las limitaciones de la actual ley de despenalización.

En Uruguay, la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva se reunió con la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, para sustentar el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

En diferentes días y horas, las organizaciones de mujeres de todo el continente levantaron como consigna central el derecho a una maternidad voluntaria y a no seguir muriendo por causa de un aborto realizado en condiciones sanitarias inhumanas.