Mientras en la última década el promedio de mujeres que murió en el Hospital Pereira Rossell, en Uruguay, a consecuencia de abortos inseguros fue de 3 a 5 por año, en 2004 no se registró ningún caso. Este logro se debe, en gran parte, a la implementación de las Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo.

(Para Mujereshoy) El doctor Leonel Briozzo, profesor adjunto de la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina, que funciona en el Hospital Pereira Rossell, es fundador y coordinador del Grupo de Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo, que va a cumplir 3 años.

Integrado por profesionales de la medicina, y contando con el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Facultad de Medicina y la Sociedad Uruguaya de Ginecología, el grupo se reunió por primera vez el 10 de julio de 2001, cuando acababa de registrarse la tercera muerte materna por aborto inseguro de ese año.

El 17 de diciembre ya estaba presentando públicamente una guía normativa de intervención pre y post aborto que, actuando dentro de los márgenes de la legislación vigente que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo, permite poner en práctica una estrategia de reducción de daños en beneficio de aquellas mujeres que tengan intención de abortar.

El 8 de marzo de 2002, Día Internacional de la Mujer, las normas fueron entregadas para consideración del Ministerio de Salud Pública (MSP). Pero no fue sino hasta la gestión del actual ministro Conrado Bonilla, que se aprobaron a través de la Ordenanza 369 del 6 de agosto de 2004, convirtiéndose en norma oficial y por lo tanto de aplicación obligatoria en todo el país, sea en el ámbito público como en el privado.

Frente a la falta de respuesta gubernamental –que se demoró más dos años– los integrantes del Grupo Iniciativas Sanitarias habían decidido que era su obligación, desde el punto de vista bioético, poner en funcionamiento una policlínica en el Pereira Rossell, donde las mujeres con embarazos indeseados pudieran recibir información avalada científicamente sobre las alternativas para practicarse un aborto y sus riesgos.

Así comenzó en el 2003, y sigue funcionando hoy, merced al trabajo honorario de profesionales comprometidos con el tema. La ordenanza 369 la introdujo en el andamiaje oficial del centro hospitalario, como uno más de los servicios que presta el Hospital de la Mujer.

Puesto que la normativa es de aplicación obligatoria a todo nivel, las usuarias pueden dirigirse tanto a esa policlínica como al resto de los ginecólogos y ginecólogas del establecimiento. “La única diferencia deriva del grado de entrenamiento en su aplicación”, explicó a La República Leonel Briozzo.

En el marco de la Comisión de la Ordenanza 369 –que dirige la doctora Ima León por Digesa (Dirección General de Salud del MSP) e integran su colega Beatriz Silva por ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), y los doctores Fabián Rodríguez por la Sociedad de Ginecología, Hugo Rodríguez por la Facultad de Medicina y Leonel Briozzo por el SMU– hay un plan de difusión de la normativa oficial que incluye Montevideo e interior del país, cuyos objetivos son el conocimiento, la sensibilización en la temática y el desarrollo de talleres de entrenamiento práctico en base a la evaluación de situaciones clínicas.

Información, un derecho de todas

“La reacción de ginecólogos y ginecólogas ante las normas, tanto en el Pereira como fuera de él, fue muy favorable –asegura Brioso–. Hay un pequeño sector que se sigue negando a reconocer esto como una alternativa dentro de la estrategia sanitaria de prevención de daños, de probada eficacia en otros temas como la drogodependencia. Pero la mayoría lo tomó de muy buena gana, y me costa que cada vez hay más técnicos en todo el país que las están aplicando”.

También se están repartiendo planillas para registrar de manera uniforme las consultas pre y pos aborto, a partir de las cuales se llevará a cabo la vigilancia epidemiológica correspondiente.

“La mejor manera de controlar sería a partir de las usuarias, que ellas pudieran empoderarse en ese sentido y reclamar su derecho a un asesoramiento adecuado –o a ser derivadas adonde puedan dárselo– si están frente a una situación angustiosa de aborto”, enfatiza Briozzo.

En los tres meses posteriores a la oficialización de las normas preventivas, 300 mujeres han consultado en la policlínica del Pereira Rossell. Briozzo informa que “La mayoría de ellas resolvió abortar. Un número no despreciable desistió de esa intención por múltiples motivos, que van desde que el embarazo tenía una edad gestacional mayor a la que pensaban, hasta que simplemente luego del desahogo con los profesionales se replantearon el tema. Lo importante es que siguen controlando su embarazo con el ginecólogo o ginecóloga que las vio inicialmente, lo que habla de confianza”.

“Cuando no se daba asesoramiento se abortaba igual o más, con el agravante de que se hacía en condiciones de muchísimo riesgo fuera del sistema. La sola inclusión de esta problemática dentro del sistema hace que disminuyan abruptamente los riesgos, fundamentalmente porque la mujer está informada y se puede propiciar que si nota algún síntoma consulte inmediatamente sin miedo a decir ‘yo me hice un aborto’”. Ese miedo era lo que difería la consulta, haciendo que nuestra acción médica fuera ineficaz”, asegura Briozzo.

