Perú es el quinto país latinoamericano que ha presentado un proyecto para legislar sobre el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo (junto a Brasil, Colombia, Chile y México). Esto es reflejo de una tendencia internacional que encabezan los países donde estas parejas tienen acceso al matrimonio en igualdad de condiciones que las heterosexuales: Holanda, Bélgica y Canadá.

(Mujereshoy/Cimac, Gabriela Granados). A menos de una semana del cierre de la legislatura peruana, y en un clima de intrigas políticas que llevaron a la renuncia de la Primera Ministra Beatriz Merino, tras acusaciones de ser lesbiana, el 11 de diciembre la legisladora Martha Moyano –hermana de María Elena Moyano, dirigenta popular asesinada en 1992 por Sendero Luminoso– presentó al Congreso una iniciativa para legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo.

Este segundo proyecto de ley peruano (el primero fue presentado en 1993) ubica a ese país como la quinta nación latinoamericana donde se discute este tema a nivel parlamentario (junto con Brasil, Chile, Colombia y México).

Sin embargo, esos esfuerzos enfrentan fuerte oposición de los conservadores de diversa orientación, tal como sucede en México con el actual debate sobre la iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia. Es decir, que corre el riesgo de ser nuevamente detenida, a partir de la opción del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, de realizar una consulta popular al respecto.

Algo así fue lo que sucedió el 26 de agosto de 2003 con la iniciativa impulsada por los senadores colombianos Piedad Córdoba y Carlos Gaviria, que, a pesar de las opiniones favorables de tres ex presidentes (entre ellos el actual Secretario General de la OEA, César Gaviria), fue bloqueada por los legisladores conservadores y partidarios del presidente Álvaro Uribe, en consonancia con una campaña que descalificaba el proyecto como “contrario al mandato divino”.

En duda, el derecho civil a decidir la vida privada

El 10 de junio de 2003, la Corte de Apelaciones de Ontario, Canadá, decidió que la prohibición de casarse para las parejas homosexuales era inconstitucional. El 18 de noviembre, la Corte Suprema de Massachussets, Estados Unidos, falló a favor de siete parejas del mismo sexo que deseaban unirse en matrimonio, con el mismo argumento: inconstitucionalidad.

La diferencia entre el caso canadiense y el estadounidense es que en Canadá ninguna otra de las provincias, ni el entonces Primer Ministro Jean Chrétien se opusieron a la decisión de la Corte; pero en Estados Unidos hay un movimiento organizado en contra: ese mismo mes de noviembre, un juez de Nueva Jersey desechó el reclamo de otras siete parejas homosexuales a las que se negó el derecho a contraer matrimonio.

George W. Bush apoya totalmente el proyecto para enmendar la Constitución federal de Estados Unidos y restringir explícitamente el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer. La llamada Acta de Protección del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés) fue desechada en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton; pero fue nuevamente propuesta en mayo de 2003 por la congresista Marilyn Musgrove, y existe a nivel estatal en 37 entidades del vecino país.

Contradicciones en el país de las libertades

El caso estadounidense es digno de profundizar. En septiembre, el entonces todavía gobernador de California, Gray Davis, firmó la ley AB205 que expande los derechos reconocidos a parejas del mismo sexo, en particular los relacionados con la custodia de los niños, el patrimonio común en caso de fallecimiento y la elegibilidad conjunta para créditos.

Pero al mes siguiente, grupos conservadores e importantes políticos realizaron la llamada Semana de Protección del Matrimonio, enarbolando la retórica de que otorgar derechos a los homosexuales ataca y debilita a los matrimonios heterosexuales, desde la perspectiva de la ley natural y divina que, dicen, ordena las relaciones hombre-mujer.

Después de todo, no fue sino hasta 1967 que la Suprema Corte de Estados Unidos falló en contra de la prohibición del matrimonio interracial, vigente en 16 estados de la Unión Americana en esa época. Y sólo a fines de junio de 2003 lo hizo en contra de la ley que prohibía en Texas las prácticas sexuales distintas al coito vaginal heterosexual (también vigente en otros 12 estados).

En ese estira y afloja, actualmente Hawai, California, Connecticut y el Distrito de Columbia otorgan algunos beneficios sociales y tienen registros locales de parejas del mismo sexo (con excepción de Connecticut). Vermont reconoce las uniones civiles, y se espera que a partir de mayo del 2004 se concrete la reciente decisión de la Suprema Corte de Massachussets.

