Amnistía Internacional, que investigó durante 2003 y 2004 sobre la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, pone de relieve la impunidad que reina en Colombia y pide que la Unión Europea tenga una postura clara frente a la violación de los derechos humanos en ese país.

(Mujereshoy) Amnistía Internacional (AI) quiere que el Gobierno colombiano termine con estos crímenes y con la impunidad. Además, la organización no gubernamental (ONG) envió una carta al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresarle sus preocupaciones sobre la situación.

En el marco de la reunión en Cartagena de Indias de la Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia, más conocida como la Mesa de Donantes, y previo a la visita oficial del presidente colombiano Álvaro Uribe a España, del 7 al 9 de febrero, Amnistía Internacional (AI) difunde el informe Cuerpos marcados, crímenes silenciados.

Muertes, desplazamientos, violaciones y desapariciones forman el día a día de un conflicto que ha ensangrentado el país americano durante cuatro décadas. Las cifras hablan por sí solas: al menos 70.000 personas han perdido la vida en los últimos, la gran mayoría civiles; más de 3 millones de desplazados; más de 10.000 secuestros desde 2000, de los cuales al menos 1.500 han sido perpetrados por “paramilitares actuando a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad”.

“La impunidad de la que gozan los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos es una piedra angular de la grave crisis de derechos humanos en que se encuentra sumergido el país”, denuncia AI.

Para Amnistía Internacional, “España debe enviar un inequívoco mensaje que exprese preocupación por el repetido incumplimiento de las autoridades colombianas de las recomendaciones de la ONU y reiterar que no apoyará ningún proceso de desmovilización ni avalará ninguna propuesta legislativa que no tenga en cuenta los derechos de las víctimas ni garantice que los combatientes sean efectivamente desmovilizados.

La ONG exige que Colombia asegure que “los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre ellos, la violación de mujeres y niñas, serán llevados ante la justicia, y medidas que garanticen que no volverán a perpetrarlos”.

Las negociaciones del gobierno colombiano con los grupos paramilitares para su desmovilización supone, en opinión de la ONG, “la garantía de la impunidad de personas responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad”.

Desapariciones, torturas y violencia de género

“Aunque se ha producido un descenso en ciertos indicadores de violencia política, como los secuestros, han aumentado los casos de tortura y las ‘desapariciones’, al igual que los informes de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad”, asegura AI.

La violencia sexual contra las mujeres y niñas forma parte integrante de los 40 años de conflicto armado de Colombia, y las pruebas y testimonios desvelados por Amnistía Internacional sugieren que se trata de una práctica generalizada.

Fueron más de 200 casos, entre ellos violación a mujeres de poblaciones enteras, a los que tuvo acceso AI. Esta institución, entre otras recomendaciones “pide al gobierno colombiano que garantice la atención y la rehabilitación de las supervivientes de la violencia sexual” además de “justicia, verdad y reparación”.

Desde el decenio de 1990, organizaciones de mujeres han denunciado violaciones, mutilaciones y diversas formas de violencia sexual. También en 2001, Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial para Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer con inclusión de causas y consecuencias, visitó Colombia en misión oficial y dejó registrado los abusos de que son objeto las mujeres.

Tales fueron los antecedentes que llevaron a Amnistía Internacional a iniciar un trabajo de campo que le llevó directamente hasta las afectadas, a escuchar a organismos de derechos humanos y a representantes del gobierno de Colombia, comentó en entrevista para Cimacnoticias, Giulia Tamayo, responsable del Departamento de Campañas e investigación.

Giulia Tamayo se desplazó a diferentes escenarios del conflicto armado colombiano y pudo comprobar, según sus palabras, el miedo que tanto paramilitares, ejército y guerrilla han logrado imprimir en la población. “Violar a una mujer frente a toda su comunidad es decirle a los hombres del bando contrario que no saben cuidar de sus mujeres”, dijo.

“La violencia sexual es una estrategia de guerra puesto que cumple una función”, argumenta la defensora de los Derechos Humanos. Ella recuerda que después que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonaran la zona de despeje (gobierno de Pastrana), llegaron al territorio el ejército y los paramilitares, los que dejaron marcas en el rostro de las mujeres.

“Dejaron cortes en el rostro por sospechar de una relación afectiva, ser hermana, novia de algún guerrillero. Y en Medellín –segunda ciudad– marcaron con las letras AUC (Autodefensas Unidas de Colombia –paramilitares–). En esta misma ciudad y en Cartagena, si las chicas mostraban el ombligo las marcaban con ácido”, puntualiza la investigadora de AI.

Según Giulia, el paramilitarismo se consolida durante el gobierno del presidente Uribe. Ellos controlan recursos económicos, pueblos, mecanismos del estado, la calle…”

Para subrayar el miedo que se vive en este país latinoamericano comentó que los testimonios presentados a AI no habían sido denunciados ante una autoridad. “En el caso de la violencia sexual existe un silencio absoluto”.

Giulia Tamayo, tras la pregunta de Cimacnoticias sobre la similitud que encuentra entre el feminicidio en México y Guatemala con los casos que hoy denuncia AI sobre las mujeres en Colombia, puntualizó que “su raíz es un profundo desprecio hacia las mujeres, utilización, carga de sexismo extremo que se nutre de la misma forma que la homofobia”.

Y si el informe de AI ha creado impacto, fue mayor con la presencia en Madrid en una conferencia de la bacterióloga colombiana Rina Bolaños, la primera mujer que dio la cara a los medios de comunicación en Colombia para denunciar la violencia sexual al ser secuestrada y violada por un comandante de las FARC.

Después de quedar en libertad y presentar su denuncia, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos le prometió protección, pero luego fue secuestrada por los organismos de seguridad que la acusaron de pertenecer a la guerrilla mientras que el violador se reinsertaba y daba declaraciones falsas.

Ella quedó nuevamente en libertad y ante las diferentes amenazas se encuentra protegida en España.