(Mujereshoy) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que América Latina y el Caribe “sigue siendo la región más inequitativa del mundo” a pesar de haber registrado algunos adelantos en materia social. Casi la mitad de la población latinoamericana es pobre, y una quinta parte padece hambre.

Ante este panorama, el organismo considera necesario impulsar un “pacto fiscal” que asegure el uso eficiente de los recursos del Estado; pero además, apela a los países desarrollados a que reduzcan los subsidios a la producción agrícola, se disminuyan los aranceles máximos y se desmantele la engorrosa estructura de protecciones de diversa índole para que estas naciones puedan acceder a sus mercados.

Si los países desarrollados hicieran una liberalización completa de sus barreras comerciales, los países en desarrollo podrían obtener ganancias del orden de los 75 mil millones de dólares anuales, de los cuales 31 mil millones corresponderían a la intensificación del comercio agrícola, señala el organismo.

Lo anterior forma parte de las conclusiones del informe Objetivos del desarrollo del milenio, una mirada desde América Latina y el Caribe que este lunes se presentó al gobierno de México, como una evaluación previa a la reunión mundial de balance sobre el cumplimiento de las llamadas Metas del Milenio, que tendrá lugar el mes próximo en Nueva York, sede de la ONU.

En el documento, México destaca como uno de los países con mayor cantidad de población sin acceso suficiente a los alimentos, igual que Brasil, Colombia, Venezuela y Haití.

Para la ONU esta situación es de especial preocupación dados los niveles de crecimiento poblacional en estas naciones, pues se estima que bajo esas condiciones, para el año 2015 (plazo definido para erradicar este problema) habrá más de 40 millones de latinoamericanos subnutridos.

De igual forma, México ha tenido problemas para disminuir la cantidad de pobres extremos en comparación con Chile, Brasil y Uruguay, y registra los porcentajes más elevados en disminución de este flagelo, aunque se estima que en la próxima década México podría lograr la meta.

La elaboración de este informe estuvo a cargo de las agencias de la ONU vinculadas a los temas de pobreza, salud, educación, medio ambiente y mujeres. Además, se incluyeron las organizaciones Internacional del Trabajo y Panamericana de la Salud, todas coordinadas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

El análisis señala que “la región ha sido incapaz de reducir la desigualdad en la distribución del ingreso y en acceso a activos productivos por causa de las bajas tasas de crecimiento en periodos largos”, lo cual se ha visto agravado por falta de empleos que permitan a los trabajadores liberarse del flagelo de la pobreza.

Es imperactivo entonces, señala, ocuparse de estos factores porque existe una muy alta probabilidad de que la progenitura de las personas en condición de pobreza no consigan empleo de calidad y permanezcan en tal situación al llegar a la vida adulta, generando entonces un círculo vicioso de la pobreza.

Indica, además, que otro problema común en la región es el bajo nivel de ingresos, lo cual impide ahorrar y con ello los recursos que los gobiernos requieren para realizar inversiones que permitan elevar la productividad.

Estos vicios advierte pueden dar lugar a problemas de ingobernabilidad que pueden subyugar a muchos países en la de por sí deteriorada situación en que se encuentran.

La ONU plantea la necesidad de que los países de la región deben hacer un gran esfuerzo interno para cumplir los objetivos del desarrollo del milenio. Entre otras cosas, dice que es indispensable que lleguen a un consenso sobre un verdadero pacto fiscal que asegure el uso eficiente de los recursos del Estado, la transparencia en su manejo, una clara rendición de cuentas y una mayor disponibilidad de fondos para que el fisco pueda cumplir con las nuevas demandas de acción.

Para la ONU, además de la reducción en la pobreza y el hambre, urge en el corto plazo invertir en capital humano mediante programas sociales como las transferencias monetarias condicionadas para asegurar la atención de la salud y la asistencia escolar en el nivel primario y secundario (condiciones que cubre el programa mexicano Oportunidades); y los programas de alimentación escolar, nutrición y atención médica preventiva, especialmente a embarazadas y recién nacidos.