Entre uno y tres dólares pagó un grupo de trabajadores de la misión de Naciones Unidas en la República Democrática de Congo por mantener relaciones con niñas y mujeres. Otras veces, la promesa de un empleo o comida bastó para lograrlo. Y en otras ocasiones ni siquiera medió consentimiento: fueron violadas.

(Mujereshoy) Las misiones de Naciones Unidas en países en conflicto tienen el mandato de cautelar por la seguridad de la población civil. Estas misiones, de acuerdo a la información de Naciones Unidas misma, deben cumplir las siguientes tareas:

• Vigilar el respeto del alto al fuego por todas las partes involucradas en el conflicto.

• Proceder al desarme y a la repatriación voluntaria de los grupos armados extranjeros.

• Facilitar la ayuda humanitaria a la población civil.

• Promover el respeto de los derechos del hombre, de la mujer y del niño.

• Contribuir a la solución política del conflicto, a la reconciliación nacional y a la puesta en marcha de nuevas instituciones democráticas.

Pues bien, algunos integrantes de la misión de la ONU en la República Democrática de Congo (Monuc, por su sigla en inglés) no sólo no cumplieron uno de sus deberes, sino que lo quebrantaron, cometiendo ellos mismos una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas del Congo.

La Monuc se enfrenta a unas 150 acusaciones de abusos sexuales –algunas de ellas grabadas en video y documentadas con fotografías–, según la representante del secretario general de la ONU en misiones de paz, Jane Holl Lute, quien detalló que las acusaciones incluyen pedofilia, violaciones y prostitución.

“Me temo que estamos ante una evidencia de graves abusos”, reconoció el propio Kofi Annan, quien también enfrenta acusaciones de corrupción (ver más abajo). Estas prácticas “parecen ser significativas, muy extendidas y continuadas”, según el informe confidencial del equipo de investigación dirigido por el embajador de Jordania ante la ONU, el príncipe Zeid Husein, y filtrado el pasado fin de semana a The Washington Post.

La mayoría de los abusos fueron cometidos por civiles y militares en Bunia, en el noreste de Congo, donde están desplegadas la mitad de las fuerzas de la ONU en el país. Allí, una niña de 13 años que fue violada por un uniformado de la ONU relató su agresión a los investigadores. “Una noche, alrededor de las ocho, uno de los soldados entró en mi casa y me violó. Mis hermanos y hermanas estaban también en la casa”, explicó.

Los resultados de las investigaciones han llevado por el momento a la destitución de cinco empleados (un francés, dos tunecinos y un uruguayo, entre ellos) y en Kinshasa esperan ahora “una decisión” que depure las responsabilidades, según manifestó la portavoz de la Munoc, Patricia Tomé, en conversación telefónica con el diario español El País.

Desde los cuarteles generales de la ONU en Nueva York se han puesto en marcha cuatro investigaciones paralelas para determinar el alcance de las agresiones y demostrar que a pesar de que llueve sobre mojado –en mayo se detectó otra treintena de casos de abusos también en Congo; en Camboya, Somalia y Bosnia a lo largo del decenio de 1990 y en África del Oeste en 2002–, la ONU ha dado un giro a su política de información y ha optado por la transparencia.

Así lo manifestó Holl, la representante de Kofi Annan, en una comparecencia inédita. “Reconocemos que la explotación sexual y el abuso es un problema en algunas misiones”. “Es evidente que las medidas adoptadas no han sido adecuadas”, afirmó.

La organización insiste en que lo sucedido en Congo servirá para iniciar una etapa de “tolerancia cero” hacia este tipo de conductas, en un momento crítico para la ONU ante los crecientes escándalos y críticas. “Hemos encendido la luz y empiezan a verse aquellas cosas que hasta ahora permanecían a oscuras. Este faro que hemos encendido pone de manifiesto que hemos decidido tomárnoslo muy en serio, que somos conscientes de que esto no es aceptable y de que tenemos un problema serio y sistemático en Congo”, asegura Nick Birnback, portavoz de las fuerzas de paz desde Nueva York.

