Controversia genera en México el informe presentado por la fiscal especial sobre el feminicidio en Ciudad de Juárez. Mientras ella afirma que la mayoría de los casos estarían resueltos, las organizaciones de mujeres y grupos de derechos humanos denuncian negligencia en las pesquisas. De hecho, se investiga por esta causa la acción de decenas de funcionarios policiales.

(Mujereshoy) En una conferencia de prensa catalogada como “confusa” por distintos medios locales, la fiscal especial para los casos de Juárez de la Procuraduría General de la República, María López Urbina, informó que estarían resueltos cerca del 93 por ciento de las 4.454 denuncias por desaparición de mujeres registradas en la última década en la fronteriza ciudad mexicana.

López Urbina agregó que solo faltaría por resolver el paradero de 35 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas en la última década.

Ante los cuestionamientos de la prensa local y según señala el portal Mural.com, Urbina habría aclarado que dichas desapariciones no tienen relación con los 307 asesinatos que se reconocen oficialmente y que han ocurrido en Juárez desde 1993.

Vale la pena recordar que según cifras de los organismos no gubernamentales y otros vinculados a los derechos humanos, dichos crímenes superarían los 400 casos.

Por otra parte, la fiscal aprovechó la conferencia de prensa para anunciar la captura de José Abraham Ortiz Martínez, presunto asesino de una de las víctimas de Juárez, Miriam Soledad Sáenz Rivera. Este es el primer caso que la fiscalía consigna desde que fue creada, en marzo pasado.

En esta misma línea, el portal Mural.com indica que la fiscal habría rechazado que en Juárez haya “feminicidios”. A juicio de la funcionaria, de acuerdo a los códigos vigentes, lo único que habría encontrado la Procuraduría en sus investigaciones sobre los casos de mujeres asesinadas, son homicidios, parricidios e infanticidios.

Sin embargo, el Diariomexico.com agrega que la fiscal habría reconocido que tanto en los casos de desaparición como en los de homicidio, se han registrado causas multifactoriales, en donde también aparecen el narcotráfico y la delincuencia organizada. Investigaciones que aun estarían en curso y cuyos resultados se darán a conocer en un siguiente informe.

Encontrando a las desaparecidas

Durante la polémica conferencia de prensa –que fue transmitida por teleconferencia desde la misma Ciudad de Juárez– la fiscal resaltó la prolífica labor de búsqueda que han realizado las dos brigadas especiales creadas para tales efectos y que están integradas increíblemente sólo por seis agentes del Ministerio Público, dos agentes de investigación y un perito en fotografía.

El Diariomexico.com añade además, que la fiscal –bastante errática en sus afirmaciones– no habría explicado la metodología utilizada para interpretar las cifras de los casos resueltos que se anunciaron. El diario electrónico deja entrever un cuestionamiento a la repentina eficacia policial alcanzada en pocos meses, ante un fenómeno que en más de una década no se había resuelto.

El portal mexicano especializado en noticias de género, Cimacnoticias.com, fue más duro aun, al calificar como una “burla” las declaraciones de la fiscal Urbina.

Cimacnoticias.com informó que diversas activistas e integrantes de organismos de derechos humanos, cuestionaron directamente a la fiscal, planteando incluso un posible encubrimiento.

Según publica dicho portal, Ester Chávez, directora de Casa Amiga especializada en los feminicidios de Juárez, habría declarado: ¿Por qué lo niega? ¿De qué se trata? ¿A quién trata de encubrir? Y, si no existe evidencia de feminicidio ¿Qué puede decir de las 90 mujeres que responden al patrón de asesinatos seriales?

En tanto, la abogada Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), habría calificado las afirmaciones de la fiscal sólo como una opinión personal sobre los casos.

Más aun, Cimacnoticias informa que la abogada de la Comisión habría hecho un llamado al titular de la Procuraduría General mexicana, para que vigile el trabajo de la fiscal López Urbina. “No hace lo que corresponde y además es sospechoso que presente el caso de una mujer que no existe en los registros y no tiene familiares”, habría señalado la abogada Carmona, al referirse al caso del presunto asesino capturado de una de las víctimas en Juárez.

Sea como fuere, el ombudsman de ese país, José Luis Soberanes, volvió a insistir que mientras siga existiendo aunque sea una sola mujer asesinada o desaparecida en Juárez y en todo México, es necesario hacer todo lo posible para esclarecer completamente los casos.

En una reunión de trabajo con las y los legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de ese país, el ombudsman fue enfático al reiterar que hay que coordinar todos los entes estatales para detener las desapariciones y muertes de mujeres.

Funcionarios cuestionados

Por otro lado, en distintos medios electrónicos mexicanos –entre ellos Diario.com.mx– se informa el refuerzo en la investigación que se sigue por presunta negligencia de funcionarios estatales en las indagatorias para esclarecer los asesinatos en Juárez.

La misma fiscal María López Urbina solicitó, en junio pasado, el arresto de 81 funcionarios que habrían incurrido en serias faltas durante las investigaciones de los asesinatos en Juárez, antes de la creación de la fiscalía especial, a principios de este año.

Las líneas de investigación para comprobar las presuntas negligencias, barajan la omisión de antecedentes que relacionarían los crímenes en Juárez, con redes de narcotráfico que incluso se extenderían a otros países de Centroamérica.

El Diario de Yucatán señala que las investigaciones para establecer si hubo negligencia en la actuación de los funcionarios que participaron en las indagatorias de homicidios de mujeres, están siendo realizadas por la Contraloría de Asuntos Internos (CAI), según informó la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado.

Actualmente, se estarían analizando minuciosamente los expedientes y los informes de varios casos, y hasta el momento, de los 50 que han sido revisados en primera instancia la fiscal federal, 29 de ellos presentan posibles irregularidades.