En el marco de un proyecto destinado a fortalecer los procesos de ratificación e implementación del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI), y sensibilizar sobre sus aportes a la justicia de género, se realizó en Chile un seminario de capacitación a parlamentarias del Cono Sur. Invitado especial fue el fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo.

(Mujereshoy) Impulsado por las organizaciones no gubernamentales chilenas Corporación La Morada y el Centro de Desarrollo de la Mujer Domos, el seminario de capacitación a parlamentarias del Cono Sur se realizó los días 6 y 7 de agosto en la capital chilena. El objetivo es que ellas se conviertan en actoras clave de esos procesos, que incluyen la incorporación de los principios del instrumento internacional a las legislaciones internas de los respectivos países.

En 1998, la comunidad internacional aprobó el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI), instancia jurisdiccional competente para investigar y juzgar a personas que hayan cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, cuando los países involucrados no quieran o no puedan hacerlo.

Luego de la ratificación por parte de más de 60 estados, entre los que se encuentran Uruguay y el grueso de los países de América Latina y el Caribe, a excepción de Chile, el estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002.

Se designaron 18 jueces (de los cuales 7 son mujeres), y el primer fiscal es el abogado Luis Moreno Ocampo, quien tuviera destacada actuación como fiscal adjunto en los juicios iniciados en Argentina contra los miembros de las fuerzas armadas que integraron las juntas militares usurpadoras del poder desde 1976 a 1983.

La fiscalía de la CPI ya está investigando dos casos de crímenes contra la humanidad en Congo y norte de Uganda, y tiene otros seis en análisis.

Al seminario para parlamentarias, patrocinado por Acción Global Parlamentaria (PGA) y Human Rights Watch (HRW), asistieron legisladoras de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por Uruguay participaron las diputadas Beatriz Argimón (Correntada Wilsonista, P. Nacional) y Margarita Percovich (Frente Amplio/Encuentro Progresista/Nueva Mayoría).

Pese a que todas estaban convocadas, llamó la atención la absoluta ausencia de legisladoras chilenas, a excepción de la diputada Isabel Allende, que tuvo a su cargo la apertura de la primera parte de la actividad.

Ésta, dirigida preferentemente a miembros del Parlamento y autoridades del Estado chileno, buscó colocar en la agenda legislativa el Estatuto de Roma como hito trascendental en el derecho y la justicia internacional.

Contó con la presencia de personalidades de reconocida trayectoria en el campo del derecho internacional como el doctor Luis Moreno Ocampo, la doctora Cecilia Medina, magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la diputada argentina Margarita Stolvizer, directiva de PGA, el doctor Miguel Vivanco, director de HRW y la abogada Lorena Fries, directora del Área de Ciudadanía de la Corporación La Morada.

Sensibilización y capacitación

La segunda parte del seminario se dedicó a un trabajo técnico-jurídico que conjugó doctrina y estudio de las normas contenidas en el Estatuto de Roma, con énfasis en los nuevos estándares que coloca este instrumento, transversalizado por la perspectiva de género.

En él confluyen aportes del Derecho Humanitario Internacional, jurídicamente expresado en los Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos Adicionales (1977), y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente contenido en La Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) y en las Plataformas de Acción de las conferencias Internacionales de Derechos Humanos de Viena (1993) y de la Mujer de Pekín (1995), entre otros.

Los principales logros del Estatuto de Roma, obtenidos merced al decidido trabajo de organizaciones de mujeres de todo el mundo, son la criminalización a nivel internacional de la violencia sexual y de género, la incorporación de normas de procedimiento y prueba en relación a victimas y testigos, la protección –inclusiva de seguridad física y bienestar psicológico, dignidad y privacidad– y participación asistida de víctimas y testigos durante todo el proceso, la incorporación de una definición de género y del principio de no discriminación por esa razón, el acceso de las mujeres a los espacios de poder de la CPI y a su equipo.

Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable quedan incluidos entre los crímenes de lesa humanidad, y la CPI es competente para perseguirlos, siempre que se trate de actos sistemáticos o generalizados.

Para los crímenes de violencia sexual se explicita que no se requiere la corroboración del testimonio de la víctima, se rechaza que el consentimiento de ésta sea utilizado como argumento de la defensa, y se prohibe presentar cualquier prueba sobre la conducta sexual anterior o posterior de la mujer. Una función fundamental de la CPI es atender a la reparación a las victimas, que contempla rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantía de no petición.

Juezas en la mira

El de parlamentarias fue el segundo de los seminarios organizados por Domos y La Morada. Hubo uno anterior dirigido de organizaciones no gubernamentales, y el próximo estará destinado a miembras de los poderes judiciales de los países del Cono Sur. La idea es generar una red de actoras de ámbitos sensibles al tema que trabaje articuladamente a favor del funcionamiento de la CPI, y de la adecuación de legislaciones e intervenciones que apunten a la consolidación de la justicia de género.