(Mhoy) La organización Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba rechazó hoy la suspensión, provisoria, al menos, de la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, catalogando el hecho como un atentado a los derechos humanos de las mujeres.

Todo comenzó cuando la organización no gubernamental (ONG) Mujeres por la Vida (filial Córdoba), vinculada a la Iglesia Católica, logró esta semana que la jueza federal de Córdoba, Cristiana Garzón de Lascano, diera lugar a un recurso de amparo para suspender la aplicación de la ley de salud sexual y procreación responsable en “todo el territorio nacional”. Mujeres por la Vida fundamentó su pedido al subrayar que la norma vulnera “derechos de rango constitucional”.

La medida implica que el Estado nacional, a través del Ministerio de Salud y Acción Social, deberá “abstenerse de ejecutar” dicho programa, incluso en lo concerniente a la reglamentación –todavía en preparación–, la capacitación de agentes sanitarios, la difusión y, sobre todo, disponer del dinero previsto en el presupuesto nacional para tal fin.

La ley 25.673, promulgada en agosto de 2002 por el Ministerio de Salud, se encuentra todavía en etapa de reglamentación y debería regir a partir de abril próximo. Esta ley de salud reproductiva favorece la igualdad ante la ley de las mujeres pobres ya que obliga al Estado a proveer anticonceptivos en los hospitales públicos cuando las mujeres y las parejas los soliciten con la recomendación médica correspondiente.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud adelantaron que la información sobre la suspensión de la ley es inexacta “porque la jueza sacó una medida preventiva de no innovar, y nosotros presentamos una apelación y una recusación de la magistrada, por lo que la ley sigue en pie”.

No obstante, la organización Católicas por el Derecho a Decidir reaccionó rápidamente por la confusión que esta noticia provocó en todo el país. Dijo que “Es urgente que desde diferentes ámbitos se promueva la separación Iglesia-Estado y se trabaje para erradicar la doble moral que existe en nuestras sociedades. El laicismo es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos en una sociedad diversa y plural. Las creencias religiosas no pueden influir la labor pública ni los fallos de la justicia”.

Agrega que “esta sorpresiva suspensión atenta contra la capacidad moral de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida, su sexualidad y si quieren o no tener hijos. El derecho a decidir sólo puede ser realidad cuando hay diferentes opciones. Limitar las opciones en materia de anticoncepción es un atentado a los derechos humanos”.

Si el Programa de Salud Reproductiva se suspende, prosigue la organización Católicas por el Derecho a Decidir, “la única opción para las mujeres pobres es el aborto clandestino. ¿Es así como se defiende la vida?”

Por otra parte, diversas organizaciones de mujeres que apoyan el Programa de Salud Reproductiva tendrán una reunión hoy miércoles para decidir sobre los pasos a seguir.