(Mujereshoy) Después de estar en discusión cerca de cinco años, la Asamblea Legislativa aprobó, en primera votación, una norma que castiga con hasta 35 años de cárcel a quien dé muerte a una mujer con la que tenga una relación de confianza o de poder y hasta 18 años de prisión a quien viole a una mujer. La ministra de Condición de la Mujer, Georgina Vargas, dijo que era un “regalo navideño adelantado para la sociedad” costarricense.

La iniciativa, que fue aprobada el martes 14 de diciembre con el voto de 41 de los 52 legisladores presentes, tendrá que esperar al menos un mes para ser votada en segundo debate, pues un grupo de parlamentarios anunció que la enviará a consulta de la Sala Constitucional para determinar si la nueva legislación no contraviene la Carta Magna.

Lo mismo ha sucedido tres veces antes en el último lustro y el proyecto no ha llegado a convertirse en ley.

El diputado Carlos Herrera, del Movimiento Libertario, principal opositor a esta iniciativa, dijo que consultarán el carácter constitucional de la ley porque sólo protege a las mujeres, y deja fuera a otros sectores que también sufren la violencia doméstica.

La diputada independiente Elvia Navarro, por su parte, afirmó que consideran que la ley “es sexista, pues contraviene los derechos fundamentales del varón” (sic!).

El proyecto de ley establece severas penas de cárcel para quienes ejerzan violencia contra las mujeres. Además de las ya mencionadas, también castiga hasta con 10 años de cárcel a quien prive o restrinja la libertad de una mujer, hasta con seis años a quien la insulte, ridiculice o avergüence públicamente y hasta con cinco años a quien la obligue a mantener relaciones sexuales con terceras personas sin fines de lucro.

También castiga hasta con seis años a quien amenace con lesionar un bien jurídico de una mujer a de su familia y con hasta con tres años a quien, mediante el uso de la fuerza o la intimidación, se haga mantener de forma total o parcial por una mujer.

La ministra de Condición de la Mujer, Georgina Vargas, afirmó hoy que “nos sentimos felices” por la aprobación de este “regalo navideño adelantado para la sociedad” costarricense.

“La violencia es un problema de salud pública y esta ley permite atenuarla”, indicó Vargas y expresó su esperanza de que supere el segundo debate tras la consulta a la Sala Constitucional.

La funcionaria explicó que esta nueva legislación permitirá contar con una sociedad “más justa”, pero que debe ser complementada con acciones en escuelas e iglesias.

“No es una ley que va contra los hombres, sí a favor de la vida, de la sociedad”, precisó.

En lo que va de este año, 19 mujeres han sido asesinadas en Costa Rica por sus esposos o compañeros.

La parlamentaria Gloria Valerin, del gobernante Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), consideró que si bien el Código Penal contempla los delitos de la nueva ley, ésta introduce el concepto de relaciones de poder o de confianza entre el agresor y la víctima.