El salario del profesorado de enseñanza básica en Bolivia es de 100 dólares y la deserción de adolescentes de la enseñanza media en la Argentina empobrecida es del 60 por ciento. Los gobiernos latinoamericanos asumieron desde fines de los años 80 varios compromisos para alcanzar una educación de calidad para todos en el año 2015. ¿Podrán lograrlo?

(IPS) Los gobiernos latinoamericanos asumieron desde fines de los años 80 varios compromisos con ese horizonte: educación preescolar para todas las niñas y niños entre tres y cinco años, cobertura universal de educación primaria y de 75 por ciento en enseñanza media, y erradicación del analfabetismo adulto.

A pesar de los aumentos del gasto para ese fin en los años 90 en la región, la educación preescolar alcanza hoy el 51 por ciento de la matrícula, la primaria el 93 por ciento y la secundaria el 62 por ciento, mientras que el analfabetismo afecta al 11 por ciento de la población adulta.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), sólo ocho países de América Latina y el Caribe estarían en condiciones de cumplir el desafío (que coincide con las Metas de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas) sin recurrir a fondos extrapresupuestales.

Ellos son Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay, pero siempre que registren un crecimiento constante de 2,6 por ciento anual del producto interno bruto (PIB), aumentando su inversión pública en educación en menos de dos puntos porcentuales por año.

Chile y Costa Rica, aunque gastan proporcionalmente más que la media regional, deberían incrementar la asignación a educación en 2,6 puntos porcentuales para superar un ligero déficit hacia 2010.

En cambio, 12 de los 22 países estudiados por la Unesco y la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) no lograrán alcanzar esas metas sólo con fondos estatales.

El déficit será más agudo para los países con más rezago educativo y con niveles más bajos de PIB por habitante (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua).

Colombia, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, en cambio, deberían ampliar el gasto público en educación en menos de cinco por ciento anual, una proporción menor al incremento de ese rubro durante los años 90, sostienen ambas agencias de Naciones Unidas.

Los recursos adicionales necesarios para alcanzar las metas en 2015 ascienden a 149.000 millones de dólares, aproximadamente 7,5 por ciento del producto interno bruto de 2000 en los 22 países analizados.

En aquel año, el gasto público en educación en toda la región ascendió a 81.900 millones de dólares.

Los datos forman parte del estudio Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe, presentado el miércoles en Puerto Rico durante el trigésimo período de sesiones de la Cepal, que se celebra entre el lunes y este viernes.

No sólo la cobertura debe mejorar. Los grados de deserción en educación primaria y media y la calidad de la enseñanza están muy lejos de los promedios de países industriales.

En las reformas educativas de los años 90 “se mantuvo el interés por asegurar el acceso universal, pero sin asegurar la finalización de los estudios de primaria y secundaria”, dijo a IPS desde Puerto Rico la directora de la Oficina Regional de Educación de la Unesco, la brasileña Ana Luiza Machado, entrevistada por correo electrónico.

Con 27 por ciento de estudiantes retrasados en las escuelas en función de la edad, la región desperdicia unos 12.000 millones de dólares por año, estima el estudio.

“La repetición y la deserción continúan siendo un problema de eficiencia en los sistemas educativos de la región. El énfasis en las reformas de los 90 estuvo centrado en la calidad de los insumos sin considerar la calidad de los resultados efectivos de los aprendizajes”, añadió Machado.

En pruebas que miden aprendizaje en lenguaje y matemáticas, los países latinoamericanos se ubican sistemáticamente en los últimos lugares comparados con el promedio de países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del sudeste asiático.

Durante los años 90 en América Latina y el Caribe, “el gasto en educación, como promedio, aumentó de tres a 4,1 por ciento del PIB, con diferencias fuertes entre países”, dijo a IPS también desde Puerto Rico el secretario ejecutivo de la Cepal, el economista argentino José Luis Machinea.

“Los países de la OCDE tienen un promedio de 5,5 por ciento, pero con PIB cuatro o cinco veces superiores, y con una situación demográfica más holgada”, añadió.

“Pese a la contracción financiera de fines de los 90” en América Latina, “no disminuyó la participación del gasto educativo en términos relativos ni absolutos. Los países internalizaron un comportamiento contra-cíclico, entendiendo que no hay marcha atrás en el esfuerzo educativo”, aseveró.

El estudio analiza varios caminos para reforzar la asignación de recursos, como redirigir el gasto público en busca de mayor eficacia, ampliar o reorientar la carga tributaria, encauzar el aporte privado (de familias y empresas) a la educación y recurrir al canje de deuda pública en inversiones educativas, entre otros.

Para Machado, no hay un debate entre enseñanza pública y privada. “La educación es una responsabilidad del Estado y en su gestión y/o financiamiento puede aunar esfuerzos con el sector privado, asegurando no caer en un mercantilismo simple. La educación no es un negocio”.

En cambio, Machinea estimó que “el debate sobre educación pública y privada no está superado, pero no debe verse en términos de disyuntiva sino de complementariedad”.

“Lo que importa es encontrar mecanismos de regulación por parte del Estado que permitan potenciar el aporte privado”, velando “por la equidad en el acceso a educación pertinente”, añadió.

¿Cómo asegurar esa equidad cuando la mayor parte de la financiación privada en educación se da a través de las familias?

“Si la participación del gasto familiar en educación aumenta proporcionalmente en relación al gasto total en el sector, el temor es que las familias reciban el tipo de educación que están en condiciones de pagar, discriminando en contra de los más pobres”, admitió Machinea.

“Es muy importante que el Estado vele por compensar las diferencias de ingresos de las familias con transferencias intrasistema, focalizando inversiones públicas en sectores más vulnerables”, opinó.

El canje de deuda por educación es una reivindicación de varios países, como Argentina, Brasil y Perú.

“Hay un grupo de países en la región que, por las brechas que padecen respecto de metas mínimas de cobertura educativa, deben contar con el apoyo de la comunidad internacional. En ese contexto cabe discutir el canje de deuda”, dijo Machinea.

Pero, “el problema fundamental es que los países beneficiarios pueden quedar estigmatizados y ver limitado su futuro acceso a financiamiento para el desarrollo”, aseveró.

En materia de cooperación internacional para la educación, el estudio señala que los planes implementados en los últimos 40 años lograron resultados “menores” que obligan a repensar las estructuras tradicionales.

Se sugiere abandonar el enfoque de modelo único y un cambio de actitud de los países donantes y las agencias de cooperación “desde la imposición vertical hacia una relación más horizontal”, respetando las prioridades del país socio.

Esa percepción de imposición de modelos y reformas existe en las comunidades educativas.

Los docentes “han estado más bien ausentes en las decisiones de reformas y es un desafío lograr su participación efectiva en los cambios requeridos”, admitió Machado.

“El Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (adoptado en La Habana en 2002) reconoce que los cambios promovidos desde arriba y desde fuera de las escuelas no logran modificaciones sustantivas en el aprendizaje de los alumnos”, sostuvo.