Libia Grueso Castelblanco, una mujer de raza negra de 43 años, incansable activista en defensa de los derechos de las comunidades afro de la costera Buenaventura, departamento de Nariño, es una de las seis personas galardonadas este año con el estadounidense Premio Ambiental Goldman, considerado el Premio Nobel Ambiental.

(Mujereshoy) Libia se hizo acreedora del galardón por la estrategia de desarrollo sostenible que dirigió en su región, con base en una alianza entre ecología y cultura. Su gran logro se demostró luego de que consiguiera, con su equipo, que más de 5.9 millones de acres en derechos territoriales fueran reconocidos para las comunidades rurales negras en el Pacífico Sur colombiano.

Castelblanco fue cofundadora del Proceso de Comunidades Negras (PCN) –red nacional que aglutina diversos movimientos afro–, trabajadora social, educadora y ambientalista. Su esfuerzo consiguió que en 1993 el gobierno nacional aprobara la Ley 70, base jurídica que permitió desde entonces, el reconocimiento de los derechos jurídicos, políticos, económicos, territoriales, sociales y culturales de las comunidades negras del país.

De igual forma, en el decenio de 1990 consiguió frenar la explotación –con maquinaria pesada– de oro aluvial en el departamento del Valle del Cauca. De esa manera se evitó una mayor contaminación de los ríos de la región, mortandad de peces y especies acuáticas, como también evitar una crisis alimentaria y de salubridad que pudo haber afectado a toda la comunidad.

“Grueso y el Proceso de Comunidades Negras han sido los más efectivos a la hora de poner en práctica una visión innovadora y una estrategia para el desarrollo sostenible basado en el alianza entre la ecología y la cultura”, dijo Enrique Leff Zimmerman, coordinador de la Red de Entrenamiento Ambiental para América Latina y el Caribe, a propósito del premio.

El texto del Premio Ambiental Goldman indica que Libia Grueso, quien se concentra ahora en proteger la selva tropical del Pacífico colombiano, “ha logrado que se incrementen las restricciones del Gobierno para evitar el daño cultural y ambiental en la costa Pacífica, y ha recuperado la identidad cultural de la región”, y se le menciona como una de las líderes más inspiradoras de Latinoamérica.

Libia Grueso sueña desde ahora con que el Estado colombiano apruebe una política ambiental para la Costa Pacífica, región en la cual confluyen intereses económicos de grandes multinacionales farmacéuticas, de materias primas e hidrocarburos; como también, intereses territoriales y geopolíticos manifestados y practicados por los grupos alzados en armas, que han diezmado y desplazado ha decenas de comunidades negras como indígenas.

Las comunidades afrocolombianas

Libia Grueso fue entrevistada por el portal de noticias Tierramérica, la que fue publicada en la agencia de noticias IPS. Lo que sigue es una síntesis del diálogo de Grueso con Tierramérica.

– ¿Qué significado tiene este premio para usted?
– Libia Grueso: Es una oportunidad para dar a conocer otra cara de Colombia, y especialmente el aporte y valor de las comunidades afrocolombianas del Pacifico.

– ¿A qué se dedica el PCN, que usted representa?
L.G.: A la promoción, protección y aplicación de los derechos étnicos, culturales, territoriales sociales y políticos de las comunidades afrocolombianas y la defensa de los hábitat naturales que les sirven de espacio vital.

– En la vida práctica, ¿en qué ha beneficiado a esas comunidades la aprobación de la Ley 70?
L.G.: Si no existiera esa ley, no tendríamos los programas de etnoeducación para las comunidades afrocolombianas, ni las becas de ayuda para los jóvenes excluidos del sistema educativo por falta de recursos. No existirían los consejos comunitarios que ejercen autoridad dentro de los territorios colectivos; ni los planes de uso y manejo para los bosques y recursos naturales con participación de las comunidades negras que habitan estos territorios. Tampoco funcionarían las comisiones consultivas donde los líderes definen frente a las entidades de gobierno las decisiones que afectan a las comunidades, ni habría representantes en los consejos de las corporaciones, ni existiría en el Ministerio del Interior una oficina de asuntos étnicos para comunidades afrocolombianas. No estaría en construcción un reglamento que regule la explotación minera ni se estaría hablando de normas para la protección del conocimiento tradicional en el uso de plantas medicinales. Y todo eso es sólo parte de la aplicación práctica de la Ley 70.

– ¿Cómo incide el conflicto armado en el trabajo del PCN, y con qué garantías cuenta ese grupo para realizar su labor?
– L.G.: El conflicto impide el desarrollo pleno y la vivencia del derecho al territorio en nuestras comunidades, pone en riesgo especialmente a los jóvenes, y en general a las comunidades afrocolombianas, que son hoy la primera población en desplazamiento forzado. Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en 2002 hubo dos millones de personas desplazadas, y 82 por ciento de ellas fueron integrantes de comunidades afrocolombianas del Pacifico, los montes de María y los valles interandinos.

– ¿En qué utilizará el dinero del premio?
– L.G.: En dos cosas: la compra o construcción de una sede para la organización en Buenaventura, y el saldo en el pago de colegios para mis dos hijos.

El Premio Goldman

Cada año el premio es entregado a seis defensores y promotores del medio ambiente en África, Asia, Europa, islas y naciones isleñas, Norteamérica, Sur y Centroamérica.
El Premio Ambiental Goldman ha sido creado para honorar a personas que se hayan destacado por una notoria defensa del ecosistema. Inicialmente el premio consistía en US$60.000 otorgados por la Fundación Ambiental Goldman, y ha sido aumentado en tres ocasiones hasta alcanzar el monto actual de US$125.000.

Con este galardón se trata de estimular importantes labores continuas de conservación del medio ambiente natural, entre las cuales se incluyan (entre otros asuntos) la protección de ecosistemas y especies en vías de extinción, la lucha contra proyectos destructivos para la naturaleza, el fomento del desarrollo sostenible, la participación activa en políticas ambientales, y la lucha por la justicia ambiental.

Este premio anual fue creado en 1990 por Richard y Rhoda Goldman, con el objeto de demostrar la naturaleza internacional de los problemas ambientales, atraer la atención pública a asuntos mundiales de importancia crítica, recompensar a individuos que hayan impulsado la creación de proyectos ambientales excepcionales e inspirar a otros para que sigan el ejemplo de los galardonados.