(Mujereshoy) Cerca de 650 representantes de comunidades mayas, afrodescendientes, xincas, ladinas y mestizas provenientes de todos los departamentos de Guatemala realizaron la semana pasada el I Encuentro “Genocidio: la máxima expresión del Racismo”.

“Estos tres días han sido significativos para la consolidación de la memoria histórica de la nación y la lucha contra la impunidad”, afirma la declaración final del evento.

De acuerdo al grupo, el racismo en Guatemala sigue fuerte desde la época colonial. “Hasta la fecha, se alimenta y perpetúa un sistema de prejuicios y valores que, desde lo individual hasta lo colectivo, consolida la exclusión política, social, económica y cultural de las grandes mayorías, constituidas por el pueblo maya, afrodescendientes y xincas que habitan nuestro territorio”, explica el documento.

Ellos comentan que los casos de prejuicio están esparcidos por la sociedad, de la educación de los niños a los medios de comunicación, pasando por el poder público.

Por ejemplo, “en el ámbito de Justicia, el sistema es esencialmente monolingüe, no reconoce el derecho maya ni la existencia de autoridades mayas en el proceso de administración de justicia, no obstante que Guatemala ha ratificado el Convenio 169 que la obliga a adecuar su sistema a la realidad multiétnica del país”.

Genocidio: Expresión máxima del racismo

Pero la principal demanda de las etnias es la justicia en relación a las muertes ocurridas en el país en el decenio de 1980. “Insistimos en que el racismo fue la base del genocidio que ocurrió en Guatemala en la década del 80, y que es tipificado por la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio y en el Código Penal guatemalteco, como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, religioso o étnico”.

Naciones Unidas, a través de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, concluyó que el Estado Guatemalteco cometió genocidio en contra del pueblo maya entre 1981 y 1983.

Registró en esa época 626 masacres atribuibles al Estado a través del ejército y sus aparatos paramilitares. Asimismo, estimó que más de 200 mil personas fueron asesinadas y que de éstas el 83 por ciento era maya. Más de un millón de personas fueron desplazadas y refugiadas y 45 mil continúan desaparecidas.

“Estos casos por delitos tan graves como genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no han tenido ninguna prioridad, han sido relegados y se encuentran asignados a una fiscalía especial, lo que pone de manifiesto la falta de voluntad política para juzgar estos crímenes”, lamentan.

Por ello, la declaración final del encuentro insta al gobierno guatemalteco a “fortalecer las acciones para la implementación y cumplimiento de los mecanismos internacionales como el convenio 169 y los Acuerdos de Paz” e “impulsar mecanismos efectivos para la participación y representación de los pueblos indígenas en el Estado y en el sistema democrático”.