País de grandes contrastes, en Chile aún no entra en vigencia la ley de divorcio, cerca del 60 por ciento de los hijos nace fuera del matrimonio y las cifras negras hablan de 200 mil abortos al año. En este panorama y con una de las iglesias católicas más rígidas de todo el continente, la organización Católicas por el Derecho a Decidir se abre paso y, junto con alzar la voz, inaugura nuevas sedes.

(Mujereshoy) En plena ciudad de Valparaíso, en la costa central de Chile, Católicas por el Derecho a Decidir abrió una nueva sede con bombos y platillos. El populoso puerto, recientemente nombrado como Patrimonio de la Humanidad, se caracteriza por su actividad nocturna y por esa suerte de vida bohemia y “posmoderna” que la llena de sabrosos contrastes y diversidades.

Y es justo ahí, donde se abrió una nueva casa de la organización, esta vez con la chapa pública de ser un lugar de acogida, sobre todo para aquellas mujeres lesbianas que sufren discriminación.

El grito de la Iglesia llegó hasta el cielo. “Desde donde desafían los principales postulados de la Iglesia, promoviendo el uso de preservativos, la píldora del día después y la despenalización y legalización del aborto”, describió el diario de ese país, Las Ultimas Noticias.

“No estamos fomentando que se hagan abortos, pero sí que las mujeres tengan la opción de decidir y que si quieren hacerlo se haga en las mejores condiciones para evitar muertes por insalubridad. Queremos que la maternidad sea voluntaria”, aclara Mary Quijada, una de las integrantes de esta agrupación.

Al conocer la apertura de la nueva sede, el obispado de Valparaíso reiteró su rechazo a la entidad: “La institución denominada Católicas por el Derecho a Decidir no pertenece a la Iglesia Católica y sus posturas frente a temas morales contradicen claramente la doctrina de la Iglesia”.

Con presencia…

Pero las chilenas de Católicas por el Derecho a Decidir continúan moviendo las aguas en el país austral y ahora se hacen parte del clamor internacional de cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG) que protestan contra ese autoritarismo patriarcal que viene desde el clero romano.

Porque aunque el Vaticano se esfuerza en intentar reconocer la igualdad de la mujer y condenar al feminismo radical, agrupaciones de todo el mundo están saliendo de las mismas filas de la fe católica para denunciar una complicidad de la Iglesia Católica con los hechos de violencia contra la mujer.

No es tan difícil imaginar por qué. En un extenso artículo publicado en el diario chileno La Nación, justamente sobre las Católicas por el Derecho a Decidir, se recoge el desgarrador testimonio de una mujer golpeada y violentada reiteradamente por su marido y que al buscar ayuda en la parroquia de su barrio, solo logró extender durante años la agonía.

La receta del párroco de turno era “orar mucho, perdonar y tener fe”, mientras las agresiones continuaban constantemente. El religioso recomendaba de todo, antes que la denuncia y la misma nulidad matrimonial.

Es decir, sacrificar la integridad de la mujer, a costa de mantener el matrimonio junto.

Esta es una de las razones por las que muchas agrupaciones de mujeres acusan a las autoridades eclesiásticas de mantener una especie de “complicidad” con la silenciosa violencia física o psicológica que, solamente en Chile, padece más del 30 por ciento de las mujeres, según datos del Servicio Nacional de la Mujer de ese país.

Verónica “Coka” Díaz, 42 años, es la líder de “Católicas por el Derecho a Decidir” en la ciudad Porteña de Valparaíso en Chile y parece ser una muestra concreta del proceso por el que atraviesan muchas de las integrantes de esta agrupación derivada de la estadounidense Catholic For a Free Choice.

Verónica quiso ser monja antes de contraer matrimonio, pero finalmente estudió Teología. Ahora todo su tiempo lo dedica a este grupo, donde también participa su hija mayor, Claudia Escudero, de 22 años, y 15 mujeres más.

Como ella, las otras participantes habitualmente dictan catecismo, asisten a misa, tienen a sus hijos en colegios católicos, pero participan en las campañas para promover el uso del condón, son partidarias del aborto y organizan protestas para apoyar a la jueza chilena Karen Atala, a quien la Corte Suprema le quitó la tuición de sus hijas por asumir su condición lésbica.

Verónica cuenta que “existe la falsa imagen que la mujer católica es la vieja pechoña, entonces nosotras nos presentamos como católicas y se sorprenden, porque somos alegres, extrovertidas y porque repartimos condones en las playas durante el verano”.

Convencida, señala además que la violencia contra la mujer en la Iglesia no es un tema nuevo y que siempre lo denuncian mediante acciones de protesta, cartas y lienzos. Para septiembre, en el marco del Día Por la Despenalización del Aborto, están preparando una campaña que incluye alusivos insertos en los diarios regionales.

Sobre el aborto, ellas son tajantes. No lo promueven como una medida de anticoncepción regular, sino como una alternativa de contracepción a una serie de situaciones que escapan al dominio de las mujeres, como la violencia sexual o la falla de métodos anticonceptivos regulares.

“Creo que la religión ha hecho que la culpa que siente una mujer después de abortar sea más grande. Ésta también es una forma de violencia contra ella”, indica Verónica y asegura que muchas católicas no comulgan porque utilizan métodos anticonceptivos, “sienten que hicieron algo incorrecto a los ojos de Dios”.

Pero ellas, las Católicas por el Derecho a Decidir en Valparaíso, promueven todo el conjunto de los llamados derechos sexuales y reproductivos donde la diversidad a la opción sexual, es un derecho más. De ahí esa suerte de “llamado” a las lesbianas del puerto que tanto destacó la prensa local y que la Iglesia de la zona rechazó con fuerza.

Ya lo han dicho en otras oportunidades, la Iglesia no ve con buenos ojos la conformación de estas agrupaciones que tienen la osadía de criticarla. El sacerdote y profesor de la Universidad Católica de Chile, Hugo Tagle, comentó en el mismo artículo del diario La Nación, que si bien es una “disidencia” legítima la de estos grupos, “se automarginan, lo cual considero lamentable”.

Para él, las denuncias de complicidad de la Iglesia en torno a la violencia de género revela “un desconocimiento absoluto de la labor social de la Iglesia Católica en todas las áreas. Si hay un punto de referencia en el mundo social, es la Iglesia Católica”.

“¿Pero qué pasa con estas denuncias?”, preguntó la periodista de dicho diario.

“Deben ser anécdotas marginales. Podría hablar de más de 20 organizaciones que trabajan con departamentos de psicología donde atienden a mujeres en riesgo social, así que critican por criticar y más encima es crítica barata, contestó el sacerdote.