(Mujereshoy) El organismo de coordinación colombiano Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra ha enviado un comunicado al presidente de ese país, Álvaro Uribe, para exigir el esclarecimiento de la masacre ocurrida en la región de Magdalena Medio el 16 de mayo de 1988, en la que 25 personas fueron detenidas-desaparecidas y otras asesinadas. El comunicado señala que las acciones del paramilitarismo, en lo fundamental, han estado dirigidas contra la población civil y sus organizaciones populares y sociales. El siguiente es el texto completo del documento.


Barrancabermeja, 11 de mayo de 2004


Doctor
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 Nº 7-26
Palacio de Nariño
Bogotá

La Organización Femenina Popular –OFP– hace siete años está desarrollando una propuesta política desde el ser de las mujeres, que consiste en oponerse a la guerra, oponerse desde la actitud femenina con mucha fuerza, con mucha voluntad, con muchas razones, con muchas justificaciones políticas, económicas, jurídicas y sociales; pero ante todo, con mucha constancia y permanencia en los principios que nos identifican: civilidad y autonomía frente a los actores armados, principios que hemos construido en nuestros treinta y un años de existencia y que los hemos ejercido sin tener en cuenta el actor armado que predomine en la ciudad o región.

Esta propuesta política, es conocida en el mundo público colombiano con el nombre de “Mujeres Contra la Guerra” que se expresa en voz alta en varios lemas, como: “las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra”, “Por la vida no hay derecho a la guerra”, “Ni una mujer, ni un hombre, ni un peso para la guerra”. Es nuestro objetivo último lograr sensibilizar y concretar más de diez millones de mujeres a mediano plazo para movilizarnos en contra de la guerra y a favor de la vida, a través del Movimiento Social De Mujeres Contra La Guerra.

Señor Presidente: Usted, en nombre de los colombianos y colombianas está en proceso de acercamiento, llamados por algunos sectores diálogos con las AUC o paramilitares, y por otros, propósitos de reinserción de actores armados ilegales a la vida civil.

Este proceso se ha adelantado sin tener en cuenta la opinión pública y sin contar con la voz de las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos y de los innumerables crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad, cometidos por el paramilitarismo. El Magdalena Medio, ha sido una de las regiones del país que con mayor rigor ha sufrido los efectos del nefasto proyecto paramilitar. Es de público conocimiento que las acciones del paramilitarismo, en lo fundamental, han estado dirigidas contra la población civil y sus organizaciones populares y sociales.

El 16 de mayo se está cumpliendo el sexto aniversario de la ocurrencia de la masacre conocida como: “16 de mayo del año”. En esta fecha del año 1998, siendo las 7:30 p.m., un grupo de hombres armados a nombre de las AUC o paramilitares, irrumpieron en un bazar popular en que participaban y festejaban los(as) vecinos(as) y moradores(as) de varios barrios como María Eugenia, 9 de Abril, 16 de Marzo, sector sur de la ciudad. En una acción militar violenta (25) personas fueron detenidas-desaparecidas y otras asesinadas.

Seis años después, las familias de las víctimas, la sociedad barranqueña y la comunidad nacional e internacional, siguen esperando respuestas concretas sobre la execrable masacre: ¿Quiénes la realizaron? ¿Quiénes la ordenaron? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes la promovieron y financiaron? ¿Qué autoridades tienen responsabilidad en el crimen? ¿Por qué no se ha determinado la responsabilidad del Estado en la aparición, desarrollo y consolidación del paramilitarismo en la región y en la ocurrencia de la masacre en particular?

La sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad; tiene derecho a que se supere la impunidad y se entronice la justicia; tiene derecho a que los familiares sean reparados integralmente, tiene derecho a que se restablezcan los tejidos sociales fracturados con el crimen. Hoy, la sociedad barranqueña y muy especialmente las familias de los(as) desaparecidos(as) y asesinados(as) tienen el derecho y la oportunidad de tener una explicación cierta, verídica y de primera fuente sobre el paradero de los (as) desaparecidos(as). Consideramos que es la forma correcta de empezar a resarcir moralmente a las familias y a los miembros de la sociedad sobre los cuales se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de las AUC o paramilitares.

Es imprescindible el rescate del derecho a la MEMORIA sobre lo ocurrido en tan fatídica fecha. Es la oportunidad de resarcir la memoria de las víctimas, de rescatar su proyecto de vida, su pensamiento y sus sueños; de conocer las causas por las cuales fueron objetivo de esta criminal acción.

El Estado tiene la ineludible responsabilidad nacional e internacional de dar respuestas a estas legítimas aspiraciones de la comunidad barranqueña y la sociedad entera; que ha acudido a otras instancias de justicia alternativa denominada TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN (mayo 14-15-16 de 1999), buscando respuestas y verdades que se saben no solo desde lo privado, sino en lo público colectivo. Lo que llevó a que el Estado fuera condenado culpable, con sanciones éticas, políticas y morales.

El Estado tiene la obligación de determinar su propia responsabilidad en el surgimiento y consolidación paramilitar y su interminable cadena de crímenes. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar y garantizar que la VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION INTEGRAL se impongan con creces ante el despreciable propósito de cubrir con el manto de la impunidad tan horrendos crímenes.

Señor Presidente: En sus manos está la materialización de este urgente llamado que transporta los sueños colectivos de quienes nos resistimos al olvido y a la muerte y de quienes creemos que la consolidación de un proceso de paz duradero y la construcción de una sociedad auténticamente democrática, descansan en primer lugar, en el entierro definitivo de la impunidad, el surgimiento de la VERDAD, el triunfo de la JUSTICIA y la necesaria REPARACION INTEGRAL a las víctimas y la sociedad. La impunidad estimula el crimen, la JUSTICIA colma de renovadas esperanzas las aspiraciones más sentidas y nobles de la humanidad.

Movimiento de Mujeres en Contra de la Guerra
– Organización Femenina Popular

Copias:
 Al Comisionado de Paz, Dr. Luis Carlos Restrepo
 Miembros Comisión Exploratoria Procesos con las AUC
 Naciones Unidas
 Brigadas Internacionales de Paz
 Equipos Cristianos de Acción por la Paz – ECAP
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 Amnistía Internacional
 Embajada de Holanda
 Embajada de Austria
 Embajada de Suecia
 Embajada de Gran Bretaña
 Embajada de Estados Unidos
 Embajada de Suiza
 Embajada Unión Europea
 Embajada de Canadá
 Embajada Alemana
 Embajada de Francia
 Embajada de España
 Embajada del Japón
 Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU
 Diakonía Colombia
 Consejería en Proyectos - PCS
 USAID
 Organización Internacional para las Migraciones
 Management Sciences Development-MSD
 Christian Aid
 Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos
 Redes de Derechos Humanos Internacionales