(Mhoy) Durante el año 2002, los ocho partidos de familia del departamento de La Paz atendieron un promedio de cuatro casos cada día. Sin embargo, esa cifra no contempla los que llegan a la Fiscalía, la Brigada de Protección a la Familia y los que los medios reciben simultáneamente.

Los niños son víctimas de, por lo menos, 15 casos de paternidad irresponsable al día. Muy pocos llegan a los juzgados de familia y si tienen suerte encuentran una salida consensuada, pero la solución es siempre más simple para una pareja que estuvo casada que para aquellas que sólo convivieron por un periodo corto, y peor aún para las que nunca lo hicieron, según lo publicado por el diario La Razón de Bolivia.

Hoy en día se acude a múltiples recursos, ante las cifras alarmantes, como recurrir a Partidos de Familia, Fiscalía, Brigada de Protección a la Familia, defensorías de la niñez y programas audiovisuales como La Tribuna Libre del Pueblo, quienes reciben a diario los reclamos de mujeres, en su mayoría. El informe de gestión 2002 de la Corte Superior de Justicia de La Paz indicó que el año pasado ingresaron 1.342 casos de asistencia familiar en los ocho partidos de familia del departamento, algo más de tres por día.

El juez séptimo de Partido de Familia, Hugo Andrés Jáuregui, dice que el 2002 el incumplimiento en el pago de pensiones sufrió un incremento del 30 por ciento; y que los infractores se defienden atribuyéndolo al efecto de la crisis económica. Asimismo, uno de los casos típicos lo constituye el de los cónyuges convivientes, que con una conciliación ante un abogado podrían llegar a un arreglo.

Muchos de este tipo son los que atienden entidades como el Brazo Social de RTP, cuando mujeres u hombres de escasos recursos acuden a ellos por ayuda y la situación se complica si la pareja no cumple con el compromiso bajo el argumento de que la paternidad no está probada, por lo que a la mujer le correspondería cubrir los gastos de un examen de ADN que lo corrobore. En estos casos el proceso queda archivado y, por lo tanto, el o los pequeños desamparados.

El incumplimiento de la asistencia familiar se enmarca en el artículo 436 del Código de Familia, que indica que el demandante puede denunciar la irresponsabilidad del ex cónyuge ante estrados judiciales, con lo que conseguiría su arresto por un lapso de seis meses. Tras ese periodo, el ex compañero podrá salir bajo compromiso de cumplir con sus obligaciones y pagar la deuda acumulada. Pero el problema está en que, según Jáuregui, una reacción común entre los que recobran su libertad es amenazar, incluso de muerte a la ex cónyuge.

La Fiscalía, por su parte, atiende al día unos 10 casos de problemas maritales, de los que al menos tres optan por la separación o el divorcio, por lo que se remiten a un juzgado para la prosecución del proceso. En los casos en que hayan niños de por medio, la Fiscalía sugiere, en audiencia, el monto de la pensión.

La capitán Rocío Molina, directora de la Brigada de Protección a la Familia, aclaró que su unidad interviene sólo a denuncia de maltrato físico o psicológico. “En el día se atienden de ocho a 10 casos de violencia intrafamiliar, de esos unos cuatro son remitidos a la Fiscalía y allí la pareja determina si se divorcia o no”. Si así lo hicieren, el juez debería fijar el monto de la asistencia, pero, una vez más, la incapacidad de cubrir los gastos del arbitrio, deja muchos de los procesos inconclusos.