Rina Bolaño, bacterióloga que trabajaba con una comunidad indígena, ha sido la primera mujer en Colombia que se atrevió a denunciar su violación cometida mientras estaba cautiva por la guerrilla. Pero tras la acusación fue detenida por la policía y acusada de rebelión.

(Mujereshoy) El caso de Rina Bolaño demuestra hasta qué punto los actores armados en el conflicto colombiano ejercen control no sólo sobre el territorio, sino sobre la vida cotidiana, el afecto y el cuerpo de las mujeres, afirman organizaciones de mujeres.

Puesta en libertad tras 46 días en prisión sin que la policía colombiana probara cargos en su contra, Bolaño anunció que trabajaría con la Red de Mujeres Víctimas de Abuso Sexual y otros grupos que impulsan un acuerdo humanitario parcial para proteger a mujeres y niñas colombianas de los sectores armados.

“Su caso es emblemático”, dijo la defensora delegada para la niñez, la juventud y la mujer de la Defensoría del Pueblo, Beatriz Linares.

Bolaño denunció el pasado 2 de septiembre a una fiscalía colombiana que el jefe guerrillero conocido como Beltrán, del frente 19 de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la violó mientras era mantenida en cautiverio.

El frente 19 de las FARC opera en el septentrional departamento del Cesar, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región Caribe, donde tienen presencia el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las paramilitares y derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Bolaño fue secuestrada en dicha zona el pasado 12 de agosto, cuando se desempeñaba como bacterióloga en una empresa de salud que atiende a los indígenas arahuacos, quienes presionaron por su liberación e informaron del caso a la Defensoría del Pueblo. Y fue liberada el 27 del mismo mes.

Poco después de la denuncia de Bolaño, Beltrán la desmintió al entregarse a la policía en la aldea de Pueblo Bello, departamento del Cesar, cuya capital es Valledupar.

Entonces el caso dio un vuelco inesperado: la bacterióloga pasó de acusadora a acusada, pues el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía de inteligencia), la detuvo en Bogotá adonde había llegado en busca de protección.

El 4 de septiembre la defensoría asumió el caso y ordenó que un defensor público se ocupara del proceso por secuestro y violación, radicado en Valledupar.

Ese mismo día, Bolaño se reunió con el jefe del programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación, donde fue informada de que no podía ser protegida “porque el proceso no tiene ningún adelanto”, según relató Linares.

Al día siguiente, Bolaño se entrevistó con el vicepresidente Francisco Santos --máximo responsable de la política de derechos humanos--, quien le ofreció apoyo y contactos para conseguir trabajo.

La bacterióloga decidió instalarse en casa de unos parientes en Bogotá, hasta donde llegaron el 6 de septiembre agentes del DAS con el pretexto de brindarle protección y la “escoltaron” hasta la sede policial.

El domingo 7, Linares supo que “a Rina se la llevaron para el DAS unos agentes que dijeron que actuaban en nombre del vicepresidente Santos”.

Linares decidió confirmar el informe, y allí descubrió el montaje de la policía de inteligencia. Esa misma noche Bolaño fue acusada de rebelión.

“Me llamó por teléfono y me preguntó qué significaba estar acusada de rebelión y por qué había pasado de acusadora de violación a acusada de rebelión”, contó Beatriz Linares.

El lunes 8 de septiembre, la Defensoría en Valledupar constató que la orden de captura había sido expedida el sábado, hecho no habitual por tratarse de fin de semana.

El abogado defensor de Valledupar también encontró que la orden de captura estaba respaldada por declaraciones de tres guerrilleros del ELN que desertaron y se entregaron a las autoridades, según las cuales Bolaño era “la comandante Lenis, alias La Gorda”.

Un cuarto testigo, también desertor del ELN y que dijo no conocer a los otros tres ex compañeros de armas, afirmó haber visto a Bolaño bailando champeta (ritmo que exige gran agilidad corporal) en diciembre de 2000, fecha en que la científica cursaba el octavo mes de embarazo de su segunda hija.

Mientras el caso se hacía visible en los medios de comunicación, los testigos empezaron a contradecirse, según constató la procuraduría regional, que también los interrogó.

Otro indagatoria, solicitada por el defensor público, mostró que los testigos declararon bajo presión, y que finalmente se retractaron. Entonces, solicitó la libertad inmediata de Bolaño y el fin de la investigación en su contra.

“Los que me inculparon luego me defendieron (...) La primera vez que vi a un guerrillero fue el día en que me secuestraron”, declaró Bolaño más tarde, al salir de la cárcel de mujeres de El Buen Pastor, en Bogotá.

La solicitud de libertad estaba lista desde el 10 de octubre, pero la fiscal de primera instancia que la redactó sólo la hizo efectiva el día 22, cuando se conoció el pronunciamiento del fiscal de segunda instancia.

La providencia que condujo a la libertad de Bolaño es considerada ejemplar por las organizaciones de mujeres que han adoptado el caso como símbolo.

Linares señaló que el análisis se centró en los testimonios contradictorios, y reprochó a la fiscal de primera instancia por no haber tenido en cuenta el dictamen forense, según el cual Bolaño mostraba lesiones graves en un seno por las que le reconocieron diez días de incapacidad.

Pese a la contundencia de los hechos, la investigación no concluyó. Rina Bolaño está libre, pero aguarda que su caso finalice, y “eso nos preocupa”, dijo la delegada de la Defensoría del Pueblo, Beatriz Linares.

Los confusos hechos despiertan muchas preguntas de índole jurídica, social y política.

“Lo más aterrador es que las autoridades no den validez a la afirmación de una mujer sin antecedentes contra la palabra de tres desertores que el Estado califica de terroristas”, agregó Linares para quien el caso también tiene antecedentes de machismo.

Lo mismo consideró Felipe Zuleta, a través de su columna en el semanario bogotano El Espectador.

Arbitrariedades y vejámenes como los cometidos contra la bacterióloga ocurren “porque en esta sociedad machista a los hombres no les importa que violen a sus mujeres, siempre y cuando ellas se queden calladas, cosa que no hizo Rina”, escribió Zuleta.

En la actual coyuntura nacional “cada vez es más urgente que los actores armados respeten la vida, dignidad y derechos de las mujeres para que hechos tan aberrantes como el de Rina Bolaño no se vuelvan a repetir”, declaró por su parte la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz.

La organización se apoya en datos de la Comisión Colombiana de Juristas, según los cuales entre julio de 2001 y junio de 2002, 820 mujeres perdieron la vida por la violencia sociopolítica.

De ellas, 415 murieron fuera de combate, 367 por ejecución extrajudicial u homicidio político, 26 por desaparición forzada y 22 por homicidio contra personas socialmente marginadas.

Algunas versiones indican que la rendición de Beltrán fue obligada por sus jefes, a quienes no interesa fomentar la mala imagen de maltrato a las mujeres.

Entre 1996 y 1999 “se produjo un incremento de más del 300 por ciento en el número de mujeres víctimas de secuestro”, señala el informe Violencia sociopolítica contra mujeres y niñas en Colombia.

En ese período fueron secuestradas 272 mujeres, 248 por grupos guerrilleros.

El documento fue elaborado por la Mesa Mujer y Conflicto Armado, en la que confluyen diversas organizaciones, y es el más reciente sobre el tema.

“Con todos los casos de esta índole que ocurren en Colombia, la valentía (de Bolaño) es ejemplar”, concluyó Beatriz Linares.

“Desafortunadamente, por el giro que tomaron las cosas y la actuación de las autoridades, no resulta muy pedagógico pues otras mujeres tal vez lo pensarán dos veces antes de denunciar”, reflexionó.