(Mujereshoy) El gobierno chileno anunció ayer una investigación a fondo tras las recientes revelaciones que indicaron que empresas del sector privado solicitaban certificados de esterilidad a las mujeres para concederles empleo.

Aunque esa práctica ha sido reiteradamente denunciada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y organizaciones de mujeres, el tema se convirtió en escándalo cuando se presentó una documentada denuncia contra la empresa Aserraderos Paillaco S.A. por tal discriminación.

La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Cecilia Pérez, quien viajó expresamente hasta la Región de los Lagos, donde se reportó el hecho, dijo que de comprobarse la denuncia, “se estaría frente a un delito grave”.

La empresa habría exigido a seis operarias un certificado de esterilización antes de contratarlas. La titular se reunió con el director del Hospital de Paillaco, Rodrigo Bertín, quien le entregó importantes antecedentes que avalarían estos hechos.

El tema quedó al descubierto en junio pasado, cuando el asistente social del consultorio de la comuna, Luis Vivero, se percató de que seis mujeres habían solicitado un certificado de esterilización para presentarlo a esa empresa del sector privado.

El Consejo Técnico del hospital de la zona decidió dar a conocer la información, ya que podría “constituir una discriminación flagrante a las mujeres en edad reproductiva y que tienen todo el derecho a ser madres”.

El 23 de agosto pasado la directora del trabajo de la Décima Región, Adriana Moreno, solicitó el envío de una copia de los certificados emitidos a dos de las seis mujeres, para resolver sobre esta materia.

Para la ministra, esta situación vulnera los derechos laborales de las mujeres, pues hace una exigencia previa para acceder a un trabajo, lo que es penado por la ley chilena.

Fue una experiencia chocante comprobar en terreno, ver los documentos y escuchar los testimonios que ameritan con fuerza una investigación por parte del gobierno, aseguró.

La ministra se mostró preocupada por la eventual proliferación de estas prácticas, considerando que la mayoría de los incumplimientos laborales se relacionan con la maternidad.

“La mayor vulneración de los derechos de los trabajadores en Chile se producen por faltas en el fuero maternal, de salas cunas, entre otros. Y es el sector industrial el que encabeza el número de acusaciones, seguido por servicios y comercio”, explicó.

Admitió, incluso, que este tipo de denuncias son más habituales de lo que parece. “En el SERNAM aún recibimos casos de mujeres a las que se les exige test de embarazo para acceder a un trabajo”, destacó.

Precisó que de comprobarse que la empresa Aserraderos Paillaco S.A. incurrió en ese delito, se estaría frente a un hecho inédito en Chile y la multa podría alcanzar las 140 unidades tributarias (unos siete mil dólares) mensuales.

El gerente de Administración de la empresa, Patricio Musre, negó en carta enviada al derechista diario “El Mercurio” que la entidad estuviera involucrada en esas prácticas, lo cual -dijo- dañaría el prestigio de varias compañías que exportan sus productos a Estados Unidos.

En un testimonio considerado como prueba en la investigación de la Dirección del Trabajo, Yolanda Oñate, de 40 años, aseguró que en la planta se les exigió como requisito el certificado de esterilización quirúrgica, o bien uno que demostrara que no estaba apta para concebir hijos.

Según la mujer, en mayo pasado visitó la empresa y se entrevistó con un funcionario que le preguntó si sabía que esa era una las exigencias para ser aprobadas. “Me dijo que no servían las mujeres que estaban dos o tres meses y después quedaban embarazadas”, contó Oñate.

El escándalo sale a relucir en momentos en que el gobierno y la poderosa Confederación de la Producción y Comercio (CPC), organización que agrupa al empresariado chileno, libran una enconada batalla en el campo de la política laboral.