Un persistente olor a petróleo rodea el conflicto de Darfur, conocido como “la peor crisis humanitaria del siglo XXI”, donde la descripción de los horrores que sufre la población por los ataques de la milicia Janjaweed no deja espacio en los medios de comunicación para el análisis de otros aspectos, más ocultos, de la crisis.

Desde los años 90 Sudán ha estado más de una vez, aunque por diferentes razones, en las primeras páginas de los periódicos. El año 1991, cuando tomó partido públicamente a favor de Irak en la Guerra del Golfo –actitud que motivó que Jartum recibiera desde entonces un tratamiento de “paria” por parte de Estados Unidos– fue un momento clave, pero ya con anterioridad los rebeldes del Sur recibían para su guerra de dos décadas contra el gobierno central, musulmán y fundamentalista, suministros militares estadounidenses gracias al apoyo de la derecha cristiana ultra-conservadora.

Las relaciones entre Washington y Jartum alcanzaron su punto más álgido en 1998, cuando el Pentágono ordenó un ataque con misiles Tomahawk contra la única planta farmacéutica del país, la de Al-Shifa, al considerar que se dedicaba a producir armas químicas, acusación que nunca fue comprobada. De cualquier modo, el país perdió su única fábrica de este tipo, que había asegurado hasta entonces el 60 por ciento de la escasa producción nacional de medicamentos, agravándose aún más su precaria situación sanitaria.

Para esa fecha, ya las empresas occidentales, tanto las europeas como las estadounidenses, quedaban excluidas del reparto de la “tarta petrolera” en Sudán, país cuya región meridional y occidental cuenta con reservas estimadas entre 660.000 y 1.200 millones de barriles. Los principales beneficiarios eran –y siguen siendo hasta hoy– países como China y Malasia, poco dados a aceptar presiones internacionales y de grupos de derechos humanos, en casos donde están en juego sus intereses económicos: esta vez el acceso al petróleo indispensable para su crecimiento.

Otra que estuvo durante mucho tiempo haciendo caso omiso a las condenas fue la compañía canadiense Talisman Energy, que finalmente se vio obligada a retirarse por un tiempo para calmar los ánimos.

En 2001, al llegar al poder, una de las primeras tareas acometidas por el presidente George Bush en África –en aquel entonces considerada como una región carente de importancia estratégica para Washington y que desde entonces va cambiando lentamente en vista de su potencial energético– fue acelerar el proceso de paz. Indispensable para el levantamiento de las sanciones y la reanudación de la prospección y la explotación del petróleo en las zonas de guerra ya con la participación del lobby energético estadounidense, cuyos estrechos lazos con la familia del mandatario son más que conocidas.

Para octubre del 2002 se logró un principio de acuerdo sobre el reparto del poder y de los ingresos petroleros, que incluyó también la promesa de un referéndum sobre la independencia del Sur en un plazo de seis años, iniciándose una febril actividad preparatoria en el sector petrolero y anunciándose la construcción –por una firma alemana– de una línea férrea que sacaría el petróleo de la región meridional de Sudan rumbo a Kenya y Uganda.

Es curioso observar que, desde mediados de febrero de 2003, cuando estalló la crisis de Darfur por primera vez, tanto Washington como la Unión Europea ignoraban las atrocidades cometidas, confiando en que no afectarían al proceso de paz en marcha.

Sólo cuando la escalada del conflicto amenazó con descarrilar el acuerdo logrado e impedir la apertura de los campos petrolíferos, las potencias occidentales pusieron el grito en el cielo y comenzaron a hablar de “genocidio” para justificar una pretendida intervención militar en virtud de la convención de la ONU de 1948 al respecto.

No en vano el periódico británico The Guardian afirmó en grandes titulares el pasado agosto que “el petróleo será el factor clave de la intervención militar en Sudan”.

Desde hace tiempo el “oro negro” influye por múltiples vías en la dinámica del conflicto sudanés: el gobierno de Jartum más de una vez utilizó los ingresos petroleros para sufragar los gastos de la guerra y comprar armamentos, las multinacionales día a día son acusadas de permitir e incluso promover violaciones de los derechos humanos, las operaciones de “limpieza étnica” no sólo “resuelven” el enfrentamiento entre distintas capas de la población por el control de los recursos naturales cada vez más escasos, también “vacían” las zonas de posible prospección petrolera preparando el terreno para las multinacionales ávidas de ganancias.

Aunque de momento la extracción esté lejos de alcanzar las cifras propias de un país con el volumen de reservas que tiene Sudán, su potencial petrolero en el futuro constituirá un importante complemento de los campos petrolíferos del Golfo de Guinea, que según el plan energético nacional de EEUU dentro de apenas 20 años asegurará más del 25 por ciento del consumo total del mercado estadounidense.

La cercanía del recientemente inaugurado oleoducto Chad-Camerún ofrece también importantes oportunidades para sacar el preciado producto al mercado internacional. Queda por saber, una vez más, si este recurso favorecerá en algo a las empobrecidas y sufridas poblaciones de Sudán.