Amnistía Internacional pidió al nuevo gobierno español que adopte medidas contundentes frente a la creciente violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito familiar. La solicitud corresponde con la revisión del quinto Informe que ese país presenta al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.

(Mujereshoy) Las cifras hablan por sí solas. Solo en lo que va de este año, en España han muerto más de 30 mujeres víctimas de violencia.

Pero es peor, porque se calcula que durante el último tiempo, más dos millones de españolas han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas y se estima que el 97 por ciento de las que sufren violencia intrafamiliar, simplemente no la denuncian.

“En los dos últimos años las autoridades españolas no han hecho lo suficiente con respecto a los motivos de preocupación de la ONU. El nuevo gobierno, que comenzó su mandato en marzo de 2004, debe intensificar sus esfuerzos en este sentido”, manifestó Amnistía Internacional, a través de un comunicado.

En el informe Spain: Brief of information…*, Amnistía Internacional examina cómo y en qué medida las autoridades españolas han cumplido sus obligaciones internacionales en materia de violencia contra la mujer, en los últimos dos años.

El organismo utiliza el informe para presentar al Comité de las Naciones Unidas diversas recomendaciones que las autoridades españolas deben aplicar para combatir de manera más eficaz la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

Pero, además, agregan distintos casos de mujeres agredidas que, por diversas negligencias del sistema de denuncia y protección, continuaron en el círculo de violencia sin recibir el debido apoyo.

“El gobierno español debe tomar medidas para prevenir tales hechos”, insistió Amnistía y agregó en su comunicado que éste debe, además, “garantizar que los funcionarios del Estado asuman su responsabilidad en vez de eludirla alegando deficiencias burocráticas. Si no protegen a las mujeres víctimas de violencia se les deben exigir responsabilidades.”

El organismo internacional fue más duro en su crítica insistiendo que resulta preocupante que el gobierno español “no proteja los derechos humanos de las mujeres” porque las deficiencias del sistema estarían entorpeciendo el cumplimiento de las demandas efectuadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.

Amnistía Internacional detectó que en España faltan investigaciones sobre las necesidades de las víctimas de violencia contra las mujeres y de los grupos más vulnerables de mujeres, como las inmigrantes, las mujeres objeto de trata, las mujeres de zonas rurales y las mujeres con discapacidad.

Además, reveló una falta grave de coordinación entre las regiones autónomas y el gobierno central, así como también la falta de centros de acogida públicos para mujeres víctimas, entre una larga lista.

Sin embargo, al llegar al poder, el nuevo gobierno del Partido Socialista (PSOE) propuso un proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres que abarca políticas de prevención, apoyo a las víctimas, investigación y sanción de la violencia.

Ante esto, Amnistía Internacional manifestó que “acogemos con satisfacción el deseo declarado del nuevo gobierno español de tomar medidas para combatir la violencia contra las mujeres”. Sin embargo, recalcó la urgencia de eliminar todas las lagunas jurídicas que puedan menoscabar la eficacia de la legislación propuesta y detener, así, la dramática alza de violencia contra las mujeres que se percibe en España durante los últimos años.

La realidad española

España ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1984. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinará el quinto informe periódico de España el 7 de julio de 2004.

Según un estudio de 2002, del Instituto de la Mujer de España, ese año más de dos millones de mujeres sufrieron violencia física, psicológica o de ambas clases a manos de su pareja.

Fuentes judiciales indican que entre 2002 y 2003 fueron asesinadas por familiares suyos 131 mujeres, lo que supone un aumento del 59 por ciento en un año y pone, por tanto, claramente de manifiesto la falta de eficacia de las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres.


* Spain: Brief of information from Amnesty International with respect to the fifth report presented by Spain before the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.