En 2004 no murió ninguna mujer a consecuencia de un aborto en el Pereira Rossell, donde en los 10 años anteriores el promedio de fallecimientos por esa causa se mantuvo entre 3 y 5 cada doce meses.

También hubo muy pocas internaciones por esa causa, y no se registró ningún caso de sepsis grave que haya requerido intervención quirúrgica mayor.

Acompañamiento antes y después

En la consulta se dignostica en primer lugar, a través de ecografía, la existencia de embarazo, y si está dentro del útero y es viable. “Cosa no menor si tomamos en cuenta que hace un año y medio murió una adolescente de 16 años en Carmelo por ingerir veneno para tucu tucu creyéndose embarazada cuando no lo estaba”, advierte Briozzo.

El diagnóstico incluye las infecciones genitales, que incrementan los riesgos. También se analiza el grupo sanguíneo para prever una patología derivada del RH negativo. “Si aborta y no se le da medicación la mujer puede quedar sensibilizada, y en embarazos subsiguientes tener problemas serios que pueden llegar a costarle la vida a sus futuros hijos. Si se hace en ambiente de clandestinidad, esa medicación no se da. En cambio, bajo la cobija del sistema de salud eso se puede solucionar aplicando una inyección a la semana del aborto”, ilustra el experto.

Confirmados los extremos básicos, el o la profesional conversa con la paciente buscando junto a ella alternativas: continuar con el embarazo, dar en adopción a la criatura que nazca, la posibilidad de contar con algún apoyo. Briozzo puntualiza que “es muy poco lo que brinda el Estado, y hay muchas organizaciones no gubernamentales que dicen públicamente que dan apoyo, pero luego éste no está cuando se precisa. Habría que sincerarse también en ese sentido”.

Si la decisión de abortar persiste, sistemáticamente se informa a las mujeres sobre los métodos que potencialmente pueden poner en riesgo su vida y que muchas veces ni siquiera son efectivos, como el uso de pastillas de permanganato de potasio; también sobre los métodos seguros que se aplican en los países donde el aborto está permitido.

“Información disponible, por otro lado, en internet para cualquier mujer que tenga acceso a ella. Lo que hacemos es democratizar la información y, en función de eso, lo que siempre le decimos a la paciente es que sea cual sea su resolución la acompañemos antes y después, recomendándole que venga rápidamente para darle un método anticonceptivo adecuado y profundizar en las medidas de educación sexual para que no se repita el embarazo indeseado”, aclara el coordinador del Grupo Iniciativas Sanitarias, agregando que “la inmensa mayoría, y ese es un orgullo que tenemos, vuelve para ver lo de la anticoncepción y continuar el control ginecológico”.

La promoción que falta

A la policlínica del Pereira Rossel concurren mujeres de toda edad. Las niñas, cuyo embarazo en general es fruto de violación, muchas veces van acompañadas por los padres (la madre fundamentalmente); las jóvenes suelen acudir con la pareja también joven que se involucra mucho, y las adultas van solas. Briozzo apunta que “Nosotros promovemos que la pareja concurra siempre con la mujer, a esta consulta, a las de control del embarazo, a todas. En todos los casos se respeta la confidencialidad; incluso si la adolescente va con la madre y no quiere que ésta entre a la consulta, no entra; igualmente las recibimos si van solas”.

Preocupa al Grupo Iniciativas Sanitarias que están viendo “a las pacientes que tienen un nivel de ciudadanía tal que les permite tener una institucionalización de su asistencia sanitaria. Pero hay muchas que están por fuera, y no sabemos qué está pasando. Por eso es muy importante para nosotros el trabajo con organizaciones de mujeres y otras que sabemos tienen una gran llegada en esos sectores, para la promoción de la consulta”.

En general, lo que advierten es un cambio en la perspectiva de toda la sociedad y también de las mujeres que consultan: “Hoy se habla mucho más abiertamente que hace 3 años, cuando empezamos, y eso solo hace que disminuya el riesgo”.

Expectativas de cambio

Consultado sobre sus expectativas de avanzar en la resolución de este grave problema de salud pública y justicia social, Briozzo reflexionó: “Nosotros creemos, y por eso estamos en esto, que el problema del aborto provocado sintetiza de una manera paradigmática la violencia contra la mujer, la violencia sexual, la violencia social, económica, cultural, ideológica hacia las mujeres más desposeídas, más desprotegidas, con menores recursos y en el momento de máxima vulnerabilidad. Si consideramos que la muerte materna es un indicador centinela de la salud de una población, y la muerte por aborto en Uruguay es su primera causa, sin duda que esto tiene que ser encarado por un gobierno que se diga progresista”.

La doctora Ima León, por su parte, dijo a La República que esperan “contar con un apoyo mucho mayor que el actual”, recordando que el Plan de Emergencia que se propone llevar adelante el gobierno electo incluye políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos, en cuyo marco encajan las Iniciativas Sanitarias para la prevención del aborto practicado en condiciones de riesgo. León adelantó, asimismo, que se cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas para la instalación de una mesa de trabajo en la que participen todos los actores para avanzar en la consolidación de la estrategia de reducción de daños.

* Directora de La República de las Mujeres, suplemento mensual del diario La República, Uruguay.