Este mes, tres ONG iniciaron en Chile y Ecuador una campaña por el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que juzgará por primera vez la violación y la violencia sexual como crímenes de guerra y lesa humanidad. En mayo, la iniciativa se extenderá por otros países del continente para que las mujeres se interioricen de esta nueva herramienta jurídica.

(Mujereshoy) En 1994, durante lo que después se conoció como el genocidio en Ruanda, 500 mil mujeres fueron violadas. En el conflicto en Bosnia, entre 20 y 50 mil sufrieron el mismo vejamen.

La magnitud de estos atropellos a los más básicos derechos humanos de las mujeres y, por cierto, la fuerte presión de organizaciones sociales que visibilizaron el tema, llevaron a que el Estatuto de Roma –que creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998– incluyera la violencia sexual hacia las mujeres como un crimen de guerra y de lesa humanidad. De paso, se transformó en el primer instrumento jurídico internacional con perspectiva de género.

La inclusión de la violación y la violencia sexual bajo la jurisdicción de la CPI, que entró en vigencia en julio de 2002, constituyó un gran logro para los movimientos de mujeres que participaron en su formación. A casi dos años de este hito, las organizaciones apuestan ahora por la difusión de este naciente organismo.

Es por ello que durante marzo la Corporación Promoción de la Mujer, de Ecuador, la Corporación La Morada y la Corporación Domos, de Chile, comenzaron una campaña de fortalecimiento y ratificación –en los países donde no ha sucedido, como Chile– de este instrumento.

“Creemos que en América Latina no se ha trabajado el porqué la CPI es importante para las mujeres, el porqué es un instrumento muy importante para la justicia de género”, cuenta a Mujeres Hoy Lorena Fries, abogada Coordinadora del Área de Ciudadanía y Derechos Humanos de La Morada.

Según la profesional, el protagonismo que tuvieron las ONG de mujeres durante la formulación de esta Corte debería replicarse a nivel regional, donde la discusión para su ratificación e instauración en cada legislación ha estado circunscrita, por ejemplo, a las comisiones de Justicia de cada Parlamento, “espacios generalmente compuestos por hombres”.

Lorena Fries destaca a la CPI como una oportunidad única para avanzar en los derechos humanos de las mujeres. Esto, en la medida que el Estatuto de Roma crea las condiciones para que se modifiquen las legislaciones nacionales y se incorporen los nuevos estándares jurídicos internacionales relacionados con violencia sexual y de género, creando nuevas normas de procedimiento y prueba para las víctimas, asegurándoles la debida protección y reparación.

En pos de este objetivo la campaña se extenderá a diversos países de la región en alianza con otras ONG como Domos Mujer en Perú; Coordinadora de la Mujer en Bolivia; y la sección Mujer de Amnistía Internacional en Urugua y Paraguay, entre otras.

-¿Cuáles son las estrategias de visibilidad en esta campaña por la CPI?
-Una tiene que ver con lo comunicacional, con la publicación de columnas de opinión, de ir permeando medios de comunicación con temas que tienen que ver con el Estatuto, pero a propósito de coyunturas nacionales.

Actualmente en Chile, por ejemplo, la coyuntura es la realización de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech, porque en este proceso estamos ante un riesgo: que la violación y el abuso sexual no sea considerada una forma de tortura.

Entonces, nos hemos dado cuenta que las mujeres no identifican la violencia sexual como tortura. Nos interesa visibilizar esos hechos.

La estrategia que estamos trabajando junto a Ecuador implica el empoderamiento de distintos circuitos claves de mujeres para trabajar el tema del CPI: mujeres periodistas, mujeres parlamentarias, mujeres de ONG y mujeres juezas. Creemos que si todos esos segmentos logran algún grado de interrelación es posible lograr la visibilidad de la CPI como herramienta contra la violencia de género en otras esferas.