Los padres de la niña nicaragüense violada y embarazada en Costa Rica se declararon este miércoles dispuestos a salir del país para practicarle un aborto, agobiados por la espera del dictamen de cinco médicos.

La niña, de 9 años y con unas 12 semanas de gestación, fue violada en una finca costarricense meses atrás, cuando ayudaba a sus padres a recoger café, y luego de ser examinada en dos hospitales, se le detectó el embarazo y dos enfermedades venéreas.

La comisión de tres médicos del Ministerio de Salud (MINSA) y dos privados la examinó en el hospital infantil Fernando Vélez Paíz, de Managua, pero su dictamen -vital para cumplir con la ley y decidir el aborto- no será conocido sino hasta mañana, jueves.

El procurador especial de la niñez, Carlos Emilio López, pidió al MINSA días atrás formar una comisión de tres facultativos para que establezcan si su vida corre riesgo por el embarazo, y proceder al aborto, si ese es el caso.

La ley nicaragüense prohíbe el aborto, excepto cuando hay riesgo de muerte de la mujer, a la que se le permite abortar si ese peligro lo determinan de forma oficial una junta de al menos tres médicos.

Los padres de la menor, los campesinos Francisco Fletes y Rosa Reyes, comparecieron este miércoles ante la prensa, constantemente interrumpidos por la Red de Mujeres Contra la Violencia, ante preguntas "con morbo".

Con lágrimas en los ojos, Reyes afirmó a la prensa local que "lo que queremos es que se respete nuestra opinión, y que el MINSA nos dé una solución para nuestra hija".

Sobre las declaraciones del cardenal nicaragüense, Miguel Obando, en el sentido de salvar la vida de la madre y la del bebé, Fletes apuntó que "no me importa lo que dice la Iglesia Católica; no debe meterse".

Fletes pidió que se aplique la pena máxima al costarricense de 20 años sospechoso de la violación, a quien los tribunales de Costa Rica dictaron prisión preventiva como presunto responsable del hecho.