El feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua va más allá de soluciones mediáticas, como la imposición de la cadena perpetua cuando se trate de homicidio doloso y secuestro en agravio de mujeres y menores de edad, opinaron representantes de organizaciones civiles. ¿A quién se le va aplicar la cadena perpetua si no hay detenidos?, preguntaron.

(Mujereshoy) Diversas reacciones ha provocado la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, de declarar constitucional la cadena perpetua en los casos de homicidio doloso y secuestro en agravio de mujeres y menores de edad, lo que en la práctica se podría aplicar a los responsables de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Pero muchas organizaciones de mujeres se preguntan: ¿A quién se le va aplicar la cadena perpetua si no hay detenidos?

Marisela Ortiz, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que esta decisión de la Corte Suprema no dará solución a los asesinatos de mujeres, niñas y niños en Ciudad Juárez y Chihuahua.

En entrevista vía telefónica, Ortiz afirmó que esta medida “se suma a uno más de los 40 compromisos que ofreció el gobierno federal para erradicar el problema del feminicidio; por eso ni nos emociona y mucho menos nos impacta”.

Por su parte, Esther Chávez, directora de la organización Casa Amiga, calificó como “muy lamentable” el que una minoría de diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua haya presentado la controversia a la Corte, cuyo fallo fue en favor de la constitucionalidad de la cadena perpetua, “sin tomar, como es su costumbre, la opinión de las organizaciones. Ellos votan lo que se les ocurre sin ver la realidad en que vivimos”.

Hizo hincapié en que la cadena perpetua no va a reducir el feminicidio si no se cuenta con un sistema de justicia efectivo, autoridades incorruptibles, jueces que sepan hacer su trabajo y, sobre todo, el apego al estado de Derecho. “Con esa decisión –agregó– lo único que pasará es que buscarán crear chivos expiatorios o culpables fabricados bajo tortura”.

Recordó que su organización cuenta con la orden de aprehensión que se libró desde hace más de cuatro años en contra del violador de varias niñas, José Saldívar, de origen estadounidense, y a la fecha se desconoce por qué no se ha procedido en su contra. “Por ello, este tipo de acciones nos descontrolan, nos enojan y nos hacen pensar que la justicia es un juego, porque ¿cuántas más habrá violado? y la justicia bien, gracias”.

Sobre el tema habló también Silvia Solís Hernández, del Comité de la Campaña contra el Feminicidio y la Impunidad en Ciudad Juárez y Chihuahua, quien criticó la insistencia de darle vueltas a la solución de los más de 400 crímenes ocurridos desde hace más de una década en el estado –22 en lo que va del año, tres de ellos en contra de niñas–, cuando bien podrían “entrarle” de una vez por todas a la solución del problema.

“No se por qué la insistencia de impulsar medidas impactantes cuando el problema tiene sus raíces en la impunidad y en la falta de una efectiva procuración de justicia”, anotó la también integrante de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en México, radicada en el Distrito Federal.

Respecto al debate suscitado por los ministros que votaron en contra, quienes consideraron que el fallo es discriminatorio al imponer sanciones para un mismo delito –es decir, cadena perpetua únicamente para los homicidios de mujeres, niñas y niños, no así cuando se trate de hombres– Solís Hernández puntualizó:

“Se ha reconocido incluso que las cifras de asesinatos contra varones superan las de mujeres y niñas; no obstante, habrá que aclarar que muchas tienen que ver con ejecuciones relacionadas con problemas de narcotráfico y problemas de violencia cotidiana y, en el caso de la población femenina y de las y los infantes, está claro que las asesinan por el solo hecho de ser mujeres, y ello va más allá del asunto de la victimización”.