Insólito. Sólo seis meses de cárcel alcanzó a cumplir un ingeniero chileno acusado de violación a una niña de 9 años. El individuo tiene, además, cargos de estupro reiterado y de sodomía en contra de por lo menos 11 menores y de almacenamiento malicioso de material pornográfico infantil. Las organizaciones Raíces, Paicabí y Opción ESCI protestan por la decisión judicial.

(Mujereshoy) Luego de que se le comprobara la violación de una niña, se le acusara de estupro y sodomía en contra de otra decena de menores, y se le sindicara como “productor” de material pornográfico infantil con contundentes prueba, Eduardo Krell apeló y le resultó.

Hoy está libre gracias a la complacencia de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Chile que liberó a Krell con un fallo dividido. Krell estaba procesado por el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, a cargo del juez Sergio Muñoz desde mayo pasado. Su fianza costó cerca de 400 dólares porque “se le respetaron sus derechos” y, simplemente, no se le consideró legalmente como un riesgo para la sociedad.

Eduardo Krell Wainstein (en la foto) es ingeniero informático y ex ejecutivo de una empresa internacional del rubro.

El profesional no sólo habría mantenido relaciones sexuales con los menores, sino que los habría utilizado para producir material pornográfico. De hecho, un computador encontrado en la casa del sujeto contiene alrededor de mil imágenes de menores, cuya procedencia deberá determinar la justicia.

El tema es mucho más grave, porque mientras el Servicio Nacional de Menores de Chile no se ha pronunciado aún sobre el tema, se revive una antigua polémica que vincula al ingeniero con uno de los casos más espeluznantes que ha conocido la historia criminal chilena.

Se trata del llamado “caso Spiniak”. El conocido empresario chileno, Claudio Spiniak, sostuvo durante años una red de pedofilia y abuso de menores, que eran contactados en las calles de Santiago para llevarlos a sus cinematográficas bacanales de sexo y violencia.

Aún se investiga el destino de muchos de los niños y niñas que fueron llevados a esas fiestas, porque hubo denuncias de que podrían estar muertos, producto de la violencia e incluso las prácticas de “snuff” que se sospechan habría realizado Claudio Spiniak.

El caso alcanzó ribetes nacionales, ya que hasta se habló de la supuesta participación de políticos chilenos durantes esos macabros encuentros. Quizás por la dimensión que alcanzó el caso, Spiniak aún cumple presidio, pero lo cierto es que Eduardo Krell ya está libre, aunque ha sido asociado a Spiniak por varios de los proxenetas que trabajaban para él.

Lo más triste es que tanto el Servicio Nacional de Menores como la prensa chilena tradicional, han guardado un estremecedor silencio y sólo un diario de ese país consigna la insólita libertad de este peligroso sujeto.

El proxeneta del caso Spiniak, Héctor Torres, narró que en 1991 Krell abusó reiteradamente de un adolescente de nombre Richard. Pero nada se investigó en profundidad y la polémica es grande, porque la Fundación Chilena de Adopción entregó dos recién nacidos bajo la tutela de Krell en 1998 y 2001.

Las indagaciones del juez Sergio Muñoz, quien investiga el caso, apuntan a comprobar las denuncias de abusos sexuales que ya existían 6 años antes de que se concretara el primer proceso de adopción que convirtió en padre a Krell.

En julio de este año, el abogado de Krell, Aldo Duque, dijo que entiende la polémica que rodea a su cliente, pero advierte que está llena de contradicciones.

“En el proceso figura que mi cliente abusaba de menores de edad antes y durante la fecha en que se realizó la adopción. ¿Cómo podría haberlo hecho, si en esa época pasó todos los exámenes sicológicos? Esta situación vendría a ser más bien de una inocencia que de su culpabilidad”, sostuvo el abogado al diario chileno La Cuarta.

Efectivamente, el ingeniero habría aprobado todos los test sicológicos y sociales que se le hicieron en cada oportunidad y, como era de esperarse, la Fundación Chilena de la Adopción también se ha mantenido al margen de las declaraciones.

Sólo las organizaciones no gubernamentales (ONG) Raíces, Paicabí y Opción Esci (Explotación Sexual Comercial Infantil) han hecho circular por internet un comunicado repudiando la libertad de Eduardo Krell y cuestionando la normativa legal que existe en Chile en materia de protección de menores.

Reproducimos parte del documento:

La libertad de Eduardo Krell no es un hecho aislado, hace menos de dos semanas que los proxenetas de Spiniak, Pablo Abazolo, Exequiel Martínez y Patricio Allende, entre otros procesados por inducción a la prostitución de niños/as quedaron en libertad, previo pago de una fianza. Aunque no conocemos las razones jurídicas argumentadas por la Corte de Apelaciones para otorgarles este beneficio procesal, creemos que es una mala señal de la justicia. Por sólo 50.000 ó 200.000 pesos [de 80 a 322 dólares estadounidenses] ya está. Pasamos a otro tema y todo queda en nada.

La pregunta es por qué la justicia no los considera un peligro para la sociedad, si los niños y niñas que han declarado en los distintos procesos en contra de estas personas han descrito la crueldad y la violencia con la que eran tratados.

Parece que la justicia chilena todavía no entiende lo que significa para un niño/a vivir la explotación sexual, una de las más violentas formas de vulneración de derechos que puede sufrir un ser humano. ¿Quién se preocupa de vigilar a los explotadores y proxenetas liberados?, ¿Quién da fe de su buen comportamiento en las calles? Sabemos que nadie, porque no existe ningún tipo de vigilancia, lo único que deben hacer los acusados es acercarse al juzgado a estampar su firma semanal o quincenalmente. ¿Será suficiente medida de protección para los niños y niñas de nuestro país?

Ya no se escuchan voces defendiendo a los niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial infantil. Voces que una vez conocido el caso Spiniak, se erigieron como defensores de la infancia horrorizados por estos acontecimientos desconocidos para muchos de ellos. Las voces de estupor se han acallado, a nadie parece importarle los testimonios de niños y niñas, testigos en estos casos y que jamás han sido desmentidos, ni sus declaraciones puestas en tela de juicio.

A pesar de la desconfianza que algunos han querido sembrar sobre la veracidad de los testimonios de los niños/as en estos casos, somos varios los organismos estatales y privados que dedicamos nuestro trabajo a proteger y reparar el daño que han sufrido niños, niñas y adolescentes víctimas del extremo maltrato y abuso de poder de parte de estos sujetos, entre ellos, la Brigada de Delitos Sexuales de Investigaciones (BRISEX), que se esmera en efectuar un trabajo permanente de búsqueda y seguimiento de estos delitos para resguardar la integridad de nuestros niños/as. Una muestra de ello es que ayer –13 de septiembre– detuvieron a una mujer dueña de un sauna, que en su aviso publicitario exponía: “Se ofrecen lolitas ardientes”, probablemente ella quedará libre para no “vulnerar sus derechos”. ¿Quién se ocupa de no vulnerar los derechos de niños y niñas?

¿Cómo vamos a proteger a estos niños/as que sienten el temor de quedar a merced de aquellos a quienes han denunciado y que ahora están en la calle y conocen a sus amigos/as y familiares?

ONG Raíces, ONG Paicabí y Opción Esci.