(Perú) Hace unos días, los medios de comunicación revelaron el caso de Ivette Santamaría, joven peruana que fuera invitada a la República de Gabón para animar un concurso de belleza; sin embargo, la invitación habría sido parte de un engaño destinado a encubrir un caso de tráfico de mujeres. Como agresor principal se señalaba al Presidente de Gabón, Omar Bongo.

El tráfico de mujeres, niños y niñas es un fenómeno de violación de derechos humanos, fundamentalmente del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal, que se enmarca en un contexto más amplio de discriminación y violencia contra la mujer y que constituye una de las formas contemporáneas de esclavitud.

Asimismo, debe recordarse que en 1993 la ONU resaltó la importancia de condenar la violencia contra las mujeres y niñas como una violación a los derechos humanos que no puede ser avalada por los Estados, quienes deben prevenir estos hechos así como sancionar a sus autores. Incluso, en aquellos casos en que los responsables fueran individuos particulares, el Estado no puede excusar su responsabilidad internacional si es que no obra con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Si esto es claro en relación a los individuos en general, el hecho es más evidente tratándose de funcionarios públicos. En el caso concreto del Perú, de acuerdo a la Convención de Belem do Para, relativa a la violencia contra la mujer de 1994, nuestro país se encuentra obligado a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, velando porque “las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.

En este contexto, se ubica la lamentable situación protagonizada hace unos días por otro Presidente, aunque en este caso sólo de una Región (Región Lima). Efectivamente, Miguel Ángel Mufarech, agredió verbal y físicamente a la suboficial Elizabeth Tello. quien, en cumplimiento de su deber, había actuado ante una infracción de tránsito del chofer del funcionario. Afortunadamente, tanto el Ministro del Interior como el Defensor de la Policía reaccionaron de inmediato a fin de que se cumpla con el respeto a la ley y se sancione esta agresión a la autoridad.

De Gabón a San Isidro, y en una misma semana, las noticias nos muestran cómo los casos de violencia contra la mujer son un fenómeno lamentablemente frecuente, cuyos agresores pueden ser individuos comunes y corrientes pero también funcionarios públicos y que merecen la condena total de la sociedad civil y de las autoridades. Es menester, entonces, seguir de cerca las investigaciones del caso y no permitir que la impunidad se imponga cuando el autor de las agresiones es un funcionario estatal.

Esta es una excelente oportunidad para que la administración de justicia y el Ministerio Público demuestren que la justicia se aplica para todos, sin importar que el agresor sea un chofer de combi o un funcionario que arguye como patética defensa ante los rasguños que presenta la suboficial que “se come las uñas y por eso no pudo arañarla”.


* Abogada. Consultora en Género y Derechos Humanos. Colaboradora de DEMUS.