Un tribunal para hacer visible las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres fue una de las propuestas que destacó en el taller sobre el impacto del ALCA en los derechos económicos, sociales y culturales y el género en el Primer Foro Social de las Américas (FSA).

(Mujereshoy) El taller fue organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y contó con una numerosa participación que obligó a cambiar el aula inicial en la torre 1 de la Universidad Católica, por uno de los auditorios a fin de poder acoger a todas las presentes.

María Eugenia Ramírez, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos de Colombia (ILSA), que impulsa el Tribunal en su país, afirmó que con este esfuerzo se está avanzando en hacer visibles los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las mujeres, en posicionar el tema en la opinión pública y en la argumentación de los casos emblemáticos de violaciones a estos derechos.

El Tribunal Regional de las Mujeres por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un proyecto iniciado hace dos años por organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres de cinco países: Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, y a los que recientemente se sumó Argentina.

Esta iniciativa busca también contribuir a la exigibilidad política y jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres de la región y contempla la realización de tribunales nacionales en cada uno de los países para luego llegar, con casos emblemáticos, al tribunal regional.

María Eugenia Ramírez sostuvo que es importante conocer lo que son el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y los tratados de libre comercio, y sus implicancias en los derechos económicos, sociales y culturales. “Tenemos que hacer una vuelta a los Pactos Internacionales para que se sepa que tiene que ver con nosotras”.

Tenemos que trabajar la perspectiva de los DESC desde las mujeres –agregó– y desde allí entender al ALCA como una institución más de explotación y exclusión hacia nosotras.

Planteó la necesidad de trabajar en proyectos y alianzas conjuntas en medio de la diversidad de los movimientos de las mujeres, que permitan acordar acciones conjuntas posibles de impulsar en los países del hemisferio.

“A la acción política –puntualizó– hay que sumar la acción jurídica y para eso está este tribunal de exigibilidad que nos permitirá trabajar por la justiciabilidad de nuestros derechos económicos, sociales y culturales”.

Derechos económicos, sociales y culturales

Las organizaciones de derechos humanos se han preocupado de los derechos civiles y políticos a lo largo de los últimos decenios. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado fuerza la idea de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Se considera entonces que si no se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales, se violan los civiles y políticos.

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son aquellos que hacen posible lograr un nivel de vida adecuado para las personas. Cubren las siguientes áreas:

• la igualdad entre hombres y mujeres
• la accesibilidad y las condiciones de empleo
• la sindicalización
• la seguridad social
• la prioridad a la familia y a la protección especial a niños y niñas
• el disfrute de la cultura
• la alimentación
• la vivienda
• la educación
• la salud física y mental
• el medio ambiente sano.

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) se declaró, precisamente, la indivisibilidad, interconexión e interdependencia de todos los derechos humanos. La comunidad internacional se comprometió allí a no segmentar la universalidad de estos derechos.

El principio de indivisibilidad ya estaba consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En 1966 se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y se creó el órgano encargado de controlar las obligaciones de los estados firmantes (Comité de DESC).

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los DESC por parte de los estados que ratificaron el Protocolo. En los hechos, sin embargo, son pocas las denuncias presentadas.

Por eso, las organizaciones no gubernamentales y agencias de las Naciones Unidas están exigiendo un Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permita presentar denuncias de violación de estos derechos en forma individual o a través de grupos. El acceso a la vivienda y el agua, así como la eliminación de la violencia contra las mujeres son algunos de estos derechos.