En Chile, país donde se especula que podría haber dos mujeres como precandidatas a la presidencia, las actuales ministras de Defensa y Relaciones Exteriores, todo parece indicar que la discriminación hacia las mujeres es un tema casi resuelto. Sin embargo, un estudio muestra que ellas siguen siendo marginadas en el sector laboral, irónicamente en el empleo público.

(Mujereshoy) ¿Será sólo marketing político entonces? Como sea, lo cierto es que desde hace ya un buen tiempo, la prensa chilena y, probablemente, la coalición oficialista se han encargado de perfilar fuertemente a dos ministras del gobierno de Ricardo Lagos.

Se trata nada menos que de dos mujeres instaladas en puestos clave de la política local e internacional de ese país: Michelle Bachelet, en la cartera de Defensa, y Soledad Alvear, como Ministra de Relaciones Exteriores.

Es más, la polémica tomó fuerza cuando a principios de este año el Servicio Nacional de la Mujer chileno –de rango ministerial– lanzó su campaña para el 8 de marzo bajo el eslogan: ¿Y por qué no?

La oposición puso el grito en el cielo, cuestionando la estratégica campaña porque, a juicio de los sectores más conservadores de Chile, con dicho eslogan se intentaba instalar anticipadamente la postulación de una mujer al palacio presidencial.

La discusión era como para entusiasmarse y caer en la vieja idea de promover a las mujeres sólo por el hecho de tener tal condición, creyendo que quizás con el ejemplo desde lo más alto de la política chilena, la igualdad hacia las mujeres –o al menos la clara intención– podría fortalecerse.

Pero, en realidad, Chile es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley de discriminación positiva que promueva el acceso a cargos públicos de las mujeres. El tema cae por su propio peso y basta ver las cifras de un reciente estudio que impulsó el mismo gobierno donde se revela una tajante marginación femenina en el servicio público. ¿Irónico, verdad?

Incoherencias numéricas

La investigación “El trabajo que tenemos. El trabajo que queremos. Estudio Diagnóstico de la Situación de la Mujer en los Servicios Públicos”, fue presentado hace unos días como uno de los más serios intentos en Chile por reflejar la realidad femenina en el empleo público.

De hecho, la iniciativa es generada en una asociación tripartita e interdisciplinaria, a través de la Mesa de Igualdad de Oportunidades del Sector Público, donde participan la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Gobierno –que incluye al Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y al Ministerio del Trabajo–, y la Universidad de Chile, con la Facultad de Filosofía y el Programa Trabajo y Género del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina.

El estudio muestra que la discriminación, segregación y marginación de género en el empleo público chileno, está fuertemente arraigado en cuestiones como el acceso a desarrollar una carrera funcionaria, la jubilación, los mecanismos del sistema de personal y cómo no, las remuneraciones.

Y esto, tomando en cuenta sólo a aquellas funcionarias que tienen el rango de tal, es decir, que ostentan la gracia de tener un contrato laboral con el Estado chileno, porque en algunas instancias públicas han existido varios casos de mujeres que, aunque trabajan en total dependencia de estos organismos, legalmente sólo son prestadoras de servicios profesionales, sin ningún tipo de protección laboral.

Una fórmula que –a través de la simple boleta mensual de prestación de servicio– ha sido útil a muchas empresas que buscan evitarse las responsabilidades y los gastos que implica generar un contrato sobre todo, versa la creencia, con mujeres. Y que, irónicamente, también parece ser muy recurrida por el mismo Estado que debe fiscalizar esta irregularidad.

Como sea, el estudio no incluye estas cifras sombrías del empleo público en Chile y se limita a conocer la también triste realidad de los números oficiales.

Actualmente, en Chile hay 15 millones 597 mil habitantes de los cuales más de 7 millones, es decir, el 50,9 por ciento, son mujeres. Sin embargo, sólo el 33 por ciento de ellas conforma la fuerza femenina de trabajo.

Un porcentaje que en el servicio público está completamente invertido, porque las mujeres constituyen el 56 por ciento del total de trabajadores de ese sector. Sin embargo, ganan en promedio sólo dos tercios del ingreso medio de los hombres y se calcula que trabajan 80 horas semanales, 48 en forma remunerada y más de 30 en tareas del hogar.

El total de la muestra utilizada en el estudio, que se presentó el pasado 4 de agosto en Chile, fue de 1.232 personas, de las cuales 1.138 fueron mujeres y 44 hombres, donde un 43 por ciento de las funcionarias públicas son jefas de hogar.

El estudio deja entrever que las relaciones sociales de género en este sector se expresan fuertemente en relaciones de poder, riesgo de acoso sexual y moral y dificultad en el ejercicio del derecho femenino, amparado en la rígida estructura de la carrera funcionaria.

En Chile, las remuneraciones de los funcionarios públicos se vinculan a una escala única de sueldos en un sistema de ascenso en los grados, según antigüedad y calificaciones de desempeño.

Según el estudio, en todas las plantas del gobierno central, las mujeres ganan en promedio menos que los hombres y la desfavorable diferencia se explicaría justamente por el sistema de postulaciones, las formas de remuneraciones y por la segregación ocupacional de las mujeres.

Más mujeres, pero en cargos de menor importancia

El estudio también comprobó la existencia de vacíos legales y normas permisivas de discriminación hacia la mujer que no garantizan la igualdad en el acceso al sistema que promueve la carrera funcionaria.

Además, detectó una fuerte tensión entre la vida privada y el trabajo, donde las mujeres tienden a transferir a su ámbito laboral el modelo “doméstico” de servir a los otros, donde las tareas ejercidas por ella son menos valoradas. Por consiguiente, se ha tendido a masculinizar el aporte de las mujeres que quieren tener éxito en el servicio público y al resto se les condena a cargos de menor importancia.

El estudio detectó una feminización de la ocupación en sectores como el gobierno central, donde ellas representan un 82,3 por ciento, mientras que los hombres son un 67,5 por ciento del total de los trabajadores dedicados a actividades sociales.

Pero en política y administración se dan proporciones inversas, ya que en aspectos vinculados a la infraestructura, economía y producción, ellos son claramente los más favorecidos. Con esto se nota una clara segregación y discriminación, ya que serán las mujeres las que realizarán todo lo concerniente al servicio social. Pese a que han aumentado en el ámbito social, han disminuido a nivel de directivos de trabajo.