Pero esto es difícil de creer, puesto que, de acuerdo al informe que se filtró a la prensa, las tropas reciben una partida de preservativos apenas llegan al país al que son destinados, lo que los investigadores consideran “mensajes contradictorios” que no ayudan a enderezar la conducta de las tropas. Y esto, a pesar de que el código de conducta de la Monuc prohíbe a los cascos azules el intercambio de bienes a cambio de sexo e incluso frecuentar locales de prostitución.

En la Monuc trabajan cerca de 10.000 uniformados y unos 1.000 civiles de 50 países, desplegados desde 2001 para vigilar el alto el fuego, tras una guerra que cobró tres millones de vidas.

Kofi Annan en la cuerda floja

El escándalo en el Congo se suma a otros hechos que involucran a funcionarios de Naciones Unidas, incluyendo al propio secretario general, Kofi Annan. Esta situación ha ensombrecido el bienio final de su mandato, y algunos sectores críticos han comenzado a sugerir la posibilidad de una salida anticipada que permita cerrar la crisis de credibilidad de la ONU.

Annan, por otra parte, ha sido muy criticado por haber cerrado sin cargos la investigación sobre el acoso sexual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Rudd Lubbers, en contra de una de sus subordinadas, y las tensiones generadas por el papel de la ONU en Irak.

Estas presiones han hecho que Annan afronte en una posición de vulnerabilidad las acusaciones de corrupción en el programa “Petróleo por Alimentos”, para muchos el mayor escándalo de la historia de la ONU.

Este programa fue ideado para que Irak pudiera vender petróleo a cambio de comprar bienes de primera necesidad durante el embargo, lo que permitió movilizar en siete años recursos por un importe de 46 mil millones de dólares.

A principios de año, tras el derrocamiento del régimen, comenzaron a surgir acusaciones de desvío de fondos hacia el entorno de Sadam Husein, empresas internacionales y funcionarios de la ONU.

Ello motivó la apertura de dos investigaciones, una en el seno de la ONU, que fue encargada a un panel independiente dirigido por el ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, y otra en el Congreso estadounidense.

Esta última se ha convertido en un quebradero de cabeza para el secretario general, al que un grupo de senadores ha acusado en público y en privado de entorpecer sus investigaciones impidiéndoles el acceso a documentación del programa humanitario.

Pero lo más grave para Annan es la vinculación de su hijo Kojo con una empresa suiza, Cotecna Inspection Services, que disfrutó de un lucrativo contrato de la ONU para supervisar la entrada de bienes en Irak a través de “Petróleo por Alimentos”.

Tanto Cotecna como el propio Annan dijeron públicamente que Kojo dejó de trabajar como consultor para la empresa en 1998, el año en que obtuvo el contrato de la ONU, si bien siguió cobrando hasta unos meses después, en 1999.

Este viernes, y ante las revelaciones aparecidas en la prensa, la ONU se vio obligada a confirmar que, en contra de lo defendido hasta el momento, Kojo siguió cobrando hasta febrero del 2004, fecha en la que aparecieron las primeras acusaciones sobre el programa.

El portavoz de la ONU, Fred Eckhard, aclaró que los pagos respondían a un acuerdo de “no competitividad”, que obligaba a Kojo a no realizar actividad alguna que entrara en competencia con Cotecna durante un periodo de tiempo.

“Dejemos que las relaciones familiares queden fuera de este asunto. Las conversaciones entre Annan y su hijo deben quedar en el ámbito privado”, añadió el portavoz en un intento de proteger la figura del secretario general.

La ONU ha insistido en que la posible implicación de Kojo será investigada por el panel de Volcker, un equipo sobre el que existen dudas acerca de su presunta independencia, al haber sido nombrado por el propio Annan.

O sea, corrupción a alto nivel. Y son estos mismos funcionarios quienes critican a las autoridades también corruptas de países en todo el mundo. ¿Con qué moral?