(Mujereshoy) España es uno de los cinco países de la Unión Europea, junto con Francia, Italia, Bélgica y Alemania, que más practica el turismo sexual con menores, según revelan los datos de un informe elaborado por la ONG internacional Save the Children, informa este jueves el diario El Mundo.

En el año 2001, entre 30.000 y 35.000 españoles viajaron a Latinoamérica para tener relaciones sexuales con niños y niñas.

El Caribe, el sudeste asiático, África y Centroamérica son los destinos favoritos de estos turistas.

La ONG afirma que uno de los motivos por los que prefieren a los menores de edad es la creencia que con ellos se está lejos de la amenaza del sida.

Save the Children denuncia que el turismo sexual es una forma de explotación infantil en crecimiento. La ONG afirma que cada año 600 millones de personas realizan viajes internacionales, de los cuales un 3 por ciento (unos 3.552.000 personas) reconoce tendencias pedófilas, según la Organización Mundial del Turismo.

Por su parte, la Red Internacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil sostiene que más de 5.000 niños y niñas españoles están atrapados en redes de prostitución. En el año 2002, se registraron 323 denuncias relacionadas con la explotación sexual infantil (corrupción, tráfico de menores, inducción a la prostitución...), según el Ministerio del Interior.

Ese mismo año se produjeron 8.401 denuncias por desaparición de menores, de las cuales 4.261 eran niñas. Casi la mitad de los niños y niñas víctimas de abusos sexuales en España tiene menos de 12 años y, por lo general, el agresor es varón y en el 20 por ciento de los casos también es menor de edad.

En el documento, internet aparece como el principal medio de difusión de la pornografía infantil, por su anonimato y accesibilidad. La ONG estima que hay cuatro millones de sitios en la red que contienen imágenes de sexo con menores.

Ante la gravedad de la situación, Save the Children propone crear centros autonómicos de tratamiento para víctimas y agresores, formar a los y las profesionales del ámbito judicial, priorizar los juicios con niños y niñas, y adoptar medidas judiciales que garanticen su protección durante el proceso.