(Mujereshoy) El Movimiento Amplio de Mujeres del Centro de Estudio de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela UCV, entregó este miércoles a la Comisión Mixta encargada de la Reforma de Los Códigos sus propuestas en torno a los delitos sexuales y la interrupción del embarazo.

El acto tuvo lugar en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo y contó con la presencia del Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Ricardo Gutiérrez, la Segunda Vicepresidenta, diputada Noelí Pocaterra, las diputadas Marelis Pérez Marcano, Vicepresidenta de la Comisión de Familia, Haydée Machín e Iris Varela, Vicepresidenta de la Comisión de Política Interior, el diputado Nelson Ventura, miembro de la Comisión Mixta, y la profesora Magdalena Valdivieso, por el Centro de Estudios de la Mujer de la UCV.

Durante su intervención, el diputado Ricardo Gutiérrez destacó que en los últimos meses la Asamblea Nacional ha hecho un gran esfuerzo para concluir con el proceso de reforma del Código Penal.

Código no sexista

La profesora Magdalena Valdivieso, del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV, precisó que se encontraban en el acto en representación de un amplio grupo de mujeres, de defensores y defensoras de derechos humanos y de prestadores de salud, para manifestar su esperanza de que el Poder Legislativo elabore y apruebe un nuevo Código Penal no sexista, no patriarcal, en el que los derechos de las mujeres, consagrados en la Constitución y en las convenciones internacionales suscritas por Venezuela, estén garantizados.

Sobre las propuestas presentadas acerca de la violencia sexual y de género, Valdivieso indicó que se pretende que el concepto de fuerza sea lo suficientemente amplio como para abarcar cualquier circunstancia coercitiva que pese sobre la víctima y que no se imponga ningún tipo de requisito, explícito o implícito, sobre la existencia de algún grado de resistencia a la violencia por parte de la víctima.

Despenalización, no legalización

En cuanto a la interrupción del embarazo, la profesora Valdivieso expresó que es necesario ubicar la discusión sobre la decisión de interrumpir o no un embarazo como una decisión que no corresponde al Estado, a las instituciones o a la sociedad en su conjunto, sino que se trata de una materia que forma parte de la vida privada de las personas. “El papel del Estado es regular y reglamentar, diseñar políticas y ofrecer servicios para atender esta problemática”.

Agregó que se impone el respeto hacia la dignidad y la autodeterminación de las mujeres en cuanto a su vida reproductiva, especialmente cuando continuar con un embarazo trae consigo consecuencias que ponen en riesgo su vida, su salud y su dignidad como ser humano.

Indicó que la propuesta de despenalización de la interrupción del embarazo significa dejar de considerar esta práctica como un delito, si es una decisión tomada de acuerdo a ciertas causales que la justifican. “La despenalización contempla erradicar de la ley el castigo para aquellas mujeres y profesionales de la medicina que recurren a este recurso extremo para impedir el desarrollo de un embarazo que ponga en peligro la vida de la mujer o que el producto de la gestación sea inviable, o aquel que sea ocasionado por una violación”.

Por su parte, la diputada Marelis Pérez, vicepresidenta de la Comisión Familia, Mujer y Juventud, destacó la importancia de un Código Penal que responda a los derechos humanos de los hombres y mujeres de Venezuela y que se respeten los derechos humanos de las mujeres

“Queremos un Código Penal donde se reconozca que efectivamente estos derechos han venido siendo violados, especialmente los que tienen que ver con los delitos de agresión, de violencia hacia la mujer y requerimos que el nuevo Código Penal pueda de verdad ser percibido como un Código Penal en consonancia con esta Venezuela de democracia participativa, protagónica, solidaria, soberana e igualitaria”, señaló.