En el estribo de 2004, al tiempo que se reunía con jerarquías locales de la Iglesia Católica, el presidente electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, reiteró su oposición a la despenalización del aborto. Las organizaciones de mujeres y feministas, preocupadas por las declaraciones del inminente presidente, reaccionaron de inmediato.

(Mujereshoy) El presidente elegido en las elecciones generales del 31 de octubre en el Uruguay, Tabaré Vásquez, no quiso pronunciarse sobre si aplicaría el veto a un pronunciamiento parlamentario para despenalizar la interrupción del embarazo.

Ante las declaraciones del inminente “presidente de todas y todos los uruguayos”, y ante las contradictorias versiones difundidas por la prensa, las organizaciones de mujeres y feministas se mostraron preocupadas y procedieron a difundir una carta pública sobre el tema.

La periodista Isabel Villar, en un artículo publicado hoy por el diario La República, consigna que las integrantes de esas organizaciones reclaman su derecho a ser escuchadas, al tiempo que piden coherencia con la laicidad del Estado y la pluralidad de la sociedad.

El doctor Tabaré Vázquez se pronunció otras veces contra la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo pero, sin perjuicio de comentarios previos a favor de una iniciativa popular para dirimir la cuestión, esta es la primera en que lo hace como presidente electo.

La coincidencia entre sus dichos y los contactos que mantuvo con representantes católicos, determinó que prácticamente la totalidad de las organizaciones de mujeres y feministas del Uruguay puntualizaran en carta abierta a la opinión pública:

“Una vez más aspectos que afectan las condiciones de vida de las familias y del derecho a decidir de las mujeres, vuelven a ser objeto de conversaciones a puertas cerradas entre hombres políticos y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Nosotras las protagonistas: miles de mujeres y sus parejas, sobre quienes pesan las consecuencias de la práctica clandestina del aborto; las que desde el trabajo generalmente invisibilizado pero solidario mantenemos funcionando nuestras familias, la atención a la infancia y a los más desposeídos en comedores, merenderos y policlínicas populares; nosotras las mujeres reclamamos nuestro derecho a ser escuchadas”.

La posibilidad de que Vázquez ejerza el derecho a veto que le corresponderá como presidente, cuestión sobre la cual el electo fue consultado y prefirió no concretar, inspira el siguiente párrafo de la carta pública:

“Confiamos en que las y los legisladores electos representarán a la mayoría de la ciudadanía que reclama una ley sobre aborto coherente con la laicidad del Estado uruguayo, y respetuosa de la diversidad de creencias y opciones existentes en una sociedad plural como la nuestra. Sostenemos la esperanza de que el doctor Tabaré Vázquez, presidente de todas y todos los uruguayos, actuará en consecuencia”.

Contextualizando la deuda del Estado uruguayo para con las mujeres, las organizaciones recuerdan que el aborto ha estado en el debate parlamentario desde 1984, “y se ha constituido en uno de los pocos temas legislativos que convocan a la opinión pública y a la participación ciudadana”.

El proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva –la última de las iniciativas presentadas– fue aprobado en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2002, y no alcanzó a convertirse en ley porque el 4 de mayo de 2004, cuando el Senado se pronunció, faltaron apenas 3 votos más por la afirmativa.

“Más del 63 por ciento de la ciudadanía, según la medición de diversas encuestas, está a favor de la aprobación de un proyecto como éste que brinda un abordaje integral: educación sexual, acceso a servicios de anticoncepción, maternidad y paternidad elegida y responsable, aborto legal hasta las 12 semanas de gestación”, evocan las organizaciones.

Agregan que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte indivisible de los derechos humanos fue reconocido, entre otros actores sociales, por “el PIT-CNT, la Universidad de la República, hombres y mujeres representantes de distintas iglesias, así como el Sindicato Médico del Uruguay”, amén de organizaciones de derechos humanos, de jóvenes, de afrodescendientes y de la diversidad sexual, sumados a los miles de personalidades, ciudadanos y ciudadanas.

Porque “estamos ante un asunto de la agenda política, que por ser un tema de derechos nos implica a todos y a todas”, la convocatoria es a “desechar el camino de acuerdos y compromisos elaborados a espaldas de la ciudadanía y a meditar sobre las consecuencias que tienen estos procedimientos sobre la credibilidad política y la calidad de la democracia”.

En tal sentido, cabe recordar que durante la campaña electoral que lo llevó a la primera magistratura, el actual presidente Jorge Batlle se comprometió con la Unión Cívica a no admitir durante su gestión la liberalización del aborto.

Esta condicionante, nunca consultada con la ciudadanía, fue la esgrimida en el Senado por el vicepresidente en funciones, Luis Hierro López, para justificar su rechazo a la iniciativa de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. El voto de Hierro fue uno de los tres que faltaron para que resultara aprobada; otro correspondió al senador Eleuterio Fernández Huidobro, el único de los senadores encuentristas que no apoyó el proyecto.

La carta de las organizaciones de mujeres está firmada por la CNS (Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía) que incluye a 48 organizaciones de mujeres y feministas de todo el país; Cladem (Comité Latinoamericano por los Derechos de la Mujer), filial Uruguay, Mysu (Mujer y Salud en Uruguay), Cotidiano Mujer, Mujer Ahora, Comisión Género y Equidad del PIT-CNT, Repem (Red de Educación Popular entre Mujeres) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.