Patricia tiene 22 años y 400 dólares prestados hechos una bolita en el bolsillo de su pantalón. Sentada en un ómnibus pierde la mirada a través de la ventanilla empañada, mientras piensa qué excusa dará en su casa por las horas de ausencia. Patricia ha decidido, junto con su novio, interrumpir su embarazo.

(Montevideo, 25 de septiembre, especial SEM) Patricia no está acostumbrada a las mentiras ni a las coartadas de la clandestinidad. En el ómnibus está sentada junto a Nacho, su novio, quien controla la ruta. Tienen que descender en el poste que marca el kilómetro 22, ni un metro más, ni un metro menos. Así le dijeron cuando acordaron el operativo con la voz anónima de un teléfono móvil cuyo número cambia todas las semanas.

Un auto blanco esperaba. Sólo Patricia podía subirse a él. En el asiento trasero debe bajar la cabeza, mirar sólo al piso. Ni un solo detalle puede delatar el destino. Apenas sabe que se dirige a una casa de playa, en uno de los balnearios cercanos a la capital.

Allí está instalada una de las clínicas de abortos consideradas “seguras”: la atiende un médico, lo realiza por el método de aspiración, usa anestesia para “sacarla de ambiente” y prescribe antibióticos.

La intervención dura menos de una hora. Pocas palabras. Apenas para cerciorarse de que todo anduvo bien. Unos pocos consejos y recomendaciones.

Una vez recuperada, el mismo auto la devuelve a la ruta. No espera a que llegue el ómnibus. Rápidamente desaparece sin dejar rastro. Nacho la mira sin saber qué decir. Un hijo no estaba en sus planes.

Como Patricia, otras cinco mujeres harán ese día el mismo periplo.

Ricas y pobres

Este relato no es ficción. Es parte de la nueva realidad de un Uruguay donde el aborto es ilegal y penado con cárcel. La persecución policial a clínicas clandestinas apostadas en diferentes puntos de la ciudad creó una nueva modalidad de atención suburbana.

Las personas interesadas se contactan a un teléfono móvil, cuyo número va cambiando periódicamente, se solicita una consulta médica, se marca un lugar de encuentro y se establece como condición que, por seguridad, la mujer no vaya acompañada.

No obstante, esta modalidad está reservada a quien disponga de un promedio de 400 dólares para solventar el acto médico de realizar un aborto por aspiración en condiciones seguras.

No se conocen cifras exactas de cuántos abortos se realizan en Uruguay, pero según Rafael Sanseviero, ex diputado de la coalición de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio y autor en 1993 de un proyecto de ley de despenalización del aborto que murió en el olvido, sólo en una clínica de Montevideo se realizan un promedio de 6 abortos diarios.

Datos recogidos en un estudio efectuado entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2001 registran 1.605 abortos en esa clínica. De ellos, 13 por ciento fue a mujeres menores de 20 años, 27 por ciento tenían entre 20 y 24 años, 44 por ciento de 25 a 35años, 12 por ciento de 36 a 40 años y 4 por ciento entre 41 y 47 años.

Por la propia clandestinidad, no se sabe a ciencia cierta cuántas clínicas realizan abortos en condiciones seguras. Pero se estima que existen por lo menos otras cuatro, además de la revelada por Sanseviero, con condiciones higiénicas aptas, así como un número impreciso de lugares igualmente clandestinos, pero de dudosa salubridad.

Las mujeres pobres, en tanto, recurren a infusiones de té de ruda y de una hierba conocida como carachipitá, a maniobras abortivas con tallos de perejil, agujas de tejer, sondas vesicales o a pastillas de permanganato de potasio que se colocan en la vagina.

El doctor Leonel Briozzo, catedrático adjunto de una de las clínicas ginecológicas de la Facultad de Medicina que funcionan en el Hospital Pereira Rossell (la mayor maternidad pública del país), informó en septiembre de 2003 ante la Comisión de Salud Pública del Senado de la República que en Uruguay se practican anualmente unos 150.000 abortos.

Iniciativas médicas

En Uruguay, el aborto realizado en condiciones inseguras constituye la primera causa de muerte materna. En efecto, 27,7 por ciento de los fallecimientos registrados en el período 1995-1999 se deben a prácticas abortivas, un porcentaje muy superior al registrado a nivel mundial (13 por ciento) y en América Latina (21 por ciento).

En los primeros meses de 2001, cuando los médicos del Pereira Rossell constataron perplejos la instalación de lo que definieron como “epidemia”, con la muerte de cinco mujeres como consecuencia de maniobras abortivas cruentas, lanzaron una inusual iniciativa.

