¿Un problema más en el país de las mil revoluciones? ¿Cómo se explica que, en el país más pobre de América Latina, la población se movilice para impedir la exportación de un recurso natural, en circunstancias que dicha exportación se muestra como la nueva panacea para atenuar la pobreza? ¿Acaso el pueblo de Bolivia no quiere mejorar sus condiciones de vida?

Desde hace algunas semanas, Bolivia vive una situación de convulsión social: tomas de las carreteras, huelgas y manifestaciones callejeras que, el l3 de octubre, dejaron como resultado alrededor de 50 personas muertas y 100 heridas.

Cada día, los movimientos se multiplican y nuevos sectores se agregan (campesinos, jubilados, profesorado, universitarios, organizaciones civiles). El movimiento reune a todos los sectores empobrecidos por el modelo económico, los que manifiestan sin cesar su descontento. Aun cuando las reivindicaciones sectoriales están presentes de manera significativa, el punto común de las protestas es la oposición a la exportación de gas. En tal sentido, el gas se convierte en el símbolo de lucha contra una situación de explotación que no cesa de aumentar.

En efecto, Bolivia es considerado el país más pobre de América Latina: el ingreso anual per capita, en 2002, era de US$ 882, y un tercio de su población, es decir, unas dos millones seiscientas mil personas, vivía con U$S 200 al año. La disminución del ingreso per capita ha sido sistemático y constante en los últimos cuatro años, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahora bien, esta caída del ingreso ha afectado más dramáticamente a los pobres y a los sectores vulnerables.

Además, el país tiene un nivel de corrupción tan alto que el gobierno se vio obligado a crear una comisión de lucha contra la corrupción, la que depende directamente de la vicepresidencia del país, pero que no ha dado los resultados que se esperaban.

Quien dice pobreza y alto nivel de corrupción, dice situación de injusticia, experimentada de manera tanto más fuerte cuanto las instancias políticas (la Presidencia y el Parlamento) no se han dignado prestar a la situación la atención que merece. En efecto, fue sólo el 9 de octubre, cuatro semanas después del inicio de las movilizaciones, que los miembros de la "megacoalición" que gobierna al país le dedicaron una sesión; antes de esa fecha, estaban probablemente muy ocupados en obtener el mayor número de puestos posibles para su propio partido, lo que se llama tristemente el "cuoteo" (asignación de cuotas).

Para comprender lo que está en juego en torno a la exportación del gas natural en Bolivia, hay que mencionar algunos hechos destacados de los últimos años.

Es necesario retroceder hasta 1985, cuando se aplicó el Programa de ajuste estructural del FMI. Una de las medidas de tal programa contemplaba la estabilización monetaria del país y afectaba, en particular, a la empresa de hidrocarburos que pertenecía al Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscal Bolivianos (YPFB). La empresa se vio imponer la transferencia de 75 al 85 por ciento de sus ingresos al Tesoro de la Nación, lo que condujo a su debilitamiento, a la disminución de la explotación y la producción, y a la parálisis de la construcción de las redes de distribución de gas al interior del país. Estas medidas empeoraron el endeudamiento de la empresa y sirvieron de pretexto para denigrar la "mala gestión" de las empresas estatales.

A partir de 1990, la privatización o la "capitalización", se muestran como la solución a la crisis: se anula el monopolio de YPFB en diferentes etapas del tratamiento de los hidrocarburos. En 1996, la Ley sobre los hidrocarburos permite, entre otras cosas, la liberalización total del mercado de hidrocarburos, establece una contribución fiscal muy baja al Estado por parte de las empresas privadas. Desde entonces, las empresas petroleras extranjeras controlan la mayor parte de las reservas de petróleo.

En efecto, un 80 por ciento de las reservas de gas son controladas por Petrobras (Brasil), Total (Franco-belga), Maxus (subsidiaria de Repsol) y Repsol (España). Desde 1997, se han descubierto importantes reservas de gas natural en el país. La evaluación de la empresa internacional Goldyer & Mac Naughton estima que estas reservas son de 52 trillones de pies cúbicos en 2003. Se trata de la segunda reserva de gas natural más importante de América del Sur según el International Energy. Las reservas certificadas en la subregión sudamericana alcanzaron a 123.7 trillones de pies cúbicos: 42 por ciento pertenece a Bolivia, un 20,8 por ciento a Argentina y un 16,6 por ciento a Venezuela. Ahora bien, una vez cubiertas la demanda interna y los contratos de exportación en la subregión, queda lo suficiente para exportar a otros lugares. No se trata, entonces, de un problema de escasez de gas. El problema se sitúa más bien en la propiedad de las reservas de gas, la transformación y la distribución de este recurso, así como en los ingresos que podrían obtenerse si el Estado boliviano exportara sin intermediario.

