(Mujereshoy) Varios parlamentarios y parlamentarias de izquierdas llegaron este lunes a las puertas del Palacio de Justicia de Aveiro (norte de Portugal) para mostrar su apoyo a 17 personas juzgadas en esa ciudad por delitos de aborto, informó la prensa internacional.

Los y las manifestantes, entre los que estaba la diputada del Partido Comunista Portugués (PCP), Odete Santos, su oponen a la ley portuguesa que penaliza el aborto, al considerarla inconstitucional.

A comienzos de diciembre pasado, se inició un juicio en Aveiro contra 17 personas, siete de ellas mujeres, que abortaron en una clínica local, lo que desencadenó una oleada de protestas y la recolección de firmas para pedir un nuevo referéndum para su despenalización.

El fiscal de la República encargado del caso, Manuel Martins, criticó en la audiencia de este lunes la presencia de los y las diputados y dijo que se trataba de un intento de perturbar al tribunal.

Además, recordó que personas con responsabilidades en la elaboración de las normas legales no deberían alterar el proceso, porque “la propia democracia obliga a cumplir las leyes que la Asamblea de la República (parlamento) aprueba”.

Por su parte, el abogado del médico que supuestamente practicó los abortos, Joao Peres, opinó que difícilmente se podrá condenar a su defendido, al no existir ninguna prueba que demuestre que las mujeres estaban embarazadas.

Dicho médico fue acusado en 1997 de presuntamente practicar abortos clandestinos en una clínica de Aveiro a precios que iban de los 50 a los 90 euros.

El juez que sigue el caso, Paulo Brandao, fijó para el día 17 de próximo mes de febrero la lectura de la sentencia.

Según datos oficiales, en 1999 se realizaron en Portugal 491 abortos amparados por legislación lusa de 1997, que sólo permite la interrupción del embarazo en las 24 primeras semanas en caso de malformación del feto o inminente peligro para la vida de la madre y hasta 16 semanas en casos de violación, o de menores de edad.

No obstante, según distintas estimaciones en Portugal se realizan unos 30.000 abortos clandestinos anuales.

En 1998, el Parlamento portugués aprobó, con el voto de la izquierda, un proyecto de ley que despenalizaba el aborto hasta las diez semanas de embarazo, pero la ley no fue promulgada porque el Gobierno convocó para meses después un referéndum sobre el asunto.

En 1998, con la oposición de los partidos de centro y de derecha y del el primer ministro de la época, el socialista Antonio Guterres, se celebró un referéndum que venció el “no” a la despenalización del aborto con 50,91% de los votos contra el 49,09% del “si” y una abstención del 68,06%.