(Mujereshoy) Diversos sectores guatemaltecos expresaron ayer su satisfacción por la primera condena judicial por discriminación racial en Guatemala en contra de los agresores de la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú.

“La sentencia no es suficiente para desterrar la discriminación racial, pero creo que ha abierto un espacio para la reflexión, porque a partir de ahora la gente que acostumbra discriminar a los indígenas por considerarse superior a éstos, va a pensar sus palabras antes de expresarlas”, dijo Benito Morales, abogado indígena que representó a Menchú en el proceso judicial.

Cinco seguidores del general golpista José Efraín Ríos Montt fueron condenados el lunes por un tribunal penal, a purgar una pena de tres años y dos meses de prisión conmutable, por haber agredido con insultos racistas a la Premio Nobel, en octubre del 2003 en la sede de la Corte de Constitucionalidad.

Los condenados, entre ellos Juan Carlos Ríos, nieto de Ríos Montt, así como la diputada al Parlamento Centroamericano, Ana Cristina López, y otras tres mujeres, podrán conmutar la pena de prisión al pagar $US 9.86 por cada uno de los 1.115 días a que fueron condenados.

“Al impulsar este juicio no pretendíamos que los acusados se fueran años a la cárcel, sino sentar un precedente jurídico y social para que las actitudes de las personas racistas empiecen a cambiar”, subrayó el abogado.

El coordinador de la recientemente creada Comisión Presidencial para la Prevención del Racismo y la Discriminación, Ricardo Cajas, aseguró que este fallo “ha sentado un precedente no sólo en Guatemala, sino también en América Latina, ya que nunca antes se había llevado ante la justicia un caso de discriminación racial en el subcontinente”.

El funcionario consideró que “se ha dado un paso importante y valioso” en la lucha en contra de la discriminación racial de que son víctimas los indígenas guatemaltecos.

Sin embargo, anotó, “a la par de las acciones judiciales también debemos impulsar reformas estructurales en el Estado, en la familia, en la sociedad, para ponerle fin a este flagelo”.

Por su parte, el portavoz del no gubernamental Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Miguel Ángel Alvizures, dijo que el fallo del tribunal “constituye una valiosa lección para la sociedad guatemalteca, principalmente para aquellos que de forma cotidiana atentan contra la dignidad de sus semejantes”.