Brasil lanzará una campaña contra la explotación sexual infantil, un delito potenciado por el turismo sexual y cuyo combate es dificultado por la impunidad de que gozan clientes relacionados con altas esferas de poder, informaron fuentes oficiales. La acción abarcará cuatro áreas: prostitución infantil, pornografía en internet, tráfico de niños y adolescentes, y turismo sexual

(Mujereshoy) La campaña abarcará cuatro áreas: prostitución infantil, pornografía en internet, tráfico de niños y adolescentes, y turismo sexual, precisó Elizabeth Leitao, asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y coordinadora de la Comisión Intersectorial de Enfrentamiento a la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes.

Esa Comisión trabajó durante meses para coordinar la campaña, que debe lanzarse oficialmente durante el Foro Mundial de Turismo que se realizará en Salvador (nordeste) del 2 al 4 de diciembre, indicó por su lado Sydney Costa, secretario ejecutivo del Ministerio de Turismo.

La coordinación entre el Ministerio de Turismo y la Policía Federal (PF) ya permitió esta semana en Fortaleza (nordeste) detener a cinco personas, entre ellas un alemán, acusadas de integrar una red de tráfico hacia Europa de mujeres brasileñas, algunas de ellas menores, “vendidas” mediante catálogos en internet.

La explotación de menores quedó el mes pasado bajo el foco de las noticias, tras el naufragio de un yate que realizaba un crucero “de placer” por un río amazónico, con políticos, empresarios de Sao Paulo y varias adolescentes a bordo, incluyendo menores. Trece personas murieron en el accidente, entre ellas cinco muchachas.

Pero el caso llegó a las primeras planas de los diarios cuando algunas de las sobrevivientes declararon que el presidente de la Cámara Legislativa de Brasilia, Benicio Tavares, había participado de la travesía. El político reconoció haber estado allí, aunque dijo que sólo había estado pescando.

La comisaria a cargo del caso, Maria das Graças da Silva, de la PF de Manaos (capital de Amazonia), explicó su frustración por el desenlace que suelen tener sus investigaciones.

“Hay tantos expedientes que siguen durmiendo en los estantes, uno más o uno menos, ¿qué diferencia? Traté 39 casos (de explotación sexual infanto-juvenil) desde 1997, y sólo uno concluyó con una condena judicial”, afirmó la funcionaria a un grupo de periodistas al margen de un Foro sobre el tema, que tuvo lugar esta semana en la Universidad de Brasilia.

Pero las autoridades y las organizaciones no gubernamentales (ONG) no quieren bajar los brazos.

“El gran mérito del caso Amazonas es que por primera vez se sabe públicamente el cargo y la profesión de la clientela”, dijo una de las participantes en el Foro, quien llamó a “romper los modelos clientelistas que refuerzan la impunidad”.

La Secretaría de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación sobre explotación sexual comercial en 450 de los más de 1.500 municipios brasileños, e identificó “mil puntos donde hay niños prostituyéndose”, refirió Elizabeth Leitao.

Ese estudio, precisó, no incluye los casos de abusos sexuales por parte de familiares o personas del entorno de los niños o niñas.

En cuanto al turismo venido del exterior, Sydney Costa refirió que fue últimamente a “reclamar la cooperación” de países de los que proceden los principales contingentes de clientes, entre los que citó Alemania, Italia y Holanda.

“En Brasil siempre hubo abusos de niños; los portugueses traían niñas abandonadas o huérfanas, y siempre hubo un pacto de silencio” en torno a ese tema, dijo Luciana Costa, del Instituto de Estudios Socio-Económicos (INESC), que participa en la coordinación de la campaña.

La lucha contra la explotación sexual infantil fue reconocida como un programa específico solamente en el año 2000 en el último Plan Plurianual (PPPA) del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. En el primer PPA del actual presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, se destinaron a esos programas unos 150 millones de reales (cerca de 50 millones de dólares).