El crimen de Sandra Cabrera, secretaria de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) asesinada de un balazo la madrugada del pasado 27 de enero en la ciudad de Rosario, será investigado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Un agente de la Policía Federal argentina podría ser detenido.

(Mujereshoy) La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados tiene 60 días para llevar adelante la pesquisa y elaborar su informe. Fuentes de los tribunales locales adelantaron que esta semana será decisiva en cuanto a la suerte del agente de la Policía Federal Diego Parvluzyk, quien está seriamente implicado en la causa y podría ser detenido a partir de las pruebas acumuladas hasta el momento en el expediente.

La decisión adoptada en la Cámara Baja surgió después de casi cuatro meses en los cuales los vaivenes políticos postergaron el tratamiento de un proyecto original del bloque Afirmación para una República Igualitaria (ARI) que exigía la creación de una comisión especial al respecto.

La idea fue rechazada desde entonces y de plano por el bloque del Partido Justicialista. Pero la madrugada del viernes 14 de mayo, cuando la última sesión del cuerpo llegaba a su fin, los tres legisladores del Partido del Progreso Social (PPS) lograron imponer con sus votos el mandato a la Comisión de Derechos y Garantías.

“Nadie puede negarse a investigar”, sostuvo el diputado Ricardo Reynoso al explicar por qué el PPS privilegió el compromiso político de “esclarecer un caso emblemático” antes que su alianza con el Justicialismo.

Para justificar la posición del bloque cavallerista, el legislador Oscar Urruty manifestó que “la Comisión de Derechos y Garantías tiene por reglamento interno una serie de facultades extraordinarias que le permite investigar y por ello creímos innecesario formar una comisión especial como pedía el ARI”.

Asimismo, Urruty dijo que “si bien en la causa judicial se ha avanzado, no hay hasta el momento ningún resultado sobre el crimen. Y obstaculizar su investigación desde la Legislatura, tal cual lo pretendía el PJ significaba aparecer como parando algo que indudablemente necesita ser investigado desde todos los sectores”.

El proyecto original de la investigación corresponde a la diputada arista Alicia Gutiérrez, quien buscaba crear una comisión especial para abordar el tema. La idea fue apoyada entonces por sus copartidarios, el Socialismo Popular y el radicalismo. Sin embargo, un dictamen de mayoría firmado por los justicialistas propuso rechazar esa iniciativa planteando los límites que la Legislatura tiene para investigar.

Así se llegó a la madrugada del viernes, cuando el PPS propuso que sea la Comisión de Derechos y Garantías la responsable de la investigación. “Es una comisión permanente, pero tiene todas las facultades de una investigadora. La preside un diputado de la oposición como el doctor Raúl Lamberto que conoce la problemática de Rosario y la integra la diputada Gutiérrez”, dijo el legislador.

Finalmente, la propuesta del PPS fue votada por el Justicialismo y los bloques del arco opositor, excepto el ARI, que insistió en su proyecto original de una comisión de 11 miembros en representación de todos los bloques. “La propuesta del PPS es idéntica a la que había planteado oportunamente el diputado (Danilo) Kilibarda y que fue rechazada por nosotros. Nuevamente se expresa la falta de voluntad para investigar”, dijo Alicia Gutiérrez.