La intervención del Estado no alcanza para prevenir y contener la violencia creciente contra las mujeres. Así lo sostienen numerosas organizaciones de mujeres de Córdoba. Cuestionan la inexistencia de una Ley específica a nivel provincial y la falta de capacitación en los propios juzgados donde acuden las víctimas.

Además, al programa de Violencia Familiar del gobierno provincial le critican, entre otras cosas, la falta de articulación con la policía y la justicia. “La violencia familiar es un delito y no debe ser despojada de esta connotación”, asegura la Asociación Sagrada Familia.

La violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes maneras y en distintos ámbitos: en la familia, en la calle, en el trabajo, en las escuelas, en las iglesias, en las instituciones en general. En el ámbito familiar es la principal causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años. En Córdoba, así como en el resto de las ciudades del mundo, las denuncias no reflejan la real dimensión del problema, ya que se trata de casos que, en general, no se denuncian.

En la provincia, la Gerencia de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar –creada en agosto de 2003– coordina dos programas: el de Violencia Familiar y el de Asistencia a la Víctima del Delito.

El primero cuenta con un programa de becas implementado en el mes de septiembre del año pasado, denominado “Nueva Vida”. Éste asigna durante seis meses un subsidio monetario a las personas que viven situaciones de violencia familiar para “soslayar los riesgos derivados de la cohabitación con el agresor, estableciendo una nueva residencia”. En la actualidad hay 166 personas percibiendo la ayuda.

El lanzamiento del programa Nueva Vida triplicó la tarea asistencial de esa dependencia. Si bien cuando comenzó se esperaba una mayor demanda ligada a la posibilidad de solicitar una beca, los responsables del área aseguran que el aumento en los pedidos de ayuda se relacionó de manera directa con la instalación del tema en los medios de comunicación a raíz de las publicidades que formaron parte de la campaña electoral del oficialismo en octubre del año pasado.

La estadística indica que mientras entre octubre 2002 y agosto de 2003 las solicitudes en la Gerencia habían oscilado entre los 123 y los 174 casos, éstos se elevaron a 341 en septiembre y 332 en octubre, durante la campaña publicitaria electoral, cayendo levemente a 290 en noviembre. Sin difusión masiva, la demanda en la Gerencia fue de 230 en diciembre; 62 en enero; 230 en febrero; 311 en marzo; 214 en abril y 229 en mayo pasado.

Un dato del mes de junio último confirma la relación directa entre difusión del tema y aumento en las denuncias. Al día siguiente de la emisión de un informe sobre violencia familiar por un canal de televisión, se triplicaron los pedidos de ayuda en Violencia Familiar. El Programa cuenta con un equipo técnico integrado por seis psicólogos, tres abogados, cuatro trabajadores sociales y cuatro empleados administrativos.

“Tenemos una frecuencia mensual de unos mil casos que pasan por Violencia Familiar, la mayoría de ellos recibe atención psicológica grupal”, indicó Marcelo Cusmaúl, psicólogo del programa.

La Gerencia trabajó hasta ahora de manera centralizada, recibiendo casos de toda la provincia, pero en los últimos meses inició un proceso de descentralización.

En esta etapa se estableció con municipios y comunas distintos modos de intervención, que pueden agruparse en tres categorías. Una, centrada en un trabajo de sensibilización y capacitación. Una segunda, de sensibilización y capacitación en la asistencia. Y un tercer grupo al que se brindó capacitación en la asistencia y con quien además hace 15 días se firmó un convenio de creación de Centros de Atención en Violencia Familiar.

Posturas

“El programa Vida Nueva es insuficiente y adolece de criterios básicos para el abordaje de esta problemática”, aseguran desde la Asociación Sagrada Familia, una organización no gubernamental (ONG) que se dedica a la prevención, tratamiento y estudio de la violencia familiar.

Entre otros aspectos, cuestionan el hecho de que este programa se sustente a partir del alejamiento de la víctima de su hogar, no contemplando otras opciones, tal como excluir al agresor. “Alejar a la mujer y sus hijos no garantiza la distancia con el victimario y la exclusión significa un nuevo despojo”, advierte Ruth Ahrensburg, la psicóloga que preside la institución.

En el mismo sentido se pronunció la coordinadora del equipo de Género del Servicio a la Acción Popular (SeAP). “El programa es limitado, no resuelve la cuestión. En seis meses la mujer no resuelve su vida. Estos son casos complejos, además, la mujer que abandona su casa tiene que enfrentarse, entre otras cosas, a un lugar desconocido”, señaló Gabriela Rotondi.

Para Cecilia Ré, del área Género del CECOPAL (Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal) el programa no responde globalmente al problema. En referencia a los servicios brindados por el Programa de Violencia Familiar, consideró que “es fundamentalmente de asistencia, pero no tiene un abordaje integral”, además de no contar con suficiente difusión.

“Las mujeres golpeadas no encuentran protección ni en el Estado ni en el ámbito de la sociedad civil; son mínimos los recursos disponibles para las mujeres”, asegura Gabriela Rotondi.

La asociación Sagrada Familia sostiene que hace falta la adhesión a nivel provincial a la Ley Nacional 24417 de Violencia Familiar porque “sin esta instancia legal, la violencia familiar no constituye delito. Con una legislación actualizada y vigente se consolida todo programa de prevención y acción, sin que éstos tengan connotación asistencial o política”, aseguran.

Para Gabriela Rotondi, si bien la implementación de una ley provincial contribuiría a mejorar el abordaje del problema, lo que hace falta es “una tarea en el marco del cambio en las representaciones sociales; que este problema se vea como de salud pública; que lo tomen los distintos sectores. No es suficiente que lo tomen algunos -advierte- hay que instalar espacios educativos, impulsar desde el movimiento de mujeres estrategias para atender a las mujeres con casos concretos de maltratos”. Rotondi subraya que hace falta “un abordaje complejo para poder intervenir como sociedad desde los distintos actores y desde las distintas políticas públicas”.

Por su parte, la abogada Silvia Juliá señaló que uno de los problemas es la falta de una ley provincial que obligue a los jueces a tomar determinadas medidas ante un caso de violencia. “La ley nacional 24417 plantea que toda persona puede recurrir al juez con competencia de Familia y solicitar medidas cautelares. Pero la Provincia no adhirió”, recuerda Juliá.

Y advierte: “hay cosas que la ley sola no va a solucionar”, como la falta de capacitación. En ese sentido, aseguró que los juzgados de Familia, por ejemplo, reproducen los estereotipos de género. “Hay casos de abuso en los que las madres están peleando varios años para impedir el contacto del abusador con la víctima”, indicó la representante legal de Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba.

La violencia ejercida contra las mujeres es un tema alrededor del cual los organismos internacionales se han pronunciado no hace muchos años atrás.

La primera declaración a nivel regional (OEA) sobre la violencia de género es de 1994: la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, conocida como Convención de Belém do Pará. Por primera vez este año, entre los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, lanzó una campaña a nivel mundial para luchar contra este flagelo.

A nivel local, las organizaciones no gubernamentales que trabajan desde una perspectiva de género también reconocen que el tema de la violencia contra las mujeres y específicamente la ejercida en el ámbito familiar, es una deuda pendiente. El año pasado trabajaron sobre la recopilación de normales legales como base para comenzar a debatir una futura ley provincial, la presentaron en la legislatura, pero no recibieron respuesta. Este año, el Movimiento de Mujeres de Córdoba creó la “Comisión contra la violencia sobre la mujer”. Desde hace un mes, se reúnen semanalmente para analizar y debatir el tema.