Distintos niveles de reconocimiento en el mundo

A nivel internacional, varios países reconocen los llamados beneficios sociales a las parejas del mismo sexo: derechos a recibir una herencia, a inscribir a la pareja en la seguridad social, a tomar decisiones médicas, entre otros. Entre ellos se encuentran Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Costa Rica (el Instituto Nacional de Seguros).

Otras naciones tienen registros de parejas de hecho que incluyen a las del mismo sexo, o las incluyen en leyes sobre temas particulares, como el empleo, la propiedad, la violencia doméstica, la migración o incluso la tecnología reproductiva. En esa categoría encontramos a Nueva Zelanda, Austria, España, Finlandia, Hungría, Suiza, Australia, Israel, Sudáfrica y Gran Bretaña.

En algunos países se han aprobado figuras jurídicas como el Pacto de Solidaridad Civil o la Unión Civil, que son contratos de carácter civil que cubren una mayor gama de aspectos relacionados con la convivencia, e incluyen a parejas del mismo o de diferente sexo. En este caso se encuentran Francia, Alemania, Portugal, Croacia, el estado de Vermont (en EEUU) y la ciudad argentina de Buenos Aires.

Para algunas personas activistas, ninguna de estas opciones implica total equidad, pues se considera a las parejas de hecho o uniones civiles como una categoría menor a los matrimonios, lo cual implica satisfacer más requisitos y ofrecer más pruebas para tener acceso a ciertos servicios. La igualdad total sólo existe en Holanda, Bélgica y Canadá.

Y finalmente, está el polémico tema de la adopción. En muchos países (incluido México) no se necesita haber registrado a una pareja para adoptar niños, además de que existe la práctica de la adopción extralegal. Y en algunos, como Brasil y Sudáfrica, ha sido el Poder
Judicial y no el Legislativo quien ya resolvió a favor de las parejas homosexuales.

Argentina: paradigma latinoamericano

Impulsada en particular por la Comunidad Homosexual Argentina, la Ley de Unión Civil fue aprobada en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el 13 de diciembre de 2002. En los primeros cinco meses de su aplicación (desde la unión de César Cigliutti y Marcelo Suntheim, el 18 de julio de 2003) ha permitido la inscripción ante el Registro Civil de más de 80 parejas con más de dos años de convivencia, en su mayoría del mismo sexo.

El proyecto elaborado por la Dra. Graciela Medina se inspiró en la legislación francesa del Pacto de Solidaridad Civil; sin embargo, no reglamenta los temas de herencia y adopción, que sí estarán incluidos en el proyecto de Ley de Unión Civil que se presentará en febrero de 2004.

Todas nuestras conquistas tienen un efecto disparador en el resto del mundo, dijo Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, quien asegura que más de la mitad de la población apoya el reconocimiento de estos derechos. Ahora esperan que la Cámara de Senadores apruebe (como ya lo hicieron los diputados) la Ley Contra la Discriminación, que incluye la orientación sexual e identidad de género.

Pocos días después de la aprobación de la ley para Buenos Aires, la legislatura de la provincia argentina de Río Negro aprobó otra ley que reconoce derechos a parejas del mismo sexo: acceso a planes de vivienda, licencias de duelo o enfermedad cuando son empleadas de la provincia, y a acompañarse mutuamente en los hospitales públicos. El registro de estas parejas es en el mismo libro donde se inscriben los concubinatos: ante los Jueces de Paz.

Otros países de América Latina

Según datos de la Comisión Internacional para los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, las ciudades brasileñas de Pernambuco (Recife), Río de Janeiro (Río de Janeiro) y Pelotas (Río Grande do Sul) aprobaron en 2001 leyes que garantizan la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo de personas empleadas estatales, y una ley similar fue aprobada en 2002 en Sao Paulo.

Además, a nivel nacional hay una propuesta de unión civil o pareja registrada, presentada cuando era diputada la sexóloga y actual alcaldesa de Sao Paulo, Marta Suplicy, del Partido de los Trabajadores, formación del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

En Chile, tras un proceso iniciado en 1999 por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el Proyecto de Ley de Fomento de la No Discriminación y Contrato de Unión Civil entre Personas del Mismo Sexo ingresó a la Cámara de Diputados el 11 de junio de 2003, con el patrocinio de 19 de los 120 legisladores de esa rama parlamentaria. Aquí llama la atención que son diputados de distintos partidos políticos.

Y mientras en México se espera la resolución del nuevo debate sobre la Sociedad de Convivencia en el Distrito Federal, la senadora colombiana Piedad Córdoba jura que en 2004 presentará por cuarta ocasión el proyecto de ley recién archivado, e integrantes de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP) anuncian que ya elaboran su propia iniciativa para permitir el matrimonio a homosexuales.