(Mujereshoy) Defensores de los derechos humanos y de la interculturalidad racial en Guatemala, entre ellos la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, defendieron la inclusión de abogados indígenas en dos de las principales Cortes del país.

La dirigente guatemalteca deploró que en las instituciones encargadas de administrar justicia haya una total ausencia de representantes de una población que constituye la mayoría de los 11,2 millones de habitantes del país.

Menchú, indígena maya quiché, presidió una ceremonia organizada por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) para presentar a siete letrados mayas aspirantes a ocupar un escaño en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la de Apelaciones.

Al hacer un llamado al equilibrio y la proporcionalidad de la membresía de ambas instancias, Menchú también recriminó el tradicional clima de marginación y racismo a que han estado sometidas las poblaciones originarias de esta nación.

Propuestos por varias organizaciones de Quetzaltenango y Alta Verapaz, dos de los departamentos de Guatemala con alta densidad poblacional indígena, la recién constituida Asociación de Abogados y Notarios Mayas (AANMG) avaló hace dos semanas la postulación de los siete aspirantes a magistrados.

Para la CSJ, integrada por 13 magistrados, los candidatos son Jorge Eduardo Tucux Coyoy, presidente del tribunal de Alto Impacto de Quetzaltenango, y Roberno Tení Pacay, defensor de agrupaciones indígenas y litigante en Alta y Baja Verapaz.

A su vez, para la Corte de Apelaciones, conformada por 83 letrados, contienden Carmela Curup Chajon, ex procuradora de la niñez en la Procuraduría General de la Nación, Jerónimo Xitumul, juez de primera instancia, y Rita García Ajquijay, asesora del Instituto de la Defensa Pública Penal en Sololá (oeste).

Para igual puesto fueron nominados, además, José Mynor Par, docente universitario, y Rogelio Can Si, presidente del Tribunal de Sentencia de Baja Verapaz (norte).

De acuerdo con el presidente de la AANMG, Amílcar Pop, se busca revertir un sistema racista y excluyente, pues -dijo- “la justicia (en Guatemala) históricamente nos ha excluido, está hecha para que no participemos nosotros (los indígenas)”.

El nombramiento por parte del Congreso de los magistrados, de una lista de 322 postulados (66 de ellos mujeres), abrió un debate a nivel político y social en Guatemala, a raíz de la impugnación de varios abogados cuya moralidad ha sido cuestionada.

Según lo previsto, la Comisión de Postulación del Congreso hará en breve una primera selección de los nominados, para concluir con el nombramiento en octubre próximo.