Por qué exportar

El gobierno boliviano propuso la exportación a raíz de la oferta de un consorcio internacional (Pacific LNG), que intenta exportar el gas en California y México. Para llegar hasta esos mercados, se propone la construcción de un gaseoducto hasta un puerto chileno (Bolivia no tiene acceso al mar) para luego licuar el gas en una central de alta tecnología bajo control de Pacific LNG y transportarlo finalmente en barco hasta los mercados norteamericanos. Para que el precio sea competitivo, es decir, para que las ganacias sean consideradas aceptables por el consorcio, tomando en cuenta el costo de transformación y transporte, se pide al Estado boliviano que disminuya sus exigencias monetarias, las que, como ya se dijo, ya se han visto reducidas a causa de la Ley sobre los hidrocarburos de 1996. Esta demanda es impugnada por amplios sectores de la población, ya que las divisas que Bolivia obtendrá con este proyecto son de 70 millones de dólares por año contra 1300 para la Pacific LNG. Por cada dólar pagado en impuesto en Bolivia, las petroleras obtendrán veinte.

Los representantes de los movimientos de oposición a la exportación del gas sostienen que las ganancias económicas serán escasas y no servirán para atenuar la crisis económica que prevalece en el país. Alegan que la historia de Bolivia pone de manifiesto, de manera bastante patética, que el saqueo de los recursos naturales no ha favorecido un desarrollo sostenible: vender los recursos al Estado de materia prima, sin valor añadido, reduce considerablemente las entradas financieras y no desarrolla empleo por medio de industrias conexas de transformación o servicio.

En efecto, la rentabilidad de las empresas transnacionales es considerable. Además de la exportación, las compañías realizan ganancias en el mercado interno, puesto que el precio de consumo del gas boliviano es más alto que en Argentina o Venezuela. En este contexto, casi todos los sectores de la población se oponen a la exportación del gas ya que, una vez más, los bolivianos verán partir sus reservas de gas sin poder aprovecharlas para favorecer el desarrollo íntegro y duradero del país.

Además, el proyecto de exportación del gas, a través de Chile, no se presentó de manera transparente. Aparte de los conflictos históricos entre Bolivia y Chile sobre un acceso al mar, el gobierno parece haber actuado con parcialidad. En efecto, la empresa encargada de hacer un estudio de viabilidad –la que era supuestamente autónoma– estaba vinculada a algunas esferas del gobierno. Este procedimiento creó una profunda desconfianza.

En resumen, la situación implica tres elementos: las compañías realizan ganancias juzgadas no equitativas; el gas no se utiliza para promover el desarrollo del país, y la exportación a través del territorio chileno no se considera aceptable. Al reunir esos tres elementos, la mayoría de los bolivianos dice que prefieren que el gas permanezca enterrado antes que regalarlo. Piensan que los esfuerzos deben dirigirse a la búsqueda de medios que permitan transformarlo en el país y servirse como un motor económico que favorezca la industrialización y el empleo.

La actual crisis revela que la población está cansada de las soluciones a corto plazo, y que está cansada de la pobreza. Percibe que el modelo económico, basado en la exportación de los recursos naturales, no contribuye al desarrollo social y económico. Al contrario, que sólo deja tras suyo desolación y depredación medioambiental.

Aunque podemos interrogarnos sobre el realismo de estas pretensiones a corto plazo, no es menos cierto que es justo y pertinente exigir del gobierno existente el valor de tener una visión a largo plazo, basada en la justicia social y no en las exigencias del modelo económico actual –marcado por los dictados del "mercado"–, de buscar un modelo que permita una mayor justicia en la distribución de riquezas entre los países que poseen las materias primas y las compañías transnacionales y lograr que el país pueda optar por soluciones que conduzcan a un desarrollo sostenible.

Por el momento, el gobierno hizo oídos sordos al clamor popular enviando tropas que dispararon a mansalva contra manifestantes que solo esgrimían como arma piedras y palos contra tanques y metralletas. En este momento la "democracia" boliviana debería ocultarse de vergüenza ante esta masacre injustificable.


* Frida Villarreal, economista, Ana María Seifert, ergónoma, y Roxana Paniagua, socióloga. Las tres profesionales, de nacionalidad boliviana, residen en Montréal, Canadá.