(Mujereshoy) El aborto está castigado penalmente en Colombia con penas de entre uno y tres años de prisión. Está incluido en los delitos contra la vida y la integridad personal después del genocidio o el homicidio. Incluso en los casos más extremos, sería castigado si el embarazo se interrumpe por una violación.

Y para conseguir liberalizar esta ley, una ciudadana colombiana, la abogada Mónica Roa, solicitó el 14 de abril de 2005 la despenalización del aborto en tres casos específicos, fundamentándose en argumentos de Derechos Humanos internacionales: cuando la vida de la mujer o su salud está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.

Se trata de la primera vez que se alega la inconstitucionalidad de la ley. Colombia ha ratificado varios tratados internacionales de Derechos Humanos, incluyendo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, cuyos comités de control han recomendado a Bogotá que despenalice el aborto en los casos más extremos.

“La posibilidad de un cambio en la ley de aborto es mucho mayor ahora que en ningún otro momento en la historia de Colombia. El precedente legal, el derecho internacional y las actitudes de la sociedad hacia el tema del aborto, todos parecen estar a favor de despenalizar la ley para poder proteger el derecho a la vida de las mujeres en Colombia”, aseguró Roa.

Para declarar inconstitucional la ley del aborto, el Tribunal necesita una mayoría simple, cinco de nueve votos. La composición de la Corte incluye la primera magistrada de la Corte y otros magistrados que en años recientes han publicado en aclaraciones de voto declaraciones contra la criminalización total del aborto. Es probable que la Corte Constitucional tarde entre cuatro y seis meses en dictar una decisión.

La abogada señaló que el alto número de abortos clandestinos y la muerte materna que provoca son razones suficientes para pedir la despenalización del aborto.

Roa sostuvo que el precedente legal, el derecho internacional y las actitudes de la sociedad hacia el aborto, están en favor de las mujeres colombianas, que por años han tenido que sacrificar su derecho a la vida, a la integridad, a la igualdad y la dignidad.

La demanda interpuesta pide a la Corte aplicar los lineamentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyo valor ha reconocido en muchas de sus decisiones, pero que nunca ha usado para analizar el tema del aborto.

Con este compromiso adquirido frente a la comunidad internacional, el Estado colombiano tendría que acoger las recomendaciones de liberalizar la ley sobre el aborto, permitiendo su aplicación en casos extremos.

Por otro lado, la sociedad colombiana también parece preparada para un cambio en la ley. Según una encuesta realizada a hombres y mujeres que se declaran católicos, un 73 por ciento aprueba el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro; un 65 por ciento, cuando la salud de la mujer está en peligro; un 61 por ciento, cuando el feto cuenta defectos congénitos graves, físicos o mentales y un 52 por ciento, si fuese por una violación.

Sólo 0,4 por ciento de la población mundial vive en países en donde el aborto está totalmente prohibido. Colombia es uno de ellos. A nivel mundial incluso países de tradición católica como Italia, Polonia y España, cuentan con leyes mucho más liberales que la colombiana.

En América Latina, Colombia, Chile y El Salvador son los países con la legislación más restrictiva, sin embargo, en este país el aborto es la tercera causa de mortalidad materna; 24 por ciento de todos los embarazos terminan en aborto y cerca de 30 por ciento de las mujeres que tienen un aborto, sufren complicaciones.