(Mujereshoy) Con el lema “No a la impunidad en México”, la Red Feminista contra la Violencia de Género (España) comenzó la recolección de firmas a través de su página web para pedir al gobierno mexicano que garantice la seguridad de Lydia Cacho y del equipo del Centro Integral de Atención a la Mujer de Cancún (CIAM).

La activista ha recibido amenazas de muerte por haber apoyado la denuncia contra la banda de corrupción de menores encabezada por el empresario de origen libanés Jean Succar Kuri.

La Red Feminista contra la Violencia de Género está integrada por 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas.

Como parte de la campaña ha colocado en su página electrónica (www.redfeminista.org) la entrevista de la activista con La Jornada (13/02/05), en la que Cacho denuncia el papel de “complicidad” de las autoridades estatales y federales de México en las amenazas que ella y su equipo recibieron. Las presiones comenzaron una vez que la red ofreció protección a un grupo de niñas y mujeres víctimas de Succar.

La Red está pidiendo a todas las redes y organizaciones de mujeres a firmar en su página web la petición que será enviada a las autoridades mexicanas para que éstas den protección a Lydia y al equipo de CIAM. En los próximos días, una delegación de mujeres entregará las firmas en la embajada de México en Madrid.

Reseña de Lydia Cacho

Lydia Cacho es una respetada periodista que desde hace muchos años ha centrado su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres. Además de su trabajo como escritora y periodista, es cofundadora del primer albergue para personas que viven con VIH-Sida (1998) y del Centro Integral de Atención a Mujeres CIAM (2002) en Cancún, que ahora dirige.

Desde este Centro Integral de Atención a las Mujeres que acoge a mujeres y niñas víctimas de violencia de género se inició en octubre del 2003 la denuncia pública de una banda internacional de corrupción de menores y pornografía infantil, encabezada por el empresario libanés nacionalizado mexicano Jean Succar Kuri, actualmente detenido en Arizona (EEUU) y en proceso de extradición a México para ser juzgado por tales delitos.

El CIAM dio protección a un grupo de niñas y adultas traficadas por esta red en la que estarían involucrados conocidos políticos y hombres de las finanzas mexicanos. El organismo ha promovido la exigencia de que los traficantes sean juzgados.

Ex agentes de la policía municipal la visitaron para avisarle que ella y la abogada del centro, Verónica Acacio, estaban incluidas en una lista de personas que Succar Kuri había mandado a asesinar.

A las amenazas de Succar Kuri y su entorno se suma la de José Ramón Hernández, ex agente del Cuerpo Especial Antisecuestros de Torreón, Coahuila, quien se ha presentado en reiteradas ocasiones en el CIAM armado amenazando de muerte a Lydia Cacho. A pesar de las siete denuncias interpuestas a las autoridades, este sujeto no ha sido encausado ni detenido.

La Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) han enviado cartas al gobierno mexicano solicitando su intervención urgente para proteger la integridad de esta activista y el equipo del centro formado por 40 personas.