(Mujereshoy) No ha sido un proceso fácil porque, como era de esperarse, en Argentina la Iglesia Católica también ha sido una ferviente opositora del tratado internacional más importante para combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Pero el compromiso del Gobierno de Nestor Kirchner ya es público y anunció que impulsará la ratificación por parte de la Argentina del Protocolo Opcional de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW, por su sigla en inglés).

Esta convención exige a los estados la adopción de medidas tendientes a garantizar los derechos humanos de las mujeres y eliminar la discriminación de género. En tanto, el Protocolo Opcional establece un mecanismo para poder exigir en un ámbito internacional el cumplimiento de esos compromisos.

Si dicho instrumento legal se ratifica, se podrán denunciar las violaciones en esa instancia. Desde allí se podrá exigir al país la rectificación de situaciones de discriminación, ya sean masivas como de casos individuales.

En el gobierno de Fernando de la Rúa, se pidió al Congreso la ratificación del tratado, pero el proyecto fue retirado durante la corta gestión de Eduardo Duhalde.

La ratificación del tratado debe aprobarla el Congreso, a solicitud del Poder Ejecutivo. Diversos organismos del Gobierno ya dieron su dictamen favorable, entre ellos, el Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la cartera de Desarrollo Social, la Jefatura de Gabinete de ministros y la Cancillería. Todavía el Presidente no enviado la comunicación al Senado, pero se presume que lo hará próximamente.

Argentina es el único país del Mercosur y uno de los tres latinoamericanos que todavía no lo ratifica, entre los que están Chile y Colombia.

Hasta ahora, el principal obstáculo para su aprobación ha sido la presión en su contra de la jerarquía católica, que argumenta ­erróneamente­ que abrirá la puerta para la legalización del aborto.

Sin embargo, este tratado no reconoce nuevos derechos. La Convención de la CEDAW fue sancionada por la ONU en 1979 y tiene rango constitucional en el país desde 1994.

“Es una incongruencia notoria que le demos jerarquía constitucional y no aceptemos el protocolo. Es algo que no hemos hecho con otras convenciones internacionales. En esto tampoco las mujeres resultan iguales. Es una asignatura pendiente”, señaló ayer el vicecanciller Taiana, en el marco de un seminario convocado para abordar el tema por el Área Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la embajadora Juliana Di Tullio.

En ese encuentro expresaron también su compromiso con el Protocolo el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo; la titular del Consejo Nacional de la Mujer, María Lucila Colombo, y la senadora del Frente Grande Diana Conti. “La no aprobación inmediata del protocolo podría denunciarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, observó Conti.