(Mujereshoy) A raíz de las movilizaciones populares en el Ecuador (“Rebelión de l@s forajid@s”) que terminaron con la destitución del presidente Lucio Gutiérrez, se han conformado, sobre todo en la ciudad de Quito, numerosas asambleas populares que están debatiendo sobre la manera de refundar el Estado, que fue el mandato de la protesta. A continuación, el texto del Manifiesto de la Asamblea de Mujeres de Quito y sus exigencias hacia el nuevo gobierno.


Pronunciamiento de una Asamblea de Mujeres


En la rebelión “Forajida” de Quito las mujeres fuimos protagonistas. Estuvimos en las calles, desde nuestra diversidad y junto a la pluralidad del conjunto de participantes. Nos impulsó la necesidad básica de recuperar la dignidad, el compromiso ciudadano con la democracia, el anhelo de cambios profundos para nosotras y para el país todo.

Sin embargo, vemos con indignación que en los primeros nombramientos realizados por el nuevo Gobierno, hay una ausencia generalizada de mujeres. Exigimos que, en la terna que envíe el Presidente para la designación de Vicepresidente/a, se incluya al menos dos nombres de mujeres capaces, probas e identificadas con los anhelos de cambio de las ecuatorianas y ecuatorianos.

Las mujeres estamos en pie, como actoras políticas y como vigilantes del proceso iniciado en estos días decisivos para el presente y futuro. Nos hemos constituido en Asamblea permanente, como espacio de participación que recoge la amplitud del movimiento de mujeres, sus necesidades y demandas; y se alimenta y crece con nuevas presencias.

En este escenario de cambios, cuyo rumbo depende de la continuidad de la movilización ciudadana para impedir que el poder tradicional se recomponga en la misma forma en que lo ha hecho en ocasiones anteriores, las mujeres hacemos estas primeras exigencias:

• No a la impunidad: Los delitos cometidos por el gobierno de Gutiérrez: desvío de fondos públicos, nepotismo, atropellos a los derechos humanos: a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de agrupación y circulación y la represión con tentativa de asesinato de estos últimos días, así como los negocios de los distintos ministerios y los innumerables actos inconstitucionales que han marcado este nefasto período, deben ser investigados y auditados –con control y veeduría ciudadana– en todas sus implicaciones, ampliamente difundidos y sancionados por las vías legales. No permitiremos que se reediten situaciones de impunidad.

• Ampliación de la democracia como base de los cambios institucionales: el mandato de “refundación del Estado” implica cambios profundos, que deben nacer de la voluntad de la ciudadanía que incluye paritariamente a las mujeres, por lo que, el sistema de representación y la reestructuración de instituciones claves como la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Ministerio Fiscal, Contraloría General del Estado, Tribunal Supremo Electoral y Defensoría del Pueblo, deben reconstruirse a partir de una consulta popular que excluya la eterna componenda partidista. El Congreso Nacional, debe por lo tanto, inhibirse de resolver sobre estos temas y el Presidente debe convocarla lo antes posible.

• La actuación de todas estas instituciones públicas deben además someterse también a investigación y escrutinio público.

• Políticas soberanas y democráticas: demandamos la urgente reorientación de políticas relacionadas con:

o Redistribución de la riqueza social para mejorar las condiciones de salud, educación, seguridad y bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas.

o Defensa del estado laico: no intervención de las iglesias en los asuntos del estado y sus políticas públicas.

o Deuda externa: Los recursos deben destinarse al pago de la deuda social, especialmente con las mujeres.

o TLC con USA: deben suspenderse las negociaciones y someter a consulta popular su definición, previa una información adecuada a las ecuatorianas y ecuatorianos.

o Política Internacional: recuperación de soberanía, no involucramiento en el Plan Colombia y revisión del convenio de la Base de Manta. De especial importancia es romper el sometimiento a políticas de interés estadounidense.

• Vigencia plena de nuestros derechos constitucionales: exigimos al gobierno de transición y a todas las funciones del Estado, que coloquen como base de sus políticas, la garantía y desarrollo de derechos de las mujeres consagrados en la Constitución, especialmente:

Art. 23. Integridad personal y vida libre de violencia. No discriminación por razón de sexo y orientación sexual. Derecho a una calidad de vida que asegure salud, educación, acceso a todos los servicios sociales; derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual.

Art. 34. Igualdad de acceso a los recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas.

Art. 36. Igualdad en el trabajo remunerado. Respeto a los derechos laborales y reproductivos. Acceso a la seguridad social. Reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado en la familia, como labor productiva.

Art. 39. Derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan educar.

Art. 43. Derecho a la educación alimentaria y nutricional de madres y niños y a la salud sexual y reproductiva, dentro de lo cual se incluye la aplicación irrestricta de la Ley de Maternidad Gratuita.

Art. 102. Participación equitativa en instancias públicas y políticas.

Art. 254. En la planificación económica y social: Se tendrán en cuenta las diversidades de edad, étnico culturales, locales y regionales y se incorporará el enfoque de género.

Estos derechos deberán fortalecerse y ampliarse en la nueva estructura del Estado. Además exigimos el apoyo para la plena aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades aprobado recientemente por el CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres.)

• Participación equitativa de las mujeres en el nuevo gobierno: nuestro protagonismo social y político –confirmado en las jornadas de Quito– y nuestros derechos ciudadanos, no pueden seguir siendo minimizados en las esferas de poder y representación. En este gobierno de transición reclamamos una significativa presencia de mujeres, en el Poder Ejecutivo y en las diferentes instancias del Estado, lo que será señal de inclusión democrática y respeto a la Constitución (Art. 102) y otras leyes vigentes, como la Ley de Amparo Laboral.


Firman representantes de organizaciones de mujeres y mujeres a título individual:

Stella Castro, Cooperativa Tarpuy Llacta
Rosario Gómez Santos, Casa Matilde
Martha García, Casa Matilde
Solanda Goyes Quelal, FEQ
Alexandra Andrade, FEQ
Janeth Santamaría, FEQ
Virgina Gómez, CEPAM
Angelita Zavala, Barrio El Tránsito
Cecilia Vélez, Aliméntate Ecuador
Mónica Dávila, Jachigua
Jenny Londoño, CPME
Salomé Martínez, CPME
Liliana Durán, Foro Permanente de la Mujer
Susana Torres, CPME Quito
Margarita Carranco, Municipio de Quito
Beatriz Jaramillo, STFS
Cecilia Puente, STFS
Pamela Quishpe, Coordinadora Política Juvenil
Yolanda Paspuezán, Coordinadora Política Juvenil
Julieta Logroño, CONFEMEC
Cecilia Jaramillo, CONFEMEC
Matilde Bastidas, Fundación de la Mujer
Ana Abril
Silvia Vega
Lola Valladares Tayupanta
Viviana Maldonado
Patricia Sarsoza
Pilar Troya Fernández
Patricia Palacios J.
Alexandra Moncada
Daniela Fuentes
Nelly Palacios
Norma Mesa
Inés Quishpe

Quito, 21 de abril del 2005.