Una investigación que pone de manifiesto la concurrencia de causas para que una mujer esté en riesgo de ser una víctima, sobreviviente o no, de la violencia masculina, fue lanzada en República Dominicana por el Programa de Violencia Basada en el Género, de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, Profamilia.

(Mujereshoy) Presentado en la ciudad de Santiago, el estudio Violencia conyugal en la República Dominicana: Hurgando tras sus raíces, considera 14 características, analizadas de forma conjunta, para llegar a conclusiones sorprendentes y, al mismo tiempo, predecibles.

En un artículo sobre el estudio, la abogada dominicana Susi Pola llama la atención acerca del incremento del número y tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres, la ampliación de esta violencia a las hijas –más que a los hijos– y al aumento de suicidios de los feminicidas, es decir, aquellos hombres que matan a sus parejas mujeres.

Los hallazgos de la investigación establecen que, independientemente de las circunstancias que rodeen a la mujer dominicana, el hecho de ser agredida físicamente por quien es o fue su compañero, depende del lugar donde reside en el territorio nacional, de sus años de escolaridad, de su religión, de su trabajo u ocupación, de los niveles de información que posee, de su edad y su estado conyugal. Además, a estas características se suman la ocupación del agresor masculino, su escolaridad, su ocupación y la ingesta de bebidas alcohólicas, para determinar la posibilidad del hecho violento.

De acuerdo al estudio, a cargo del doctor Frank Cáceres y de la licenciada Germania Estévez, las mujeres dominicanas más propensas a recibir maltratos físicos, en primer lugar, son las que viven en el Distrito Nacional y en la Provincia de Santo Domingo, seguidas por las que residen en el Nordeste y Enriquillo y, en tercer lugar, las que se ubican en la región Norcentral, Este, El Valle y el Cibao Central.

También sufren más violencia las que viven en ciudades, las trabajadoras de servicios, trabajadoras manuales y trabajadoras en servicios domésticos, las que tienen menos de 12 años de estudios, las menos informadas, las que pertenecen a religiones otras que la católica, las adultas jóvenes de entre 20 y 34 años, las separadas y divorciadas, seguidas por las unidas consensualmente y las esposas o ex esposas de trabajadores del comercio o trabajadores manuales, de hombres con menos de seis años de estudios y de consumidores de alcohol.

Estos datos, señala Susi Pola, constituyen un aporte de gran importancia para establecer, con mayor seguridad, direcciones en las acciones. Por ejemplo, es urgente y necesario trabajar con la gente joven, tanto hombres como mujeres, puesto que es el segmento etario más expuesto de la población, tanto en el rol de agresores como en el de agredidas. Hay que establecer programas de prevención y atención, en primer lugar, en las regiones de riesgo. Las religiones tienen que replantearse el concepto de un Dios castigador hacia mejores cualidades de amor.

La escolaridad y las currículas escolares deben dirigirse a desmontar los patrones masculinos de control y poder. El Estado debe intervenir en las costumbres del consumo de alcohol de la población dominicana y buscar la manera de racionalizar y limitar su venta y circulación, como han hecho otros países.

La abogada indica que el estudio es un gran aporte de Profamilia, a través de su Programa de Violencia Basada en el Género, para facilitar la planificación de un sistema de prevención y atención lo más realista posible.

Finalmente, la profesional señala que en un país pobremente equipado para estas cosas, pero que hace gala de gran despilfarro para otras, un estudio de esta magnitud debe apreciarse para invertir recursos, pero que tales recursos deben invertirse en la gente.