(Mujereshoy) El gobierno de Serbia y Montenegro (confederación en Europa que procede de la ex República Federal de Yugoslavia) debe reabrir con carácter de urgencia un caso de trata de mujeres con fines sexuales en el que están implicados políticos, jueces, policías y funcionarios civiles montenegrinos, señaló Amnistía Internacional en una carta al ministro del Interior de Montenegro.

La mujer moldava que denunció el caso afirma que políticos, jueces, policías y funcionarios de Montenegro las torturaron y violaron a ella y a otras mujeres de la Europa del Este que, como ella, habían sido víctimas de trata y retenidas como esclavas sexuales.

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, se declaró preocupada “de que la comisión designada por el gobierno para investigar los actos de las autoridades policiales y judiciales en este caso no haya abordado adecuadamente la cuestión, lo que despierta sospechas sobre un posible intento de encubrir la presunta complicidad oficial en la trata de mujeres y niñas con fines de prostitución forzada en Montenegro”.

Se cree que la mujer moldava, conocida por las iniciales S. C., fue introducida mediante trata en Montenegro y obligada a trabajar como prostituta entre 1999 y noviembre de 2002, fecha en que encontró cobijo en un Refugio para Mujeres de la capital, Podgorica. Esta mujer, de 28 años y madre de dos hijos, padeció espantosos abusos físicos y sexuales durante más de tres años, a consecuencia de los cuales sufrió lesiones graves como la fractura de siete huesos, lesiones internas que le impedían sentarse sin sufrir dolor, cicatrices de esposas, quemaduras de cigarrillo en los genitales y contusiones en la boca.

Tras una investigación judicial se detuvo a cuatro personas, entre ellas incluido el fiscal adjunto del Estado, Zoran Piperovic, como sospechosas de estar implicadas en trata de mujeres con fines de prostitución forzada. En 2003 se retiraron los cargos contra los cuatro sospechosos, teóricamente por falta de pruebas.

Ante las presiones internacionales, el gobierno montenegrino permitió una inspección sobre la legalidad del caso. En noviembre de 2004, una comisión designada por el gobierno completó su investigación sobre los actos de la policía y las autoridades judiciales en este caso. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que vigila el caso, manifestó su insatisfacción con las conclusiones de la comisión.

Amnistía Internacional expresó en un comunicado su preocupación porque la comisión:

- presenta a S. C. como una delincuente en lugar de como una víctima de graves violaciones de derechos humanos;

- hace referencias despectivas a su carácter;

- despierta una vez más sospechas sobre un posible intento de encubrir la presunta complicidad oficial en la trata de mujeres y niñas con fines de prostitución forzada.

“Las autoridades montenegrinas están obligadas por el Derecho, tanto nacional como internacional, a llevar ante la justicia a los responsables y a garantizar que se ofrece a S. C. la posibilidad de recibir una indemnización por los daños sufridos. Sin embargo, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha llevado a nadie ante la justicia por la trata con fines de prostitución forzada y la tortura de S. C., y esta mujer no ha recibido indemnización alguna”, declaró Irene Khan.

Amnistía Internacional considera que la comisión no ha abordado la cuestión de manera aceptable, e instó a las autoridades de Montenegro a reabrir el caso. Además, la organización ha pedido información sobre si se han tomado medidas disciplinarias o penales contra los miembros del Ministerio del Interior por incumplimiento del deber, de acuerdo con las conclusiones de la comisión.

Fuente: Amnistía Internacional.