Dado que, pese a ser ilegal y castigado con prisión, el aborto igualmente se sigue practicando, era preciso ofrecer medidas de protección a aquellas mujeres decididas a practicarlo y que no tienen medios para realizárselo sin riesgos.

El plan “Iniciativas Médicas contra el aborto inseguro”, que nuclea a una veintena de ginecólogos, parteras y asistentes sociales, incluye consultas de asesoramiento en forma confidencial a aquellas mujeres que expresen su voluntad de interrumpir el embarazo.

La información alude a las consecuencias de un aborto hecho por personas no idóneas; control del embarazo y edad gestacional; prescripción de antibióticos antes y después de la intervención si la mujer decide efectivamente abortar y apoyo psicológico, entre otros aspectos.

Dos años después, en ese centro hospitalario ya se recibían diez consultas semanales de mujeres que consideraban la posibilidad de abortar, aunque de ellas 40 por ciento desistían finalmente de su intención original.

“Lo que hacemos es un equilibrio difícil, porque por un lado tenemos que respetar la voluntad de la paciente, pero a su vez estamos en contra del aborto, por lo que ayudamos a reflexionar para que pueda ver otras perspectivas (...) porque a veces hay problemas que se pueden arreglar”, informó Briozzo en una entrevista al semanario local Búsqueda.

Destacó que si la mujer está decidida a abortar se le alerta respecto a las prácticas de mayor riesgo y se le informa de la existencia del medicamento misoprostol, cuyas pastillas –si bien se prescriben para otros usos– cuando se lo colocan en la vagina provocan contracciones uterinas y la expulsión del embrión “de manera eficaz, segura y privada”, antes de las nueve semanas de gestación.

“Lo que hacemos es difundir los reportes científicos a nivel internacional. Hay una iniquidad muy grande respecto a que una mujer que tiene acceso a la información pueda optar por ese método que es seguro, barato y eficaz y una mujer que no tiene esa información no sabe ni siquiera que existe esa posibilidad”, dijo Briozzo al semanario uruguayo.

El 6 de agosto último, tres años después de que las Iniciativas Médicas contra el Aborto se estuvieran aplicando en la mayor maternidad del Estado, el Ministerio de Salud Pública decidió finalmente extender a todas las maternidades y hospitales del país el servicio de asesoramiento a mujeres que deciden interrumpir el embarazo.

La norma, avalada por la Sociedad de Ginecotocología, la Facultad de Medicina y el Sindicato Médico del Uruguay prevé crear un “servicio accesible a toda mujer, en todo momento y en todo el país”. Cada grupo asesor, que mantendrá la total confidencialidad, está integrado por un ginecólogo, un especialista en salud mental, un asistente social, un médico legislador y un sociólogo.

Muerte de una ley que una vez existió

Tras dos años de discusión parlamentaria, no exenta de presiones de grupos católicos y de los autodenominados “provida”, luego de tener media sanción de la Cámara de Diputados, en la madrugada del miércoles 5 de mayo de este año naufragó en el Senado uruguayo un proyecto de despenalización del aborto.

La iniciativa, denominada “Defensa de la Salud Reproductiva”, establecía el derecho de toda mujer a “decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo durante las doce primeras semanas de gravidez”. Pasado ese período, el aborto sólo habría estado permitido si el médico hubiera establecido que la vida de la madre estaba en riesgo. En el caso de las mujeres menores de 18 años, la voluntad de interrumpir el embarazo debía ser expresada por la joven o sus representantes legales.

El proyecto asimismo designaba al Ministerio de Salud Pública a realizar campañas de educación sexual para prevenir embarazos no deseados.

Entre 1934 y 1938 el aborto fue legal en Uruguay bajo el amparo del Código Penal entonces recién aprobado. En ese período las mujeres podían asistirse gratuitamente en los hospitales para interrumpir un embarazo no deseado, sin ser perseguidas ni ellas ni los médicos que los practicaban.

En 1938, cuando se precisaban los votos parlamentarios que respondían a la iglesia católica para aprobar una ley de presupuesto, se negoció la penalización del aborto. Así, la ley 9763 modificó el Código Penal y declaró delito el aborto. Por esta norma, la mujer que causara su aborto, o lo consintiera será castigada con prisión de tres a nueve meses; mientras que el que colabore con ella será merecedor de pena de seis a veinticuatro meses de prisión.

Son atenuantes de las penas si el aborto se efectúa, entre otras causas, “para salvar el propio honor, el de una esposa o un pariente próximo”. Además, le ley obliga al médico que participa en un aborto o en la atención de sus complicaciones a dar cuenta del hecho, dentro de las 48 horas, sin revelar nombres al Ministerio de Salud Pública.